Estado de los ESTADOS: Mega fraude a trabajadores

Publicado el febrero 10, 2016, Bajo Columna de opinión, Autor LluviadeCafe.

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Un fraude por 9.9 billones de pesos contra el sistema de pensiones se opera desde las principales instituciones financieras del país, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), acusaron representantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM), quienes responsabilizan a Luis Videgaray, titular de la SHCP, de la mala administración de los fondos de pensiones y vivienda, los cuales desde la Reforma de 1992 han acumulado un pasivo laboral multimillonario.

En efecto, el pasivo laboral calculado por la Secretaría de Hacienda a mediados del año pasado alcanzaba un pasivo de 5.16 billones de pesos de los trabajadores del ISSSTE; de 2.82 billones de pesos como deuda de jubilados y pensionados del IMSS; 1.47 billones de pesos para quienes laboraron en Pemex; y 536 mil millones de pesos para los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Tal pasivo laboral no es más que un déficit fiscal del pago de las pensiones, porque nunca crearon los fondos de ahorro correspondientes y los gobiernos en turno tomaron este recurso como gasto corriente.

Los abogados de la OJUPE-UNAM, Héctor Larrinaga y Humberto Luna, informaron en conferencia de prensa que existe un paquete de 1,300 demandas en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y denunciaron: “el gobierno ilegal y fraudulentamente está utilizando esos fondos para garantizar su deuda externa por un lado y, por otro, invertirlo en bolsas de valores extranjeras sin control alguno”. A su vez, Héctor Horacio Zacarías, presidente de esa organización, acusó a la Secretaría de Hacienda de haber convertido los fondos de pensiones en la caja grande del gobierno federal.

“El secretario (Luis Videgaray) es directamente responsable que no se estén manejando los fondos debidamente, que no se hayan cuidado y nuestras dos grandes instituciones de Seguridad Social, como son el IMSS y el ISSSTE, se hayan convertido en cajas recaudadoras de Hacienda, olvidando que su objeto es eminentemente proteger y estimular el derecho humano a la seguridad social”. Precisó: desde hace 4 años 8 meses sostienen una serie de litigios contra la dependencia de seguridad social a favor de quienes aspiran a recuperar a través de esas demandas un aproximado de 750 millones de pesos, como parte de los derechos obtenidos por sus años de trabajo.

Dichas demandas se encuentran en proceso jurídico concentradas en 13 expedientes radicados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de las cuales 8 se radicaron en la Junta Especial 14 Bis y el resto en otras Juntas Especiales. La finalidad de las mismas es recuperar el pago a valor presente del Fondo de Vivienda del periodo 1972-1992 y diferencias de años posteriores, es decir, fijados con la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor; más la tasa de interés anual correspondiente así como el pago de los intereses devengados del Sistema de Ahorro para el Retiro de 1993, a la fecha, en las jubilaciones de los trabajadores. La OJUPE-UNAM acusa a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de utilizar estrategias de dilación para evitar la llegada a término de los juicios acumulando en los expedientes a punto se resolverse los nuevos litigios generados en contra del ISSSTE.

Los abogados Larrinaga y Luna recordaron la publicación en agosto de 2011 de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación en el cual la Junta Directiva del ISSSTE reconoce la retención indebida de los recursos del Fondo de Vivienda y giraba instrucciones a FOVISSSTE para devolver ese dinero a los derechohabientes.

DESAPARECEN RECURSOS DE TRABAJADORES

También los trabajadores en activo están siendo víctimas de esta opacidad a través de los Fondos de Ahorro para el Retiro. La Ley establece: cada trabajador debe ser informado sobre los movimientos de sus ahorros; sin embargo, los estados de cuenta del SAR no se apegan a lo establecido por las leyes y nadie les informa como se está manejando su dinero. Los trabajadores desconocen con certeza si los montos en los saldos de las subcuentas son reales o son cantidades mágicas o caprichosas.

La opacidad referida permite a los sistemas de pensiones convertirse en una caja abierta para el gobierno en turno y una deuda creciente a diario con cargo al bienestar de los trabajadores. De acuerdo con el investigador Antonio Guzmán Fernández, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la introducción de la capitalización individual en los sistemas de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se ajustó a los intereses del capital financiero.

Sin embargo, los costos de la reforma la asumieron los trabajadores y fue implantada de forma autoritaria, sin autocrítica por parte de los actores del Estado respecto a la corrupción en el manejo de los fondos y la incapacidad del modelo económico neoliberal para generar empleo y solvencia al anterior modelo solidario de reparto.

Un análisis publicado el año pasado en la revista Forbes, realizado por Lúar Moreno-Álvarez, doctor en Física Aplicada y Especialista en Modelación Estadística, y el analista económico Emmanuel Ameth, destaca que “a 17 años de haberse implementado en México un sistema de pensiones privado mediante el cual el Estado delegó esta responsabilidad a la banca, las Administradoras de los Fondos para el Retiro (Afores) se han enriquecido a costa de los trabajadores, quienes observan indefensos cómo la inflación consume los pobres rendimientos generados junto con sus demás aportaciones. Desde su implementación, en julio de 1997, los rendimientos ajustados apenas alcanzan el 15.8%, esto es, un promedio anual inferior a 1 punto porcentual”.

Y la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) es cómplice de esta jugarreta, la cual muy probablemente terminará por desvalorizar el poder de compra real de los recursos de los trabajadores. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), a lo largo de 17 años, estiman haber obtenido una utilidad neta de 71.23%, sobre el capital que tendrían originalmente. Pero, durante el mismo periodo la inflación ha acumulado 162.82%, de acuerdo con la Calculadora Inflacionaria del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).

El año pasado, las ganancias que las Administradoras de Ahorro para el Retiro otorgaron a sus clientes cayeron 84 por ciento, en términos reales, ante la volatilidad en los mercados financieros. De acuerdo con los informes del órgano regulador de las Afores, el sector reportó plusvalías por 32 mil 945 millones de pesos, pero fueron inferiores a los 199 mil 946 millones de pesos que presentaron en 2014.

A través de los medios de comunicación, las autoridades mexicanas instan a los trabajadores a realizar aportaciones voluntarias, lo cual es sumamente conveniente para los bancos que están detrás de las Afores, pues cobran altas comisiones independientemente de si acumularon utilidad positiva o negativa; muy conveniente para los gobiernos es la emisión de certificados de deuda para hacerse también de esos recursos; aunque para el trabajadores, el dueño aparente de dicho dinero, es una mala inversión.

Las estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reflejan disminución en los rendimientos generados por los recursos de los trabajadores en las Afores en diciembre, mismos registrados en su menor nivel en 20 meses, desde mayo de 2014. El rendimiento anual promedio fue de 2.5 por ciento cuando en 2014 llegó a 10.51 por ciento. El alza en el precio del dólar, mayores tasas de interés y la caída en los precios de las acciones, tanto en el mercado local, como internacional, ha tenido efectos negativos sobre los instrumentos de inversión de los recursos de los trabajadores.

Por ejemplo, este martes, el Inegi reportó: el crecimiento anual de los precios al consumidor –inflación- fue de 2.61% en el primer mes de 2016, desde una elevación de 3.07 por ciento registrado en enero de 2015. Los precios de los alimentos del campo, producidos en el país e importados, marcaron en enero la pauta del repunte de la inflación. El precio de las frutas y verduras registró un incremento de 19.36 por ciento en enero de 2016, respecto a lo que se pagaban por estos productos en el primer mes de 2015.
Mientras, en sucursales bancarias de la Ciudad de México el dólar libre se vendió hasta en 19.15 pesos. El peso cayó 0.29 por ciento frente a la divisa estadounidense. El dólar spot cerró en un nuevo máximo histórico de 18.8495 pesos, hilando tres jornadas de ganancia consecutiva, superando máximos históricos. Y todo este registro impacta directo en ese dinero propiedad de trabajadores y mal manejado por el gobierno.

REVELAN MASACRE EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ

Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los cinco desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, reveló hechos macabros registrados en el Rancho El Limón, ubicado en Tlaxicoyan, en donde se encontraron restos de dos de esos jóvenes –Bernardo Benítez Arroniz y Luis Alfredo González Díaz-, las autoridades recolectaron restos de entre 300 y 400 personas, todos calcinados, sin posibilidad de realizarles pruebas de ADN para identificar a quien corresponden.

Benítez advirtió su permanencia en la lucha por esclarecer el móvil de la sustracción de los cinco jóvenes a manos de la policía de Seguridad Pública el Estado (SSP), el lunes 11 de enero, cuando transitaban por tierra blanca. La desaparición forzada de su hijo y otros jóvenes no sólo debe alcanzar al delegado de la SSP en la localidad, Marcos Conde Hernández, detenido por las autoridades. Insiste en realizar una investigación al Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, “porque no es posible que un subalterno de él, sea el jefe de la mafia cuando depende directamente de él”.

Y cuestiona: “¿cuánto tiempo estuvieron haciendo esto en la impunidad? Aquí queda descubierta la red de corrupción tan grande que hay, porque no es otra cosa”. En tanto, cobra vigencia la sentencia sobre la gran fosa existente en todo el territorio nacional.

NORMALISTAS NO FUERON CREMADOS EN COCULA: EAAF

“Ninguna evidencia biológica y física permite concluir que 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, fueron quemados en el basurero de Cocula, como lo asegura el gobierno federal”, determinó un equipo de forenses argentinos. En un informe divulgado ayer, cuya elaboración tomó más de un año, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) precisó la realización, en diversos momentos, de múltiples incendios en el basurero de la municipalidad de Cocula , y si bien lograron identificar restos óseos de por lo menos 19 personas, no tienen evidencia para deducir o afirmar corresponden a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Este es el segundo reporte rechazando la “verdad histórica” del gobierno mexicano presentada hace un año por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, sobre lo ocurrido a los alumnos normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron detenidos por policías municipales y ya no se supo más de ellos.

En septiembre pasado, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguraron, tras realizarse un peritaje independiente de lo sucedido en el basurero de Cocula, la imposibilidad de haber sido quemados allí los jóvenes. A partir de la difusión de ese peritaje, el gobierno anunció la contratación de uno más para analizar lo que sucedió en el basurero, lo cual no ha ocurrido hasta ahora.

Sin dar la cara la procuradora Arely Gómez, la PGR señaló a través de un comunicado: el caso Iguala no está cerrado; y argumentó el faltante de un dictamen forense, el cual determinará “en forma conclusiva” si los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula. Se están afinando los detalles para llevar un nuevo peritaje con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), indicó la dependencia.

FRANCISCO ENCONTRARÁ CRISIS “EPIDÉMICA” DE DH: AI

Para Erika Guevara, directora de la organización Amnistía Internacional (AI) para la Américas, el Papa Francisco encontrará en México una crisis “epidémica” de desapariciones, tortura y asesinatos y una de las situaciones más graves en materia de derechos humanos. A nombre de AI, Guevara pidió: “urgimos al Papa Francisco a usar su poderosa influencia para persuadir a la administración de Enrique Peña Nieto de tomar con seriedad la terrible crisis de derechos humanos, haciendo que todos los que cometan crímenes enfrenten la Justicia”.

La activista afirmó: sólo si se toman medidas “concretas y decisivas” se podrá hacer frente al problema de “decenas de miles de desapariciones, uso generalizado de tortura, creciente número de homicidios de mujeres y falta de capacidad de investigación”. La respuesta, mediática por supuesto, del gobierno de Enrique Peña Nieto se transmitió a través del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien aseguró: “ante actos de militares que vulneren los derechos humanos o falten a la norma jurídica, la moral o la disciplina, la justicia responderá con “rigor y contundencia”. En un discurso, durante el 103 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, afirmó que las fuerzas armadas acatan las leyes federales y del orden común y las especializadas militares.

DE LOS PASILLOS

La fracción parlamentaria del PRD en el Senado solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) enviar el informe completo sobre la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, correspondiente al segundo semestre de 2015. Dolores Padierna, vicecoordinadora de la bancada del Sol Azteca, adelantó solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciar una revisión sobre el manejo de los recursos en la liquidación, así como al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) revisar la clasificación realizada por la SCT de un plazo de reserva de 10 años al informe de Ferronales. ..

La Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto desarrollar mecanismos para mejorar la educación, proteger a los niños, así como reducir la violencia y la discriminación. Reportó la existencia en México de 21 millones de niños en condiciones de pobreza y cuatro millones 700 mil en pobreza extrema. Alison Sutton, representante adjunta de Unicef en México, enmarcó la existencia de desafíos importantes en cuanto a la protección de los derechos de estas personas, especialmente en temas de acceso a la educación, salud y seguridad social.

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