Estado de los ESTADOS: Opacidad

Publicado el Febrero 24, 2016, Bajo Columna de opinión, Autor LluviadeCafe.

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Con la complicidad de diputados federales y senadores integrantes del Congreso de la Unión, y legisladores de los congresos locales, impera la opacidad y el manejo irregular de los recursos presupuestales que ejerce la administración del presidente Enrique Peña Nieto y los gobiernos estatales, de la Ciudad de México,  municipales y delegacionales, lo cual incide directamente en el incumplimiento de las metas de los programas en los tres ordenes de gobierno, con afectaciones a los más 121 millones de mexicanos.

En el ejercicio del gasto público, el segundo año de la administración de Enrique Peña Nieto, deja mucho por desear y también explicar: de acuerdo con el informe general de la cuenta pública 2014, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no se pudo solventar el gasto de 42 mil 702 millones de pesos, en las 199 auditorías realizadas. Alrededor de 100 denuncias penales se presentarán este año, cuando se tengan todos los elementos. Además, la ASF promoverá ante contralorías internas mil 871 expedientes por responsabilidades administrativas y hay mil 641 pliegos de observación con presunción de daño patrimonial.

Por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón y el primer año de Peña Nieto, hay un acumulado de 664 denuncias penales presentadas y el monto involucrado como daño patrimonial asciende a 26 mil millones de pesos. A pesar de todo, en el Congreso de la Unión no se ha avanzado en la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Los diputados federales y los senadores de la República no desean meterse autogoles.

De acuerdo con la ASF, a cargo de Juan Manuel Portal, existen 11 áreas claves de riesgo derivadas de la fiscalización de la cuenta pública 2014. Entre ellas destacan las adquisiciones, contrataciones o inversiones, como adjudicaciones directas de dependencias de los tres órdenes de gobierno a universidades públicas, institutos y otras instancias, sin que posean capacidad para cumplir con la responsabilidad, lo que deriva en subcontrataciones que superan el límite permitido y generan sobreprecios.  Aún cuando cumplen con la norma, “los contratos que se celebran no implican un beneficio neto al Estado”.

CONTRATOS SIN LICITAR EN UNIVERSIDADES

Durante cuatro años consecutivos, la ASF observó a las dependencias federales adjudicar contratos sin licitar a organismos públicos, entre ellos universidades. Estos simulan operaciones con los recursos que les canalizan o no lo usan con transparencia.

Un ejemplo de lo anterior es la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), con sede en Campeche, con apenas seis mil alumnos y un presupuesto anual de 426 millones de pesos. No obstante, en 2014, firmó contratos por mil 629 millones de pesos para prestar servicios a dependencias federales: obtuvo mil 157 millones de pesos de Pemex y de la Sagarpa a cambio de prestar diversos servicios, para los cuales no tenía capacidad, por lo que gastó casi todo en subcontratar 19 empresas y proveedores, que tampoco eran aptos  para cumplir las tareas. Además, la universidad destinó 116 millones 558 mil pesos a pagar al personal que supuestamente le prestó sus servicios para cumplir con los contratos firmados con la petrolera y la secretaría de Estado.

No existe información y documentación para acreditar  la realización de los servicios contratados, ni tampoco certeza del resto de los recursos federales, 214 millones 682 mil pesos, presuntamente destinados a cumplir con los contratos. Por eso la ASF considera debe recuperarse cada centavo.

En la obra pública en general, la ASF detectó inoportuna o deficiente planeación, contratación y ejecución de trabajos; incumplimientos e incrementos importantes en el monto de inversión; cambios a los proyectos originales; prórrogas en los plazos de las etapas, y serias deficiencias de control y supervisión de los proyectos. Hay programas públicos duplicados y sin coordinación, alertó; esto redunda en desfases, traslapes y uso ineficiente de los recursos, especialmente en el rubro de salud. La información de los programas sociales es deficiente y no se cuenta con un padrón único. También prendió los focos rojos ante el aumento en el suministro de servicios proporcionados por particulares.

SUBEJERCICIOS DE GOBIERNOS ESTATALES

A las costosas fallas e irregularidades de la administración federal, deben acumularse las de los gobiernos estatales y municipales, en donde persisten las operaciones irregulares: hay una indebida transferencia de recursos de las cuentas de fondos y programas, sin existir garantías de transparencia; algunos estados crean una cuenta concentradora para las partidas de los diferentes programas federalizados, y propician un manejo sin control, lo cual favorece el desvío para otros fines, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El informe de la ASF subraya: “la falta de orden y disciplina financiera en estados y municipios provoca desviaciones indebidas de los recursos federales ya que ante las dificultades de los gobiernos locales para atender requerimientos propios, no financiables por los fondos o programas, recurren al uso irregular de los recursos federales transferidos. La ausencia de transparencia y falta de rendición de cuentas propician incentivos para la corrupción”.

Al 31 de diciembre de 2014, el subejercicio de los gobiernos estatales del gasto federalizado ascendió a 63 mil 607 millones de pesos, lo que deriva en “incumplimiento de metas y objetivos de los programas”, así como un uso indebido de los recursos. De acuerdo con el Informe general de la cuenta pública 2014, entregado la semana pasada a la Cámara de Diputados, los programas donde se acentuó esa práctica son: Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud (78.5%); Expansión de la Oferta Educativa (75.3%); Fondo de Cultura (56%), y Escuelas de Tiempo Compartido (49.6%).

Los efectos del subejercicio en el gasto federalizado programable “van más allá de un mero problema administrativo, ya que tiene un impacto negativo” para alcanzar las metas.  Este representa el 74.5 por ciento del gasto educativo federal; 73.8% de la matrícula pública de la educación básica; 74.1% del gasto federal en salud; y 93.6 por ciento en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

ESFUMAN RECURSOS PETROLEROS

Otra de las promesas del gobierno de Peña Nieto que no veremos, al menos en este sexenio, es el ahorro para las futuras generaciones derivado presuntamente de la reforma energética. El Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) –un fideicomiso en el que participan funcionarios de Hacienda, Banxico, Energía y miembros independientes- para depositar los recursos que pagará Pemex por derechos, más todos los pagos de las empresas ganadoras de licitaciones, no alcanzará para juntar lo prometido.

Expertos estiman que a casi dos años de su formación y con el precio del barril del energético apenas por arriba de los 20 dólares, el FMP, en su estado actual, será un fracaso por lo menos una década.  “Al gobierno se le cayó el plan del fondo en el momento en que se desplomaron los precios”, aseguró Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

El FMP debe transferir cada año al gobierno el equivalente a 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los recursos que se generan con la renta petrolera. Estos recursos deben repartirse en un orden de prelación establecido: primero llegarán al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; luego, al Fondo de Ingresos de Entidades Federativas, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el Conacyt-Sener, y, finalmente, a la Tesorería de la Federación. Lo que sobre de repartir se destinaría al “ahorro para las futuras generaciones”.

De acuerdo con las estimaciones del CIEP, este año, en el mejor de los escenarios, el FMP podrá transferir 1.8 por ciento del PIB al gobierno, y en el peor, 1.4%, muy lejos del umbral para comenzar a ahorrar.  Y por lo que toca a la producción privada de petróleo, pasarán entre siete y ocho años para que salgan los primeros barriles extraídos por las empresas, por lo que su aportación, de darse, se verá hasta la siguiente década.

ASF EXIGE A VERACRUZ DEVOLVER 721 MDP

Por irregularidades en el manejo de fondos federales para obras en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reclamó al Gobierno de Veracruz la devolución de al menos 721 millones 900 mil de pesos. El gobierno del priísta Javier Duarte gastó 39.8 millones de pesos en remodelaciones al World Trade Center, que no corresponden a  la infraestructura deportiva, según la ASF. Con esos recursos, también fueron remozadas instalaciones del mandatario estatal, como “oficinas del gobierno, balcón, oficina del gobernador y sala de juntas del gobernador”.

La administración de Duarte gastó en los juegos mil 957 millones de pesos, de los cuales, mil 95 se usaron para equipamiento, organización, inauguración y la clausura del evento, mientras que otros 862 se destinaron para infraestructura deportiva. La ASF encontró irregularidades al revisar esta partida de 822 millones de pesos, ejercidos mediante siete contratos por la SIOP (Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas). Un solo contrato, por 684.7 millones de pesos, se pagó para el proyecto ejecutivo y la construcción de instalaciones en Xalapa, Coatepec, Boca del Río y Alvarado.

La ASF detectó que la SIOP, para agilizar las obras, modificó contratos y sus respectivos montos a través de convenios con el fin de saldar diferidamente y con “pagos fijos” o “pagos adicionales” a los contratistas, lo que está fuera de norma.

Esta semana, el PAN pidió a la PGR (Procuraduría General de la República) que proceda “de inmediato” en contra de los que “causaron el desastre financiero y social” en Veracruz, luego de que la ASF halló un presunto daño patrimonial por 10 mil 518 millones de pesos como resultado de la inspección a la Cuenta Pública 2014. Los señalamientos de la ASF por presunto daño a la Hacienda federal al gobierno de Duarte desde el 2012 al 2014 suman más de 35 mil millones de pesos, la más alta del país.

PARTIDOS DESPILFARRAN PRERROGATIVAS

La partidocracia le sale muy cara a México. Los partidos políticos no sólo se gastan los millones de pesos de sus prerrogativas para solventar campañas electorales y gastos ordinarios, sino además recurren al endeudamiento bancario y acumulan un pasivo (PRI, PAN, PRD, Morena, MC y PVEM)  de mil 91 millones  166 mil 658 pesos, garantizado con sus bienes inmuebles y hasta con las propias prerrogativas que reciben mes con mes.

El PRI de Manlio Fabio Beltrones es el que más deuda acumula: 513 millones de pesos a través de siete préstamos con Interacciones, Banorte y Afirme. Los priístas dejaron a los banqueros como garantía sus prerrogativas: el año pasado ascendieron a mil 360 millones 270 mil 600 pesos; para este 2016, serán más mil siete millones 567 mil 871 pesos.

Le sigue el PAN de Ricardo Anaya, con una deuda de 342 millones de pesos con el Banco Interacciones, el cual por cierto no les pidió garantías. Luego el PVEM, quien tras una serie de multas por irregularidades en la campaña, adquirió un préstamo con el banco Multiva por 100 millones de pesos. A los verdes tampoco les pidieron  garantías inmobiliarias. Pero al PRD si le pidieron garantías para darle un préstamo, desde 2014, de 60 millones de pesos, por lo que dejó sus prerrogativas para ese efecto.  El año pasado, los perredistas recibieron 870 millones 428 mil 940 pesos de prerrogativas, y este año recibirán 456 millones 622 mil 870 pesos.

Movimiento Ciudadano también paga una deuda de 45 millones con el Banco Interacciones; y Morena, de Andrés Manuel López Obrador, tiene dos préstamos bancarios que suman 30 millones de pesos, para lo cual le pidieron los banqueros garantías inmobiliarias.

MILLONES AL PT SIN REGISTRO EN CDMX

El Partido del Trabajo no tiene registro como partido político en la Ciudad de México. Sin embargo, recibirá 10 millones de pesos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para la campaña electoral de la Asamblea Constituyente, al igual que cada uno de los ocho institutos políticos que también participan en la contienda.

La razón es que para la elección del Constituyente, el INE determinó que a cada uno de los nueve partidos con registro nacional –el cual si mantuvo el PT- tuviera la misma cantidad de recursos para campañas, situación que ya fue impugnada por los partidos: PAN, PRD y Morena.

Nueva Alianza también se beneficia con esta determinación. No llegó al 3 por ciento de la votación, pero el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), le permitió tener registro a cambio de no contar con financiamiento público los próximos tres años. Pero para el Constituyente si contará con su bolsa de 10 millones de pesos.

El PAN, PRD y Morena impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) la convocatoria para la elección del Constituyente de la Ciudad de México, emitida por el INE. Entre los reclamos que enfrenta la convocatoria destacan los presupuestales, los referentes a los spots y a las firmas para candidatos independientes, por lo que exigen la revocación de acuerdos para elegir la asamblea que revisará, modificará y votará el proyecto de Constitución que enviará Miguel Ángel Mancera.

DE LOS PASILLOS

La semana pasada, entre el 17 y el 19 de febrero, el Banco de México inyectó al mercado local de cambios 2 mil millones de dólares de la reserva internacional del país, para atajar la tendencia devaluatoria del peso frente al dólar. Es la mayor intervención directa en 14 meses, en los cuales el peso se devaluó 31 por ciento frente a la divisa estadounidense. El tipo de cambio pasó de 14.3920 pesos el 9 de diciembre de 2014 a 18.9185 pesos el 12 de febrero de 2016… Por disposición de la Comisión de Cambios, esa medida formó parte del conjunto de disposiciones fiscales y monetarias adoptadas por el gobierno federal desde el 17 de febrero de este año, las cuales incluyeron una alza de medio punto porcentual en la tasa de interés referencial y un recorte presupuestal de alrededor de 132 mil millones de pesos. ..

Banamex consideró que la liberalización anticipada a las importaciones de gasolina, anunciada por Peña Nieto, no tendrá efecto este año en el bolsillo de los consumidores. De acuerdo con Ernesto Revilla, director de estudios económicos de ese banco, la medida contribuirá a reducir el precio en el mediano y largo plazos, a partir de 2017, a la vez que, dijo, liberará recursos para que Pemex se enfoque en áreas estratégicas. México importa poco más de la mitad, 52 de cada 100 litros de gasolina y tres cuartas partes del diésel que consume, de acuerdo con datos oficiales…

Hoy celebro el poder ser testigo del acontecer nacional durante otro año. También el privilegio de ver crecer a mis nietos, de presenciar el desarrollo de mis hijos, de contar con la mayoría de amigos con los cuales abordé el mismo tren. Festejaré un cumpleaños más con gripa, con algunos dolores propios de la edad y con el regocijo de no tener que trabajar, no este día, el de la Bandera. Nos leemos el próximo jueves.

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