Bajo el fantasma de la protesta, la SHCP gana tiempo, pero su plan no es suspender gasolinazos

Publicado el Febrero 4, 2017, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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SINEMBARGO
El 99 por ciento de los mexicanos sabía que el 1 de enero habría un incremento en el precio de las gasolinas, de acuerdo con una encuesta realizada por el centro de Estudios Sociales de la Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados. El conocimiento y la entrada en vigor del “mega gasolinazo”, implementada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se tradujo en un mes entero de protestas con miras a los tres aumentos del mes de febrero.

El calendario de liberalización de las gasolinas especificaba que habría un aumento el 4 de febrero, luego el 11 y finalmente el 18, fecha a partir de la cual el precio cambiaría diariamente.

El 1 de enero, decenas de ciudadanos recibieron el gasolinazo con una marcharon sobre Paseo de la Reforma en rechazo al alza de los combustibles.

Desde el 1 de enero, los mexicanos pagan hasta un 20 por ciento más por los combustibles.

Hoy, la SCHP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el primer aumento de febrero se aplazaba hasta el día 11. La dependencia argumentó que en las últimas semanas se observó una elevada volatilidad en las variables financieras debido a la incertidumbre sobre el entorno económico internacional, como el valor del tipo de cambio y la restricción de los niveles de producción de petróleo de los miembros de la OPEP, lo que provocó una disminución en el precio internacional de los combustibles.

“El Gobierno federal, en el entorno de dicha volatilidad en las variables, ha anunciado diversas medidas de austeridad con objeto de poder contrarrestar parcialmente la mencionada volatilidad”, dice el DOF.

Así se reformó el Artículo Primero de dicho decreto, que establecía el estímulo fiscal a los contribuyentes que importaran y enajenaran gasolinas, diésel y combustibles no fósiles, el aumento se aplicará en forma directa sobre las cuotas ya vigentes, a partir de las 4 horas del 11 de febrero, hora en que caduca el decreto.

Sin embargo, más tarde en un comunicado de prensa, Hacienda sostuvo que los precios máximos de las gasolinas y el diésel que estarían vigentes del 4 al 17 de febrero de 2017 y permanecerán sin cambios con respecto a los niveles observados en enero para cada uno de los tres combustibles. Es decir, serían dos semanas sin incremento.

Con ello, el precio promedio a nivel nacional se mantendrá en 15.99 pesos por litro para la gasolina Magna, 17.79 pesos para la gasolina Premium y 17.05 pesos para el diésel.

Durante los primeros días del incremento, las tomas de gasolineras se replicaron por todo el país. La fotografía de la toma de una estación en Tlalpan, en la CIudad de México, el 3 de enero.

El 2 de enero, por segundo día consecutivo, ciudadanos marcharon en contra del gasolinazo del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

Durante esta semana, diversas autoridades expresaron que existían las condiciones para aplazar el gasolinazo, pero no cancelarlo como se ha exigido en las cientos de manifestaciones que se han replicado por todo el país. El Director General de Pemex, José Antonio González, confirmó hoy en entrevista con Radio Fórmula que el proceso de liberalización continúa a pesar del decreto emergente de Hacienda.

Por otro lado, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) anunció que la red de 50 mil negocios que aglutina, no abrirían en caso de que se aplicara el segundo gasolinazo, luego de que mil 906 tiendas fueran saqueadas en el contexto de las protestas de inicio de año.

Vicente Yáñez, dirigente de la ANTAD, pidió que para febrero “se hicieran bien los números” para evitar el nuevo gasolinazo.

El 6 de enero, en Ecatepec, Estado de México, decenas de establecimientos y gasolineras se vieron afectadas por la ola saqueos que afectó también a otros municipios y estados. Los actos violentos se dieron en el contexto de la protesta en contra del gasolinazo.

Pero de acuerdo con especialistas consultados por SinEmbargo, el golpe más fuerte se dio el 1 de enero con un aumento repentino de hasta el 20 por ciento, frente al nuevo que se prevé sea de 5 por ciento, que no tendría los efectos que el primero tuvo.

La calificadora Moody’s advirtió que el aumento a los precios de los combustibles impactará tanto a los empresarios como a los consumidores mexicanos, ya que se elevarán los costos de los productos y servicios y eso pegará en la inflación.

“El incremento es negativo para compañías que dependen del gasto doméstico, ya que precios más altos elevarán la inflación, lo que pesaría sobre el consumo privado”, explicó la calificadora en un documento.
Sin embargo, los analistas coincidieron en que el aplazamiento es más una respuesta política que económica, ya que lo que se venía era otro mes, como enero, en el que las protestas no cesaron.

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El anuncio de Hacienda, aquel 27 de diciembre de 2016, del “mega gasolinazo” quedó como el arranque de un mes de protestas que no se vio alterado ni por las fiestas de fin de año o las vacaciones.

A lo largo de estas semanas, las protestas no sólo se concentraron en la Ciudad de México, en la mayoría de los estados se registraron marchas, mítines, clausuras de gasolineras, de centrales de Pemex y de carreteras federales. Las manifestaciones se vieron incluso en lugares donde no es regular ver expresiones de descontento y el caso más sobresaliente fue el del Estado de México, que durante días bloqueó las principales avenidas de acceso a la Ciudad de México y colapsó el servicio de trasporte Mexibus.

Las expresiones de descontento se conjugaron con la exigencia de la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.

El 7 de enero, cientos de ciudadanos salieron a marchar por las principales calles de Toluca, Estado de México, en contra del gasolinazo y exigieron también la renuncia del Presidente Enrique Peña Nieto.

En Tijuana, Baja California, también el 7 de enero, decenas de manifestantes llegaron a la garita internacional “El Chaparral”, para tomar las instalaciones del SAT en contra del gasolinazo.

También hubo otro factor que elevó el tono de las protestas y sobre todo el enojo: el gasto excesivo de los políticos.

En esos días se conocieron todos los bonos millonarios que los Diputados y Senadores se dieron con motivo de fin de año. Aunado a eso, el salario mínimo oficial, que había iniciado la recuperación gradual de su poder adquisitivo, también se vino abajo con la oleada de aumento de los precios de los servicios que desataría el incremento de los combustibles.

El 31 de diciembre de 2016, por la noche, las gasolineras tenían filas. El primer día del nuevo año, la gente ya estaba en las calles.

El 5 de enero, el Presidente Enrique Peña Nieto regreso de vacaciones y en un mensaje televisivo, justificó el aumento de las gasolinas.

El mandatario aseguró que mantener los “precios artificiales de las gasolinas en 2017 como el que teníamos en diciembre habría significado un gasto adicional de mas de 200 mil millones de pesos. Este monto equivale a paralizar por 4 meses todos los servicios del Seguro Social; interrumpir dos años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias; suspender tres años el Seguro Popular que cuida la salud de 50 millones de personas”.

Y apuntó: “Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hechos ustedes?”.

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El Jefe del Ejecutivo Federal aclaró que el aumento obedecía a los precios del petróleo a nivel mundial y que no tenía nada que ver con la Reforma Energética, “se trata de un aumento que viene del exterior. El Gobierno no recibirá ni un centavo más impuestos por este aumento”.
Un día después, los empresarios criticaron el llamado que hizo el Presidente a comprender la situación por la que atraviesa el país, y le pidieron ser sensible y no irse por el camino fácil para hacerse de recursos.

“El Gobierno mexicano ha pedido a la sociedad ser más comprensiva, pero ¿en qué momento el Gobierno será comprensivo con la situación que están atravesando los mexicanos?”, cuestionó Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“¿En qué momento veremos anuncios del Gobierno sobre planes de austeridad en el gasto, de disminución del gasto corriente, de compromisos con la eficiencia, de la eliminación de gastos superfluos, de disminución de los privilegios para los servidores públicos, de castigo directo y severo a la corrupción -comenzando por la interna-, así como la reducción al Presupuesto, por ejemplo, en materias como la comunicación?”, insistió.

El 3 de enero, Integrantes de organizaciones sociales protestaron en contra a la alza al aumento de la gasolina y clausuraron de manera simbólica las instalaciones del SAT en la Ciudad de México.

El 15 de enero, miles de personas se manifestaron en las calles de Tijuana contra el gasolinazo y la privatización del agua.

Sin embargo, el Presidente no se mostró dispuesto a ceder en ninguno de sus puntos y en una conferencia de prensa aseguró que “era fácil ponerse del lado de las emociones”.

“Hoy no entienden, o no quieren entender, el por qué se ha tomado esta decisión. Veo a los partidos políticos queriendo encontrar culpas entre unos y otros por esta medida. Veo a partidos políticos y a algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura y queriendo encontrar culpables del por qué esta decisión”, dijo.
Para el 17 de enero, se conoció que el incremento en los combustibles generaría un aumento en los costos de producción, por lo que las alzas en los precios del mercado podrían aumentar hasta 40 por ciento en los productos de primera necesidad alimentaria como lo es la leche, la carne de res, carne de puerco, pollo, huevo, frijol y tortillas, advirtieron empresarios de distintos sectores.

En lo que se refiere a los servicios, en diversas ciudades de 10 estados se autorizó, en promedio, un incremento a la tarifa del transporte público de un peso con 50 centavos, mientras que en 19 continúan las peticiones para lograr el alza al pasaje, aunque en entidades como Baja California Sur, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz los concesionarios elevaron el costo de forma ilegal.

El 05 de enero, las protestas de organizaciones civiles y estudiantes en contra del gasolinazo que se aglutinaron en la Explanada de los Héroes de esa ciudad se tornaron violentas, cuando un grupo de jóvenes irrumpió violentamente en el Palacio de Gobierno. Foto: Cuartoscuro

El 15 de enero, también en Monterrey, diversas organizaciones sociales salieron a protestar en la explana de los Héroes. Foto: Cuartoscuro

En el caso de la tortilla, alimento básico de los mexicanos, ya se reporta un sobreprecio de hasta cinco pesos en algunos estados, pese al llamado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a no incrementarlo.

El 22 de enero, miles de ciudadanos salieron a protestar en diferentes entidades en contra del “mega gasolinazo”. La mayor concentración se registró en Baja California, donde los manifestantes se enfrentaron con fuerzas de seguridad.

Las movilizaciones de ese domingo se vivieron en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Guerrero, Yucatán, Baja California, Michoacán, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guanajuato. También se efectuaron protestas en Villahermosa, Cuernavaca y Culiacán, entre otros puntos del país.

El 7 de enero, la Policía Federal desalojó a los manifestantes que bloqueaban el acceso de entrada a la planta de PEMEX, en Rosarito, Baja California.

De acuerdo con una encuesta publicada por el diario Reforma, el gasolinazo golpeó la de por sí dañada popularidad del Presidente Enrique Peña Nieto, el 86 por ciento desaprueba su gestión.

Según el estudio del medio de comunicación, 4 de cada 10 mexicanos señalan a la economía como el principal problema que enfrenta el país hoy en día, desplazando a la inseguridad, que hasta diciembre de 2016 ocupaba el primer lugar.

El sondeo también reportó que el 85 por ciento de los ciudadanos consideraron injustificada el alza del precio de la gasolina y en la misma proporción dijeron dudar que los recursos obtenidos por esta medida tengan un buen uso por parte del Gobierno.

Dos días después, los precios al consumidor registraron un incremento de 1.51 por ciento, así como una tasa de inflación anual de 4.78 por ciento en la primera quincena de enero, derivado principalmente del alza en el Gas LP y en los precios de la gasolina, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las protestas se han replicado durante las últimas semanas.

El índice inflacionario se ubicó por arriba del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que es de 4 por ciento máximo para este 2017 y es el mayor nivel desde la segunda mitad de septiembre de 2012.

En los últimos días de enero, la SHCP, dijo que analizaba la posibilidad de suspender, al menos de momento, la liberación de las gasolinas, y con ello el calendario de actualización de precios en México que se tenía contemplado a partir del próximo 4 de febrero, según aludió el titular de la citada dependencia, José Antonio Meade.

“… Revisar un marco que está cambiando todos los días, cómo podemos seguir haciendo compatible el cuidado de las finanzas públicas, con reducir y acotar parte de la volatilidad que estamos viendo, y que tenga ésta la menor afectación posible”, dijo Meade entrevistado por la prensa tras un evento con el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Apenas el passado 31 de enero, organizaciones sociales y campesinas marcharon sobre Reforma hasta el Zócalo capitalino en rechazo al segundo gasolinazo que se tenía previsto para hoy.

Mientras, la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), reportó que en 2016 tuvo una producción de 2.154 millones de barriles por día, 5 por ciento menos que en 2015. De acuerdo con los Indicadores Petroleros de Pemex, el año pasado importó en promedio 505 mil barriles diarios de gasolina, un máximo en los últimos cinco años.

La cifra representa un incremento del 18 por ciento en relación con los 427 mil barriles diarios de gasolina que compró en 2015, y 36 por ciento más que lo importado en 2014.

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