Amenazan de muerte a asesor de Morena; presumen relación con oposición a hidroeléctrica en Puebla

Publicado el Abril 8, 2016, Bajo MORENA, Autor LluviadeCafe.

MORENA
Revolución TRESPUNTOCERO

Diputados federales de Morena denunciaron que Joshue Uriel Figueroa, quien se desempeña como asesor del diputado Rodrigo Abdalá, recibió amenazas de muerte vía telefónica, presuntamente relacionadas con su activismo en defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas y en contra de lo que denominó “proyectos de muerte en el estado de Puebla”.

Abdala detalló que las llamadas anónimas –de un número desconocido desde el que escuchó una voz masculina- que recibió su colaborador, se registraron el 21 y 27 de marzo pasado, luego de la realización de un foro informativo realizado en la comunidad de Tatoxca, ubicado en el municipio de Zacapoaxtla, en el que representantes de comunidades aledañas reafirmaron su oposición en contra del proyecto hidroeléctrico denominado “Hidroeléctrica Gaya”.

Desde 2013, los vecinos de la región, en particular los habitantes de San Juan Tahitic, han manifestado su oposición al proyecto, no solo porque va contra los usos y costumbres que rigen la comunidad y no ofrece ningún beneficio a sus habitantes, sino por el irreversible impacto ambiental que este generaría en la zona, incluida la remoción de 60 hectáreas de vegetación alrededor del río Apulco y la desviación de este más de 30 kilómetros.

En días pasados, la comunidad solicitó al edil de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato Toral, que niegue el permiso de uso de suelo a la empresa Gaya S.A. de C.V. y que declare áreas naturales y culturales protegidas, la zona boscosa donde se pretende llevar a cabo el proyecto.

El legislador de Morena recordó que en 2014, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la viabilidad del proyecto y explicó que con el desvío del cauce del río, se destruiría un bosque endémico, único en el mundo.

Luego de las llamadas, Joshue Uriel Figueroa interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los legisladores solicitaron a la PGR, emitir medidas cautelares para garantizar la vida de Figueroa, su familia, y de todos los defensores de los recursos naturales en Puebla y al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a través de un documento con fecha de cinco de abril, su intervención, a la brevedad, en el caso.

“Como bien se sabe, todos estos activistas han recibido amenazas, muchos de ellos han sido encarcelados por su manifestación, cosa que vemos absolutamente ilegal, ya que se está coartando el derecho a la libre manifestación”, sostuvo el legislador que se desempeña como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

El legislador poblano reconoció que no hay certeza del origen de las amenazas; sin embargo, recordó que “se sabe y es evidente que en Puebla, activistas y defensores de derechos humanos y de los recursos naturales ha sido reprimidos por el gobierno, aunque no es claro el vínculo en este caso”.

Reciente señalamiento

En marzo pasado, la CNDH emitió la Recomendación General número 25, en materia de agravios a defensores de derechos humanos y periodistas.

El documento fue dirigido a la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena); Secretaría de Marina, (Semar), a las gubernaturas, al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a la presidencia de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de los estados, a las secretarías de seguridad pública, presidencias municipales, delegados y a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.

En el caso de Puebla, la CNDH identifica en el texto a tres personas que fueron detenidas por “su actividad” y dos más por su “actividad de defensa comunitaria”, por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado y acusados de delitos como: motín, robo, desobediencia y resistencia. Actualmente, todavía una persona continúa recluida.

Además, la comisión reportó que en 2012, en la entidad se registró el asesinato de un defensor de derechos humanos; sin embargo, no identificó a la víctima.

Entre los activistas detenidos se menciona (aunque no directamente con sus nombres) a los que se oponen a la construcción del Gasoducto Morelos: Enedina Rosas Vélez, comisaria ejidal de Felipe Xonacayucan; Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y Abraham Cordero Calderón, líder del Frente Campesino de Ejidatarios y Pequeños Propietarios del Valle de Texmelucan y la Sierra Nevada.

También se hace referencia a los casos de Raúl Pérez Velázquez y Leobardo Báez Serrano, presidentes auxiliares de San Miguel Canoa y La Resurrección, respectivamente, por exigir el regreso de Registros Civiles a sus comunidades, luego de que el Congreso les quitara a las juntas auxiliares las atribuciones para contar con ellos.

La entidad gobernada por Rafael Moreno Valle –al igual que otras 23 entidades- reportó no tener legislación especial respecto a la protección y defensa de defensores de derechos humanos, lo que dificulta que los órganos de investigación y procuración de justicia no consideran, ni evalúen el nivel de riesgo relativo a su labor.

La CNDH recomendó al gobierno del panista legislar en la materia, así como implementar campañas públicas y capacitación para la sensibilización y la no estigmatización de los defensores de derechos humanos.

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