Fuerte injerencia de EPN en la selección de ministros; “se afecta separación de poderes en el frágil sistema democrático

Publicado el noviembre 9, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

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De cara a la próxima elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ante la preocupación de que se ponga en peligro la autonomía del máximo tribunal del país con los futuros nombramientos, un grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)  pidieron a la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre independencia de magistrados y abogados, Mónica Pintor, supervise el proceso que definirá a los reemplazos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.

Las organizaciones, que expresaron su inquietud por los  “los últimos antecedentes” del proceso y por “la politización que está permeando los próximos nombramientos”, destacaron la importancia que un órgano como la SCJN cuenta con autonomía del Poder Ejecutivo, y actúe con imparcialidad.

Añadieron que ante la preocupante situación que vive México en materia de derechos humanos, contar con instituciones sólidas en el ámbito de impartición de justicia es fundamental para garantizar el acceso a la verdad.

“Hicimos llegar información a la Relatora en relación a las circunstancias del próximo nombramiento de ministros de la SCJN, institución que dejará vacante dos lugares el 30 de noviembre de este año y cuyo proceso, ha resultado en nuestra profunda preocupación debido a los últimos antecedentes y a la politización que está permeando los próximos nombramientos.

“El preocupante contexto actual en materia de derechos humanos al que se enfrenta México, manifestado en el desproporcionado aumento de cifras oficiales de violaciones graves a derechos humanos, y la consecuente impunidad para esclarecer dichos casos, hacen imperante que exista un sistema judicial autónomo, sólido, imparcial y efectivo en sus actuaciones”, señalaron los organismos.

Las diversas OSC criticaron la “fuerte injerencia” que el Poder Ejecutivo ha tenido en los últimos procesos para elegir a los ministros de la SCJN. Resaltaron que esta cuestión ha puesto en riesgo la efectiva separación de los poderes. Además señalaron que “la fragilidad en el diseño institucional y las deficiencias estructurales y orgánicas en el sistema jurídico, repercuten directamente en la independencia y autonomía de las instituciones encargadas de administrar justicia”.

“Si no existen procedimientos adecuados para el nombramiento y selección de operadores de justicia, o una efectiva separación de poderes, existen escasas posibilidades de lograr un poder judicial autónomo e independiente del ejecutivo.

En México, tal como lo constató la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados durante su visita oficial en octubre de 2010, en el país prevalece y continúa una fuerte injerencia del Ejecutivo en el mecanismo de selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que afecta la efectiva separación de poderes en el frágil sistema democrático mexicano”, dijeron.

De igual forma, las distintas organizaciones afirmaron que el mecanismo de selección de ministros de la SCJN “es un tema central que ha restado legitimidad al tribunal constitucional mexicano”.  Además subrayaron que el proceso para renovar a ministros se realiza con opacidad y no incentiva la elección de personajes que se apeguen a los requisitos que exige el cargo.

“Hemos observado con preocupación que el proceso de nombramiento de ministros de la Corte en México se realiza fuera del marco de la transparencia y rendición de cuentas, lo cual resulta profundamente negativo para la independencia de este máximo tribunal. El sistema de nombramiento actualmente existente no incentiva a que se nominen a personas que satisfagan los requisitos de imparcialidad e independencia, que se tome en cuenta la trayectoria ética y democrática de las y los candidatos, ni tampoco a que se propongan las personas que tengan más experiencia y capacidad en cuestiones tan relevantes como lo es el conocimiento en el derecho de los derechos humanos”, puntualizaron.

Las OSC reiteraron su preocupación por lo sucedido en la última elección de ministro, y la llegada de Eduardo Medina Mora. Reiteraron que desde la sociedad civil organizada existe la demanda que la máxima institución de justicia en el país “sea integrada solamente por las y los profesionales más capaces, íntegros e idóneos”, y que no se encuentren en medio de conflictos de interés, así como fue señalado en el anterior proceso, donde Medina Mora resultó elegido como ministro.

“Abogamos por que quienes ocuparán el cargo de ministros no sean militantes activos de los partidos políticos y que carezcan de evidentes conflictos de interés.

La única manera para garantizar este resultado es a través de procedimientos de selección públicos, transparentes y participativos, basados en una rigurosa evaluación del perfil de los postulantes y trayectoria de quienes se postulan, tal como lo especifican estándares internacionales establecidos por el Sistema de Naciones Unidas, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, apuntaron.

En lo referente recordaron una de las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa. En dicha recomendación, integrada en el informe “Ayotzinapa: Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”, el GIEI asegura que “se debe establecer un proceso de selección y nombramiento de ministros que garantice la efectiva separación de poderes, inhiba la injerencia del Ejecutivo en el mecanismo de selección e incentive que se designen las personas que satisfagan los requisitos de imparcialidad e independencia”.

Las diversas organizaciones que firmaron la solicitud enviada a la Relatora Especial de la ONU enfatizaron que un proceso de selección de ministro que no garantice las condiciones para elegir a alguna persona con base al mérito o las capacidades, constituye un acto de simulación. Reiteraron que la solicitud enviada a la Dra. Mónica Pintor es para supervisar el proceso y dé seguimiento a las recomendaciones hechas al Estado mexicano en el año 2010 sobre el tema.

“Hicimos una respetuosa solicitud (…) para que en el ámbito de las funciones de su mandato, supervise el proceso de elección (…) dé seguimiento al cumplimiento por parte del Estado mexicano de las recomendaciones emitidas en 2010 por su mandato, particularmente las que se refieren a la adopción de medidas estructurales y legislativas para garantizar la plena independencia de los integrantes de los poderes judiciales estatales frente a los poderes ejecutivos y formule recomendaciones concretas al Estado mexicano con miras a proteger y fortalecer la independencia e imparcialidad del poder judicial.

“Consideramos que un proceso de elección de nuevos ministros de la máxima corte en México que no garantice las condiciones idóneas para seleccionar con base en el mérito y las capacidades de las y los candidatos; que no procure la multiculturalidad y equidad de género y que no sea público, claro y transparente en cada una de las etapas del proceso, con participación de la sociedad civil, constituye un acto de simulación para la construcción democrática de las instituciones del país, y atenta contra la separación de poderes y el estado de derecho”, finalizaron.

Cabe destacar que entre las organizaciones que enviaron la solicitud se encuentra:Artículo 19, la Comisión Mesoamericana de Juristas, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), FUNDAR, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Evalúa y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

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