No es necesario otro peritaje en Cocula; si quieren conocer la verdad, nos dejarán entrevistar a militares: GIEI

Publicado el noviembre 7, 2015, Bajo AYOTZINAPA, Autor LluviadeCafe.

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Con el objetivo de continuar en su labor coadyuvante en torno al caso del ataque a los normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes-designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- presentó este viernes 6 de noviembre las características que tendrá la segunda etapa de su trabajo en México, luego que la CIDH hiciera oficial la extensión de su mandato por seis meses más para seguir aportando elementos que conduzcan a la verdad de lo acontecido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Con la presencia de cuatro de sus integrantes-Ángela Buitrago, Carlos Beristaín, Francisco Cox y Alejandro Valencia-, el GIEI dio a conocer el contexto del que parte esta nueva etapa. Precisó que en los últimos meses, a pesar de que no era oficial la prórroga de su mandato, continuó trabajando.

En primera instancia, el GIEI reiteró su posición ante la intensión de la Procuraduría General de la República (PGR) de realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, luego que fuera desmentida la “verdad histórica”. Los enviado por la CIDH calificaron como innecesario un nuevo análisis “pues ya fue evaluada en el estudio solicitado por el GIEI al Dr. José Torero (y) muestra la imposibilidad de dicha acción (la incineración de los normalistas) en los tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados”.

Ante la decisión de realizar el nuevo análisis, los expertos establecieron algunos criterios, entre ellos, que el personal seleccionados para su elaboración “tenga el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto”. El GIEI entregó una lista de nueve expertos como propuestas para encarar el nuevo peritaje.

En cuanto a las nuevas rutas a seguir en las pesquisas, los integrantes del GIEI dieron a conocer diez líneas de investigación. En este sentido, para continuar con el trabajo, el GIEI pidió a las autoridades proporcionar las pruebas e información solicitadas por los expertos desde su arribó a México en el mes de marzo, ya que a la fecha no han sido entregadas.

Entre las diez líneas de investigación propuestas por el GIEI se destaca: la investigación del quinto autobús como hipótesis del caso; la evaluación de los datos existentes de telefonía tanto de los normalistas como de los inculpados; la investigación sobre manejo y control información del C-4; la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona; así como agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes.

También el GIEI destacó la necesidad de evaluar las denuncias de los detenidos como presuntos culpables y determinar si existió tortura o tratos crueles e inhumanos para obtener sus declaraciones. Además, propusieron investigar de manera “más sistemática” los casos de desaparición forzada en la zona de Iguala para tener “una evaluación conjunta de los casos y el modus operandi de los perpetradores”.

De igual forma, los expertos propusieron “nuevos cateos y evaluar diversos lugares”, entre estos se consideran trayectos y sitios donde pudieron haber sido llevado los estudiantes normalistas, “más allá de las fosas”.

“Acerca de las fosas, es necesario hacer un mapa de fosas y utilizar tecnología adecuada. Desde marzo, el GIEI solicitó mapas satelitales y la búsqueda con tecnología LIDAR en posibles fosas y alteraciones en el terreno de Pueblo Viejo y La Parota y otras zonas. Hasta la fecha estas diligencias no se han realizado.

“La compilación de toda la información disponible y la participación de organizaciones de víctimas que cuentan con información relevante son claves para tener un plan de investigación efectivo en estas hipótesis de búsqueda. Los recientes hallazgos de Carrizalillo muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en el estado de Guerrero”, manifestó el GIEI.

Por otro lado, los expertos destacaron la importancia de obtener la información sobre los hornos crematorios de la región. Aseguraron que estos datos son claves debido a las cenizas encontradas en el basurero de Cocula y en el rio San Juan. “Hasta la fecha solamente se ha obtenido información parcial de crematorios privados y estamos a la espera de que se complete la información sobre este tema”, denunciaron.

Entrevistas con los militares

Los integrantes del GIEI hablaron sobre su intención de entrevistarse con los elementos castrenses del 27 batallón. Demandaron que entre los meses de agosto y septiembre, doce militares fueron interrogados por las autoridades, aunque, señalaron, estas diligencias no fueron informadas al GIEI.

“El GIEI tuvo conocimiento de que 10 militares del Batallón 27 de Iguala se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones el 26 de agosto, una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó al Grupo ninguna información sobre la realización de estas diligencias, Posteriormente, el 11 de septiembre, después de la publicación del Informe Ayotzinapa, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR”, apuntó.

El GIEI añadió que en el mes de septiembre dos soldados ampliaron su declaración. Los expertos dieron a conocer que evaluaran la información recabada de estas diligencias para determinar si continuará con la intención de tener encuentros directos con los militares.

“El Grupo evaluará dichas declaraciones y tomará su decisión sobre los pasos a dar para investigar de forma efectiva los hechos siguiendo los estándares de investigación en casos de derechos humanos”, señalaron.

En lo referente Francisco Cox, criticó la posición del Estado al negar la entrevista directa con los militares, toda vez que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidiera-en un tono retador-a los expertos que dijeran qué paso con los normalistas y cómo sucedieron los hechos. Consideró que si el gobierno quiere llegar a la verdad tendrán que permitir las entrevistas con los elementos castrenses.

“Vamos a revisar las diligencias con militares y evaluar si es que sigue siendo necesario tomar declaraciones. Si lo consideramos así vamos a seguir insistiendo en el punto porque creemos que justamente como lo solicita el secretario Osorio Chong, tenemos que determinar qué ocurrió y cómo ocurrió y no puede ser que entonces exista al interior del Estado una contradicción tan grande de que una fuente de información se nos prive como posible línea a determinar, tanto para la búsqueda como hallar la verdad.

“Asumimos por lo tanto que si es necesario, finalmente se nos dará acceso a eso (entrevistar a militares), toda vez que como dijo Osorio Chong tengamos que determinar qué paso con los muchachos y eso es una labor tanto de nosotros como expertos, como del Estado mexicano”, señaló.

Por su parte, Carlos Beristaín detalló que el pasado 5 de noviembre apenas se concretó el traslado de la investigación a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la PGR. Subrayó que desde su llegada a México, el GIEI ha hecho avanzar la investigación.

Por otro lado pidió “no volver atrás en las cosas que sí sabemos”. Reiteró que las hipótesis sobre la intención de los normalistas de ir a boicotear un acto político o que forman parte de algún grupo del crimen organizado están descartadas.

“Hemos señalado en el informe las cosas que sabemos que sí pasaron y ahí dijimos algunas cosas de por qué los normalistas fueron a tomar buses, en qué circunstancias se dio, que no iban a boicotear ningún acto político, que no se trataba del crimen organizado, que había conocimiento de la acción de los normalistas esa noche.

“Lo que sí consideramos es que no se vuelva atrás en esas cosas, y si hay nuevas pruebas para evaluar las cosas, deberán ser tomadas en cuenta, pero que no se vuelva atrás en términos de la definición de cosas que sí sabemos que pasaron, sólo en base a versiones poco contrastadas o distorsionadas de la realidad y eso hemos hecho énfasis en las autoridades”, dijo en relación a los comentarios que han tratado de desprestigiar la investigación.

Sobre esto último enfatizó que el GIEI no hace caso de “valoraciones” e invitó a los detractores de su trabajo a aportar pruebas si las tienen.

“En cuanto a valoraciones (que se han presentado) lo que hemos dicho es que la gente lea el informe, y si hay algo que discutir se basen en los datos que el propio informe otorga. Para nosotros no es de recibo las opiniones o declaraciones genéricas que hacen valoraciones sin ningún tipo de sustento, no nos llegan, no creemos que el debate sea este e invitamos a la gente que tenga elementos para discutir que los ponga encima de la mesa con las consistencia y claridad como lo ha hecho el GIEI desde el primer momento como parte de una investigación del más alto nivel”, dijo.

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