Quieren destruir lo que hemos hecho…

Publicado el noviembre 8, 2015, Bajo Derechos Humanos, Nacional, Autor Soquito.

Comunidad indígena en lucha.Ejército, Marina y PF negaron ayuda en persecución de sicarios.“Los templarios están vivos” Tres minas en Pómaro, móvil para el atentado contra Cemeí.

portada

Ostula, comunidad rica en minas y maderas preciosas, es blanco de bandas del crimen organizado, por lo que sus pobladores se armaron desde 2014 para defenderse del horror, que ha dejado 35 comuneros asesinados y cinco desaparecidos, cerros pelones por la tala ilegal y decenas de desplazados. La Policía Comunitaria se niega a aceptar el mando único que pretende imponer el gobernador perredista Silvano Aureoles. “Estorbamos al gobierno para saquear las minas”, acusan.

Aquila, Mich.

El 25 de mayo pasado Cemeí Verdía fue emboscado en La Cobanera, pequeña comunidad entre la cabecera de Ostula y la carretera 200. En el ataque resultó herido Juan Manuel Satién Cándido, escolta de Verdía. En el lugar, los comunitarios encontraron cartuchos percutidos, pero no huellas de vehículos, por lo que iniciaron la persecución.

Germán Ramírez, su remplazo al frente de la Policía Comunitaria, cuenta que la búsqueda a la que siguieron varios choques duró hasta pasadas las 10 de la mañana del día siguiente.

En Coahuayana, el comandante Marino afirma que apenas ocurrió el ataque solicitaron la ayuda de todas las corporaciones federales. “El Ejército estaba en la casa de Lico (jefe templario prófugo). Fui y nos dijeron que no podían ir porque no tenían autorización”. Lo mismo ocurrió con la Marina y la Policía Federal.

En la madrugada, los comunitarios cercaron a los pistoleros.

“Le estaba tirando a uno del lado izquierdo y no vi al otro que me tiró una ráfaga. Afortunadamente nada más me dieron dos”, dice Marino, cuando muestra las cicatrices.

Marino vive en el cuartel de Coahuayana. En su cuarto muestra la radiografía donde se ven cuatro tornillos y un montón de pedacitos de metal que le dejaron el brazo inútil: una evidencia de que las autodefensas tienen razón cuando dicen, como Marino, que “los templarios están vivos y van a querer dañar”.

Tras recibir los tiros Marino ya no supo nada, pero sus compañeros de armas le contaron que uno de los sicarios quedó malherido y que, en su agonía, “se arrepintió y dijo quiénes les habían pagado”.

El sicario dio dos nombres: Juan Hernández, presidente municipal de Aquila, y José Antioco Calvillo, maestro rural que encabezada la autodefensa de Huahua, adscrita a la encargatura de Pómaro.

“Aquí nos vino a chillar, quesque El Flaco (Alejandro Mendoza Álvarez, jefe templario) lo quería matar. Y hasta por allá arriba fuimos a sacar a su familia.

“Nunca nos dimos cuenta de que era gallo-gallina y nos traicionó”, se lamenta todavía Marino.

Del interrogatorio al que sometieron a Antioco sacaron en claro que “lo habían sembrado para que pasara información; ahora sabemos que le llegaron al precio, le daban 15 mil mensuales”, afirma Agustín Vera.

Tanto el alcalde como Antioco fueron encarcelados, pero ambos están libres desde mediados de octubre.

En el interrogatorio, Antioco aseguró que el móvil para atentar contra Cemeí fue la explotación de tres minas en la comunidad de Pómaro que estaban planeando el alcalde, Jesús Peralta (miembros del grupo Los Viagras), y Adolfo Eloy Peralta, subsecretario de Seguridad Pública estatal dejado en el cargo por el comisionado Alfredo Castillo.

Según el relato de Antioco, el alcalde ofreció medio millón de pesos por la cabeza de Verdía, además de la promesa de que su grupo recibiría poco más de 70 mil pesos mensuales una vez quitado el obstáculo y cuando las minas comenzaran a ser explotadas.

Ya en la cárcel Antioco negaría todos los cargos y diría que fue torturado y amenazado por los hombres de Verdía tanto para declararse culpable como para incriminar al alcalde de extracción priísta porque los de Ostula habían decidido jugársela con el PRD.

“Así que ahí tiene: el que protegía al pueblo está en la cárcel, mientras el ex presidente municipal, que es un asesino, se la pasa en Colima a sus anchas. Y mientras Antioco está en su pueblo donde lo cuida la Fuerza Rural”, dice Vera.

Tras el ataque, el gobierno de Michoacán, entonces encabezado por Salvador Jara, emitió un comunicado en el que afirmó que personal de la Fuerza Rural sostuvo un enfrentamiento en el que murieron dos comunitarios y cuatro sicarios, a quienes identificó como integrantes de la “estructura criminal” de Federico Lico González.

Sin embargo, luego acusaría a Cemeí de homicidio. La juez lo exoneró por este caso aunque precisó que podían presentarse nuevas acusaciones.

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Por: Arturo Cano.
Foto Arturo Cano.
Fuente: La Jornada.

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