MANCERA NO ES EL DEMÓCRATA QUE DIJO SER HACE 3 AÑOS: ACTIVISTAS Y ANALISTAS

Publicado el diciembre 6, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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SINEMBARGO
El 5 de diciembre de 2012, Miguel Ángel Mancera Espinosa tomó protesta como Jefe del Gobierno capitalino. Desde el estrado, airoso, suficiente y con esa caballerosidad que lo distingue cuando habla frente a los medios de comunicación, dijo: “Decidir juntos no fue una estrategia de campaña. Es mi convicción y por tanto será fundamental en mi forma de gobernar”.

“Mandatario no es el que manda, sino el que obedece el mandato del pueblo”, dijo también el titular del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Ese día estaba feliz y muy sonriente. Parecía un Mancera mesurado, ecuánime, como cuando contesta preguntas en las conferencias de prensa.

No lució así el 29 de noviembre pasado –unos días antes de cumplir tres años como Jefe de Gobierno– cuando reabría la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y un grupo de tres fotógrafos se subieron al estrado con las imágenes de las cuatro personas asesinados en la colonia Narvarte hace cinco meses: el fotógrafo Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera, la ciudadana colombiana, Mile Virginia, y la estilista Yesenia Quiroz Alfaro.

Mancera, de acuerdo con el semanario Proceso, empezó a “titubear” y detuvo al personal de seguridad que quería bajarlos: “Déjenlos, déjenlos. Todo mundo tiene derecho a manifestarse y a decir lo que quiera”, les dijo.

Después sonrió tan manso como pudo. Le aplaudieron.

Pero hoy se sabe, gracias a la denuncia pública que hicieron las organizaciones FotoReporterosMx y Periodistas de a Pie, que personal de Comunicación Social del Gobierno del Distrito Federal (GDF) llamó a varios medios para pedirles que bajaran las notas que daban cuenta del suceso.

“Las notas que más impacto tuvieron en las redes sociales fueron las de los periódicos Reforma, La Jornada y El Universal. Sin embargo, horas más tarde, mediante llamadas de comunicación social del GDF pidieron bajar las notas de estos tres medios, las cuales fueron desaparecidas de inmediato. Durante el domingo, el gobierno del DF se comunicó con integrantes del grupo de FotorreporterosMx para ofrecer una reunión. Los fotógrafos pidieron que la reunión fuera con los abogados que representan a las familias de Rubén Espinosa y Nadia Vera. Al final, la oficina del jefe de gobierno cambió la reunión por una “mesa de trabajo” con funcionarios de la Procuraduría de Justicia”, dice el comunicado.

Ambos colectivos pidieron a los medios de comunicación asumir la responsabilidad en la protección a periodistas y fotógrafos en México y al Jefe de Gobierno y a los responsables de comunicación social le exigieron dejar de presionar por medio de la publicidad gubernamental a sus críticos.

Los reporteros gráficos que se manifestaron para exigir justicia para las víctimas del multihomicidio de la Narvarte, estuvieron en el sepelio de Rubén Espinosa acompañando a sus padres y familiares en la despedida, en donde se dieron cita decenas de periodistas y fotógrafos de la ciudad de Veracruz.

Hoy también se sabe, de acuerdo con información que circula entre gente de los medios de comunicación, que uno de los fotógrafos que se atrevió a manifestarse frente a Mancera Espinosa fue suspendido por 15 días sin goce de sueldo en su trabajo, y también hubo regaños y jalones de orejas para el resto.

La caballerosidad y la educación de Mancera al contestar preguntas a los reporteros y su sonrisa labial para las fotos, no sirvió de mucho. Tampoco el “todo el mundo tiene derecho a manifestarse”.

Mientras tanto, Mancera desayuna hoy en París, Francia, donde habla en favor de que el diseño de las ciudades inteligentes “evite la desigualdad social en el acceso a viviendas” con eficiencia energética, durante su participación en la constitución de la Alianza Mundial para los Edificios y la Construcción en el marco de la 21 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21).

Allá, en París, recibe sus tres años como Jefe de Gobierno. Este día no habrá evento público en el Distrito Federal, ni sonrisas a la prensa, ni poses para la foto.

“DECIDIR JUNTOS”

Foto: Cuartoscuro

Los escándalos más recientes en la ciudad tienen que ver con la construcción del Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac y con el corredor Chapultepec, en donde los vecinos acusan al gobierno de Mancera Espinosa de “simular” consultas públicas y de reprimir hasta con golpes a quienes se oponen a proyectos que involucran la tala masiva de árboles, como en Mixcoac.

El slogan de campaña de Miguel Ángel Mancera para ambos casos, “decidir juntos”, se quedó, según las denuncias, en el tintero.

La madrugada del 3 de septiembre de este año, vecinos de la Delegación Benito Juárez que se oponían a la construcción del Deprimido Vehicular, denunciaron que fue desalojado violentamente el campamento que mantenían en las inmediaciones de la obra desde el 26 de agosto. El Gobierno del Distrito Federal (GDF) desplegó entre 300 y 500 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).

Dijeron que las autoridades, encabezadas por Miguel Ángel Mancera, intentaban imponer, con policías y de noche, un proyecto que beneficia a empresas y no a la comunidad.

En imágenes difundidas por los vecinos, tomadas durante la madrugada, se aprecia a agentes de Tránsito en la zona de la obra. Sin embargo, los vecinos acusaron que se trataría de granaderos disfrazados, como expresó Francisco Rodríguez, vecino de la Delegación.

Rodríguez acusó también que el gobierno ha actuado de manera impositiva y simulada porque no les han entregado toda la información requerida ni se hizo una consulta como ellos han solicitado. Consideró como un acto de “represión” el desalojo.

Francisco Rodríguez refirió que a las 2:24 horas de la madrugada, los vecinos que estaban en el campamento avisaron a otros vecinos de la presencia de los policías. A esa hora ocurrió el desalojo, tras lo cual la maquinarias que se encontraban en el área de la obra fueron encendidas.

Los vecinos fueron agredidos verbalmente por los policías y golpeados, de acuerdo con Rodríguez. También fue destruída la carpa que mantenían en el lugar para resguardarse. Los policías acordonaron el área de la obra, así como las calles aledañas, a fin de impedir que se acercara más gente, detalló el vecino de la Delegación.

Por la mañana, los colonos se comunicaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para solicitar su intervención, pero una empleada identificada como Itzel Valle rechazó atender su petición.

La obra, que consiste en un doble túnel vehicular en la intersección de las avenidas Insurgentes y Mixcoac, ha sido rechazada por vecinos de la zona, quienes consideran que la obra no resolverá el problema de tránsito vehicular y, por el contrario, sí afectará negativamente el medio ambiente por la tala de árboles de implica.

A partir de estas inquietudes de los vecinos, el Grupo de Análisis de Manifestaciones de Impacto Ambiental de la UCCS, encabezado por el biólogo Fernando Tapia Córdova, revisó la Resolución Administrativa SEDEMA/DGRA/DEIA/014804/2014, con la que la Sedema avaló el proyecto llamado “Fase 2 Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac”.

En su revisión llamada “Consideraciones sobre el arbolado que se pretende derribar para la construcción del proyecto ‘Fase 2 Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac’”, el grupo encontró que, según lo estipulado en ese documento, para compensar la tala de 855 árboles la empresa promovente del proyecto debe pagar 4 millones 684 mil 56.9 pesos al Fondo Ambiental Público del Distrito Federal, un fideicomiso público a cuya cabeza está el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, cuya suplente es la Secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller García.

Es decir que por cada uno de los árboles que serán derribados, la empresa tendría que pagar 5 mil 478.42 pesos, cifra que es entre 6.4 y 25.5 veces menor que la multa prevista en el Código Penal para el Distrito Federal por derribar un árbol de forma ilegal.

El artículo 345 bis del Código Penal local estipula que a quien derribe, tale u ocasiones la muerte de uno o más árboles ilícitamente se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa.

El 5 de mayo de este año SinEmbargo publicó en exclusiva que de los 855 árboles que la Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) autorizó derribar como parte de las acciones para la construcción del proyecto, sólo 73 están en malas condiciones, de acuerdo con el Censo del arbolado afectado, que forma parte de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La información consultada por este medio digital contradice la afirmación hecha por la Secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller García, el pasado 9 de marzo, un día después de que comenzara, de madrugada, la tala de árboles en el camellón de Río Mixcoac, al sur de la Ciudad de México, tomando por sorpresa a los vecinos inconformes con la obra.

Ese día, en conferencia de prensa conjunta con los ex secretarios de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, y de Obras y Servicios, Alfredo Hernández García (quien renunció al cargo el pasado 12 de marzo, tras iniciársele una investigación por posible conflicto de interés), Müller García aseguró que de los 855 árboles que se retirarían “el 74 por ciento tiene alguna plaga o enfermedad y el 20 por ciento son eucaliptos, que es un árbol de riesgo”.

Pero en el Censo del arbolado afectado, que fue avalado por la Dirección General de Regulación Ambiental (DGRA) de la Sedema, sólo aparecen 73 árboles calificados con una condición general “mala”. La condición del resto fue evaluada como “buena” o “regular”. De los 73 árboles con una mala condición, 33 estaban muertos en pie, a 10 se les detectó muerte apical (daño provocado por larvas sobre tallos jóvenes) y sólo uno fue registrado como “plagado”. Se trata de una grevilea de 14 metros de alto.

Entre los 782 árboles con una condición buena o regular cuyo derribo fue autorizado por la Sedema figura, además, un pino con valor histórico. El árbol, cuya condición general fue descrita como “buena”, es un pino de 22 metros de alto, con un tronco de medio metro de ancho y una frondosa copa de 12 metros de diámetro.

Aunado al conflicto con los vecinos de Mixcoac, el Jefe de Gobierno también enfrenta la oposición de los colonos de las colonias Roma y Juárez a la construcción del Corredor Cultural Chapultepec.

El Gobierno de Mancera realizará una consulta mañana con los vecinos en donde, de acuerdo con la propaganda gubernamental, se decidirá con un “sí” o un “no” el corredor cultural.

Sin embargo, los vecinos han acusado públicamente que la consulta se trata de una “simulación”.

El pasado 26 de noviembre vecinos acusaron a Mancera Espinosa en un evento convocado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) de querer ganar “una imagen de demócrata” a la vez, forzar forzar la aprobación del proyecto.

Ese día el director general de la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo (ProCDMX), Simón Levy Dabbah, dijo que sería respetuoso de los resultados de la consulta, pero aseguró que de salir un resultado negativo no necesariamente significa la caída del proyecto.

“Quiero adelantarles que evidentemente que el ‘no’, no es una respuesta a no hacer nada. Incluso quienes están en contra de este proyecto en particular no se oponen a que haya una mejor avenida, se oponen a este modelo. Entonces, lo importante será encontrar un mecanismo donde las y los ciudadanos puedan participar con otras propuestas. Nosotros hemos cumplido nuestra parte de presentar una razonada, fundamentada y factible, y lo más importante es que la gente pidió una consulta, y ahí está”, afirmó.

Varios opositores del grupo elegido por el IEDF para defender la postura en contra del proyecto del CCC, dijeron que la consulta está lejos de decidir el futuro de la obra, y que el Gobierno más bien ha realizado una imposición, ya que incluso la concesión de mil 100 metros cuadrados desde la Glorieta de Insurgentes hasta Centro de Transferencia Modal Chapultepec por 40 años a la empresa Invex ya fue hecha.

“Nos queda muy claro a todos los ciudadanos, porque el propio Mancera lo ha dicho, que sus aspiraciones son para ser Presidente de la República. Algo para lo cual no llena las cualidades, pero que intenta a través de ganar el respaldo de empresarios inmobiliarios a los que cede obras. Así como sucedió en el desnivel de Churubusco”, dijo el activista Daniel Gershenson Shapiro.

Días después los vecinos denunciaron ante el IEDF la extrema desventaja con la que han tenido que competir en contra de los representantes que están a favor de la obra.

La primera conferencia de prensa que gestiona el IEDF para que ambos bloques informen al resto de la ciudadanía sus posturas se vio marcada por acusaciones a ese Instituto por favorecer al grupo que busca el “sí” en la consulta ciudadana para la realización del proyecto que comprende una concesión por 40 años de alrededor de mil metros cuadrados.

“Las reglas del juego no han quedado claras. Estamos a expensas de los tiempos del propio Consejo [del IEDF], y tenemos que estar sujetos a las indicaciones, como si fuera una relación gerencial. Hoy deberíamos de estar presentando el DVD y al micrositio, y no contamos con ello, ni con el acceso al micrositio porque no nos han hecho favor de darnos la clave“, dijo Sofía Dinorah Trejo Bac, representante vecinal de quienes se oponen al CCC.

En medio de las críticas el IEDF arrancó con la entrega de material informativo, en donde 800 personas entregarán casa por casa en la Delegación Cuauhtémoc más de 200 mil paquetes con un DVD y un tríptico que pretender informar a los vecinos sobre las repercusiones de este proyecto, y convencerlos de votar a favor o en contra el 6 de diciembre.

Los representantes del “no” señalaron que desde el domingo se ha estado haciendo entrega de volantes a favor del sí. “Éstos tienen el mismo diseño que uso el ProCDMX para apoyar el proyecto anteriormente”, dijo Trejo.

Sin embargo, entrevistado al final del evento el Consejero, Pablo Lezama Barreda, negó que estuviera en manos del IEDF hacer algo para evitar que se propague propaganda ilegal que favorece a la realización del CCC.

Por su parte, Margarita Villalba, otro integrante del grupo de oposición, acusó con base a fotografías que los representantes que abogan por el “sí” han sostenido reuniones con políticos que tienen injerencia en sus decisiones.

Dicha fotografía involucra al ex Delegado de la Cuauhtémoc por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández Ramírez; al representante del PRD ante el propio IEDF, Roberto López Suárez; a José Luis barajas presidente del Consejo Vecinal de la Delegación Cuauhtémoc; al ex candidato a la misma demarcación por el PRD, José Luis Muñoz Soria, y Sebastián Pérez, director de Vinculación Ciudadana de ProCDMX.

“Aquí se ve la coalición de ex servidores públicos. ¿No es curiosa una reunión donde estén ex servidores públicos, servidores públicos y los compañeros que están en la comisión del sí, a favor del corredor? Esto lo subió al Facebook la señora Verónica Olvera, esposa de José Luis Muñoz”, dijo Trejo.

Una hora después, cuando fue el turno de la comisión del “sí”, se aceptó haberse realizado esa reunión pero argumentaron que los presentes eran libres de reunirse, siempre y cuando no estuvieran en horarios de trabajo en calidad de ciudadanos, como es el caso de las personas participantes que aún fungen cargos públicos.

La media hora del grupo a favor del CCC estuvo marcada por la llegada y toma de la palabra del director de Simón Levy, quien argumentó que su presencia y ocupación del tiempo de los vecinos era para dejar en claro dudas sobre la gestión del Gobierno en la concesión del CCC.

Por su parte, el Consejero Pablo Lezama Barreda al ser cuestionado por la prensa respaldó la incursión de Levy en el evento, aduciendo que hace tres semanas cuando se dejó en claro el proceso de consulta el IEDF consideró que sería importante la participación de un miembro que el Gobierno eligiera. En este caso el mismo Levy.

DEL CASO HEAVEN A LA REPRESIÓN EN LAS CALLES

La administración Mancera tardó meses en solucionar la desaparición de los jóvenes del bar Heaven. Foto: Cuartoscuro

Mancera heredó de su antecesor Marcelo Ebrard Casaubón la imagen de una ciudad segura, una “isla” donde el crimen organizado parecía no penetrar. Pero la desaparición de 12 jóvenes del bar Heaven, el 13 de mayo de 2013 en la Zona Rosa, uno de los puntos más vigilados de la ciudad, echó abajo esa impresión.

La ineficiencia de la policía capitalina para enfrentar el caso de los 12 jóvenes desaparecidos y la del propio Mancera y su equipo cercano –quien debería ser el primero en mostrar experiencia en el manejo del caso, pues estuvo al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)–, lo colocaron en desventaja ante la opinión pública.

De acuerdo con activistas, el talón de Aquiles de la administración de Mancera es la seguridad y los derechos humanos.

Unos días después de su primer aniversario, el mandatario incrementó de tres a cinco pesos el boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro, lo que provocó un malestar generalizado en la sociedad y movilizaciones como el movimiento #PosMeSalto.

El Jefe de Gobierno contestó al descontento que generó el aumento a la tarifa con una propuesta de reforma a la Ley de Cultura Cívica en el Distrito Federal, para castigar a quienes no pagan el transporte público y se saltaban las barras del Metro en protesta.

Después del golpe del boleto del Metro, el mandatario asestó uno mas a su historial: relanzó el programa Hoy No Circula y limitó la circulación de los fines de semana, sólo para autos nuevos.

Según una encuesta de Reforma, que coincidió con el primer año y medio de la administración de Mancera, la medida fue uno de los factores más significativos para el resultado que arrojó su encuesta sobre la aceptación del Jefe de Gobierno.

Pero el ejercicio también incluyó otros temas, como comercio ambulante, empleo, seguridad pública y corrupción (este último rubro con 74 por ciento de desaprobación) donde Mancera fue reprobado por los habitantes de la Ciudad de México.

UNA CIUDAD “CAPTURADA”

La organización de defensa de libertad de expresión, Artículo 19 ubicó a dos años de la gestión de Mancera Espinosa a la Ciudad de México entre las tres entidades más violentas para ejercer el periodismo por el número de agresiones, comparado con Veracruz y Quintana Roo.

Pero las agresiones a comunicadores no fueron la excepción: en la ciudad se desató desde que tomó posesión como Jefe de Gobierno, una racha de intolerancia y criminalización de la protesta en las calles.

Jesús Robles Maloof, activista que ha seguido los casos de los jóvenes detenidos durante las protestas en las calles del Distrito Federal durante el último año y medio, dijo que el mandatario hizo a un lado los derechos humanos.

“No tomó a los derechos humanos como base de su actuar, estableció una política de cero diálogo social, de nula posibilidad de un diálogo y recurre sistemáticamente a la fuerza”, indicó.

Al cumplirse sus tres años de gobierno, el tema de los derechos humanos en la ciudad no parece ser importante para el mandatario capitalino.

De hecho, hay retrocesos importantes, como la pérdida de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), organismo que dejó de ser un contrapeso al gobierno de la ciudad, dijo Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos Infancia en México (REDIM).

“Capturó a la Comisión de Derechos Humanos [del Distrito Federal]. Coloca a una persona [Perla Gómez] que no es defensora de los derechos humanos y que ha estado bajo la tutela y la anuencia positiva de Mancera. Perdimos a una institución que había sido como un contrapeso real desde hace 15 años atrás”, dijo.

Aunque Miguel Ángel Mancera realizó cambios en su gabinete, no tocó a los encargados de la seguridad pública y procuración de justicia en la ciudad.
No tocó a los autores de varias represiones en las calles.

“No removió al Jefe Apolo [Luis Rosales Gamboa] y otros policías responsables de la represión, siguen operando. La aprobación para Mancera seguirá cayendo”, indicó.

Juan Martín explicó que Mancera nunca fue un candidato cercano a las organizaciones civiles, sino un político que aprendió que los acuerdos “se hacen en otro lado”: las cúpulas.

Para Francisco Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo, el Jefe de Gobierno trabaja para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Nosotros creemos que el entra fundamentalmente para entregar el Distrito Federal para el PRI: tiene que jugar bajo las reglas del PRI y del Gobierno federal, por eso está modificando leyes”, opinó.

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