Renegociación del TLCAN: Las grandes corporaciones lo quieren todo

Publicado el julio 23, 2017, Bajo Columna de opinión, Autor LluviadeCafe.


PROCESO
Emilio Godoy
Mayor protección a la propiedad intelectual, fomento a los transgénicos, apertura total en materia de energía y tribunales supranacionales favorables a las corporaciones son algunos de los temas que las grandes empresas trasnacionales quieren incluir en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Esos temas han sido propuestos por las grandes compañías manufactureras, del petróleo, gas, carbón, informáticas, internet y por las cámaras empresariales en la consulta pública que la estadunidense Oficina del Representante Comercial (USTR) organizó del 23 de mayo al 12 de junio y que captó más de 11 mil posturas de individuos, académicos, corporaciones, organizaciones ambientalistas y sindicatos sobre 17 asuntos ligados con el TLCAN.

Además, el 27 de junio se llevó a cabo una prolongada audiencia sobre esos temas en la sede de la Comisión Internacional de Comercio, en Washington, a la cual acudieron representantes de esas compañías y organizaciones para plantear sus posiciones.

En esencia proponen el trasvase a la nueva versión del TLCAN del polémico y hasta ahora fallido Acuerdo Transpacífico de Asociación para la Cooperación Económica (TPP).

Por ejemplo, John Murphy, vicepresidente senior para Política Internacional de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, pidió en su propuesta ante la USTR que el acuerdo garantice que el comercio de hidrocarburos, incluyendo gas natural, petróleo crudo y productos refinados, no será limitado por cuotas o tarifas de exportación o importación.

“Los socios deben acordar la facilitación del desarrollo de interconexiones trasfronterizas seguras para electricidad e hidrocarburos”, para los cuales el TLCAN debe respaldar regulaciones basadas en “las mejores prácticas disponibles”, una referencia indirecta al empleo de la fractura hidráulica –fracking–, técnica usada para extraer gas de esquisto o shale de rocas a gran profundidad y que requiere la inyección de masivos volúmenes de agua y químicos.

La Cámara de Comercio, que agrupa más de 3 millones de empresas de todos los tamaños y sectores, ha sido señalada por privilegiar los intereses de las empresas petroleras y farmacéuticas.

Otro grupo de presión, el Instituto Estadunidense del Petróleo (API), externó ante la oficina comercial su respaldo a la apertura total del mercado de los hidrocarburos.

El 12 de junio, Kyle Isakower, vicepresidente de Política Económica y Regulatoria del API, envió a la USTR una carta en la que pide la liberalización automática de las exportaciones de gas natural a Canadá y México.

“La alta integración e interdependencia energética de América del Norte favorece a Estados Unidos, al expandir el tamaño del mercado, y fortifica su seguridad energética, al darle un mercado de exportación”, argumenta el grupo, que aglutina a petroleras como ExxonMobil, BP, Chevron y Total.­

El TLCAN le permite a las empresas de Estados Unidos competir y ganar subastas de petróleo y gas natural en México, al que ha convertido en un mercado de exportación clave para gas natural y productos refinados. El tratado, asegura, apuntala y facilita a las empresas de Estados Unidos y miembros del API el acceso al nuevo mercado mexicano de hidrocarburos.

La reforma energética activó una cláusula especial del TLCAN que permite el mismo trato a los inversionistas estadunidenses que a los mexicanos para el acceso al mercado nacional, lo cual otorga a las compañías estadunidenses “una ventaja competitiva”.

Vía gasoductos, Estados Unidos vende a México mil 360 millones de pies cúbicos de gas diarios, su mayor comprador. Además, envía 270 millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado, su segundo mayor destino después de Chile, y 879 mil barriles diarios de productos refinados, 19% de las exportaciones estadunidenses.

Chevron tampoco se quedó atrás en sus demandas. En su planteamiento del 14 de junio, Maria Pica Karp, vicepresidente y gerente general de Asuntos Gubernamentales de la petrolera, solicitó mantener la apertura en el nuevo acuerdo y la liberalización comercial para el gas natural, acceso a mercados y protección a la inversión.

Por su parte, Jeffrey Donald, vicepresidente senior del Consejo de Negocios para el Entendimiento Internacional (BCIU) –que agrupa a empresas como la acerera Alcoa, Citi, Coca-Cola y la farmacéutica Pfizer–, demandó el 17 de junio políticas sobre inversión en el sector energético y el libre flujo de electricidad, petróleo, gas, derivados y petroquímicos.

La conservadora Fundación Heritage también se manifestó por abrir el mercado energético estadunidense. En una misiva que envió a la USTR el 13 de junio, Bryan Riley, analista de políticas de esa organización, sugiere mantener la apertura al capital privado de los segmentos petrolero, gasero y eléctrico en la nueva versión del TLCAN.

Mientras el gobierno de Estados Unidos lleva a cabo las consultas públicas, la Secretaría de Economía de México apenas creó el pasado 26 de junio una página web para recibir comentarios durante un plazo de un mes, pero sin claridad sobre su apertura al público. Previamente, el gobierno sostuvo consultas entre el 1 de febrero y el 3 de mayo con las cámaras empresariales, sin acercamientos con la sociedad civil.

Las corporaciones también buscan mayores cláusulas de protección de la propiedad intelectual.

Ray McAllister, director de Política Regulatoria de CropLife America, urgió el 12 de junio a México a cumplir con su obligación bajo el TLCAN de reconocer 10 años de protección a los datos que respaldan el registro de pesticidas, y solicitó a Estados Unidos privilegiar el tema.

Esta organización, que aglutina a Bayer, Dow, DuPont, Monsanto y Syngenta, pide también una mayor armonización de los requerimientos de datos para el registro de pesticidas y “enfoques innovadores” para establecer niveles máximos de residuos para agrotóxicos en alimentos importados; es decir, regulaciones más laxas con el propósito de que no se obstruya el flujo de productos agrícolas.

La Cámara de Comercio señala que México no ha aplicado completamente las provisiones de protección de datos relativos a productos farmacéuticos y no cumple con el estándar de la ley estadunidense de 12 años de protección para los datos de productos biológicos, por lo cual recomienda lapsos de protección para compensar la pérdida de patentes y retrasos en su aprobación.

El BCIU plantea salvaguardias y mayor fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual.

La Mesa de Negocios, una asociación que incluye a empresas como Bayer, Apple, AT&T, Anadarko Petroleum, American Airlines, 21st. Century Fox, Boeing, Cisco, Coca-Cola y Honeywell, reclamó el 12 de junio fortalecer el resguardo de la propiedad intelectual.

El sector agrícola también pide ampliar el mercado. Por ejemplo, el de la papa. En su carta al USTR del 9 de junio, John Keeling, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Papa, denunció que esa industria enfrenta restricciones sanitarias y fitosanitarias para ingresar a México debido a la presencia de plagas, ante lo cual propone un esquema mejorado de esas reglas, como aparece en el TPP.

México es el segundo mayor receptor de papas fritas y el tercero del tubérculo en general. Las ventas a Canadá y México con un mercado totalmente abierto podrían generar 200 millones de dólares adicionales.

Mientras, la Cámara de Comercio, el BCIU, la Mesa de Negocios, la Asociación de Internet (AI) y el Consejo de la Industria de Tecnologías de Información (ITI) proponen el libre flujo de datos a través de las fronteras, la prohibición de la localización nacional de servidores y el fomento al comercio electrónico mediante la eliminación de restricciones, tarifas, impuestos y cuotas sobre todos los productos tecnológicos.

La AI reúne a corporaciones como Airbnb, Amazon, Ebay, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, PayPal y Uber, mientras que el ITI, a Microsoft, Motorola, Oracle, Samsung y Twitter.

Pero la oposición a esas posturas también ha hecho su aparición en las consultas públicas.

El 27 de junio 16 coaliciones de organizaciones no gubernamentales entregaron una petición con 100 mil firmas para sustituir “el modelo corporativo” del TLCAN.

“El gobierno pretende que la base de la negociación sea el TPP. Todas las declaraciones del gobierno sugieren que todas las protecciones corporativas del TPP van al TLCAN y son extremadamente preocupantes”, dice a Proceso Ben Beachy, director de Comercio Responsable de Sierra Club, una de las mayores organizaciones ecologistas de Estados Unidos.

El activista recordó que “hemos visto dos décadas de degradación de derechos ambientales y laborales” por el TLCAN, por lo cual pide “un enfoque radicalmente diferente” al comercio, que “priorice a la gente y a nuestro planeta y no a las ganancias corporativas”.

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