Comunidad Lacandona sufre hostigamiento; empresas y gobierno buscan desplazarlos para otorgar concesiones a privados

Publicado el noviembre 5, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

lacandones
Imagen:Chiapas.gob.
REVOLUCION 3.0
De cara al inicio de la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, los agravios en contra de las comunidades indígenas de este país persisten, a pesar de que en su discurso, el priista de extracción mexiquense ha prometido velar y proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Al respecto, la comunidad Lacandona del municipio de Ocosingo, Chiapas, denunció que existe un nuevo atentado en su contra. Demandó el intento, por parte del gobierno federal y estatal, así como de la iniciativa privada,  por desplazarlos de su territorio, con el objetivo de concesionar esas tierras a empresarios y abrir paso a sus negocios.

Emilio Bolom Gómez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Lacandona, manifestó que  “los altos funcionarios” del gobierno federal y estatal han presionado a los integrantes de esta comunidad para “aceptar dentro de nuestro territorio una serie de asociaciones civiles disfrazadas de conservacionistas, cuando en realidad sabemos que lo que buscan es el acaparamiento de extensiones de tierras para sus negocios”.

El integrante de la comunidad recordó que por decreto 614 mil 321 hectáreas son propiedad de la comunidad. Estos territorios contemplan  la Selva Lacandona, lugar calificado como un tesoro de la biodiversidad en México.

En lo referente, Botom Gómez denunció las concesiones que se han entregado sobre los terrenos de la Laguna Miramar, así como del lago Metzabook, mismos que tienen un plazo de 20 años.

“Puntualmente pedimos al gobierno federal, estatal, y municipal, respetar nuestros derechos consagrados en la Constitución, en la OIT, así como en la declaración de pueblos indígenas y tribales de la ONU a tener libertad de nuestras decisiones en  nuestro territorio”, señaló.

“La comunidad Lancandona en hostigamiento constante”

En palabras de José Jacobo Femat, presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP), desde hace varios años los integrantes de la comunidad Lacandona han sufrido “hostigamiento oficial”, por parte del gobierno y de empresas.

“La situación de la comunidad  Lacandona, de Ocosingo, Chiapas, es que desde hace varios años ha tenido un hostigamiento oficial, y de empresas y asociaciones particulares como la Asociación Civil Na Bolom, la Ecologyc, y Natura Ecosistemas Mexicanos que encabeza la Dra. Julia Carabias (…) Ellos han buscado tener el control de la comunidad a partir de comprar a los líderes y acciones de hostigamiento. ¿Y cuál es el motivo? , que se les concesionen el territorio”, señaló.

Detalló que en su afán por buscar que la comunidad Lacandona ceda el territorio, han emprendido diversos ataques en contra de la población, entre ellos Gabriel Montoya Oseguera, asesor de la comunidad. Entre otras cosas, explicó, a Montoya Oseguera lo han encarcelado con acusaciones falsas y además han existido intentos de homicidio.

“Han llegado a extremos en contra de la comunidad incluso de promover hasta un auto secuestro con la finalidad de señalar como los responsables a los representantes de esta comunidad y de incluso llevar a la cárcel e intentar asesinar al asesor de esta comunidad, el compañero Gabriel Montoya Oseguera. En tres ocasiones ha sido detenido: primero se le acusó de obstrucción de vías de comunicación. Estuvo varios meses preso; luego el siguiente año estuvo preso supuestamente por el asesinato de una persona; y el año pasado estuvo detenido diez meses acusado del supuesto secuestro de la Dra. Julia Carabias. Todas son acusaciones inventadas que han tenido como objeto desvirtuar a la comunidad y mantenerla dividida”, expuso.

El dirigente señaló a Julia Carabias como la principal interesada en desarrollar negocios con la biodiversidad de la zona. Dijo que bajo el pretexto de “rescatar” el ecosistema, se ha metido a la comunidad y busca extender su “negocio”.

“La comunidad Lacandona originalmente fue dotada de 614 mil hectáreas. Y ahí se encuentra uno de los observatorios de monitoreo ambiental que incluso la comunidad ha aceptado concesionarlo durante cierto tiempo a Julia Carabias, pero ella no está contenta con eso, ha buscado la concesión de otros espacios, entre ellos a laguna Miramar, el lago Metzabook y las cascadas, que son un corredor biológico pero en donde ella no está preocupada tanto por la ecológica sino por el negocio que puede hacer con la biodiversidad y el corredor turístico que se genera en esta región hermosa de Montes Azules y que le pertenece originalmente a la comunidad Lacandona”, señaló.

Subrayó que esta clase de proyectos están apoyados por el gobierno de Manuel Velasco Coello. Recordó que la comunidad Lacandona lleva más de cinco mil años en esa zona, y han permanecido ahí antes que se consolidara México como nación.

“Es un tema grave, particularmente cuando se trata de un enorme territorio donde se conserva la biodiversidad más importante del país, que es una comunidad además originara de los Mayas (…) no es posible que las empresas extranjeras o de mexicanos traidores estén buscando desplazar a los indígenas con el apoyo de las autoridades estatales y federales”, manifestó.

Por otro lado, aseguró que este intento de desplazar a las comunidades se inserta en el marco de las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto.  Además, dijo, casos como este se viven en todo el país.

“Hace 25 años se instrumentó la reforma que acaba con la propiedad social y la tierra la convierte en una mercancía. En ese tenor y por encima del acuerdo 169 de la OIT, y el artículo 2 de la Constitución, el gobierno busca obligar a la comunidad para concesionar el territorio, la selva, la biodiversidad, a las grandes empresas transnacionales.  Lo mismo está haciendo en otras comunidades. Es decir es una presión de las empresas multinacionales de acabar con la organización comunal de los pueblos originarios, y están violentando la ley y la Constitución”, dijo.

Ordenamiento territorial

Los integrantes de la comunidad Lacandona demandaron que en los últimos años las autoridades federales se han negado a resolver el problema del ordenamiento territorial. Señalaron que el hecho que el gobierno no haya establecido de manera clara los límites para definir el territorio perteneciente a los mayas lacandones ha traído problemas, uno de ellos la “depredación” de la selva.

“La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tiene la obligación de hacer el ordenamiento territorial de todos los ejidos y comunidades, pues a pesar de que tenemos acuerdos firmados por ellos desde hace varios años,  no hemos logrado que ejecute estos acuerdos, no hemos logrado que se termine el señalamiento de los linderos de esta comunidad, y por ahí pasan los depredadores de la selva, pasan los taladores de la selva que luego tienen guías otorgadas por la PROFEPA, por SEMARNAT y luego acusan a nuestros compañeros (lacandones) de estar saqueando la selva. La gente  de la comunidad no tiene aserraderos, ni negocios con gente de fuera, y tenemos por lo menos ocho compañeros firmando cada quince días porque tienen procesos penales supuestamente por talar la selva”, señaló Jacobo Femat.

En este sentido detalló que faltan 50km de territorio por delimitar, mismos que, asegura, pertenecen a la comunidad Lacandona. Manifestó que a pesar que desde 2008 se firmó un acuerdo con Sedatu para resolver el problema, a la fecha no se ha cumplido.

En lo referente, expuso que lejos de encontrar una solución por parte del gobierno, las autoridades siguen faltando a los derechos de la comunidad Lacandona. Aseguró que en últimas ocasiones han descubierto que representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, así como funcionarios de Semarnat y la empresa Natura Ecosistemas Mexicanos, han tenido reuniones para decidir el futuro del territorio de la comunidad Lacandona, esto sin presencia de algún integrante del pueblo.

“La última ocasión que hablamos con el subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Gustavo Cárdenas, ha dicho que esta con la comunidad, pero no hay respuesta clara. Nos reunimos la semana pasada y no hay fecha para los inicios de trabajo. Por el contrario, nos enteramos que Segob encabeza reuniones en paralelo con el gobernador de Chiapas, con empresarios, con funcionarios de Semarnat y Natura, de tal manera que están pensando el futuro de la comunidad Lacandona sin que la comunidad sea informada. Esta es una violación a los derechos de los pueblos originarios.

“El interés privado está haciendo que los gobernantes se pongan de tapete con ellos y busquen su desplazamiento de la región. Julia Carabias, por otros medios, buscó desacreditar a la comunidad como depredadores. Pueden hacer la visita y pueden ver que la comunidad hacen labores de conservación, pero las autoridades no reconocen esto”, señaló.

Por otro lado recordó que la Selva Lacandona posee yacimientos de oro y petróleo, razón que “aumenta” el riesgo de que el gobierno intente imponer megaproyectos en la zona. Además que esta región se perfila como una de las que se “aprovecharan” debido a la desertificación que vive el norte del país.

“La información que tenemos es que la selva Lacandona además de ser un gran fondo de biodiversidad, tiene yacimientos de oro, de uranio, petróleo, y gas en toda esta región. Y además estratégicamente los estudios de la desertificación del territorio mexicano, el avance de la desertización de norte sur, se prevé que las zonas mayor humedad que se mantendrán son Oaxaca, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, por lo que la orientación del gobierno federal de impulsar megaproyecto en la zona sur sur-este ya está en marcha.

“Tenemos conocimiento que esta comisión que estudia el problema de la Lacandona y de Montes Azules tiene 2 años reuniéndose, planeado el ‘aprovechamiento’ de la región y el obstáculo para ellos ha sido la representación de la comunidad que no han permitido concesionar, entregar, que no ha permitido avanzar con esa depredación y enajenación del territorio y por eso han buscado eliminar a algunos de sus miembros, también ha habido amenazas de muerte para el comisariado de bienes comunales”, apuntó.

“Nos culpan de la depredación de la selva”

Marcelo Chambor Chenor, secretario tesorero del Comisariado de Bienes Comunales, demandó que el gobierno estatal y federal, así como las empresas intercedas en intervenir en territorio lacandón,  ha responsabilizado a los indígenas de esta comunidad de la depredación de parte de la selva así como de la reserva de la biosfera de Montes Azules.

Enfatizó que los integrantes de la comunidad, lejos de estas acusaciones, han buscado la preservación de la selva. Demandó que las acciones de depredación son avaladas de una u otra forma por el gobierno.

“Donde estamos se encuentra la selva más importante que existe. El gobierno dice que la está protegiendo, pero no es así, ya hemos perdido 161 mil hectáreas y dónde quedó lo que dijo el gobierno que la protege. Nosotros hemos tratado de proteger hasta donde podemos.

“Estamos pidiendo a nombre de los Lacandones, Tzeltales, Choles, Jakalteko, Tzotziles, y todos los que habitan en la selva lacandona que nos respeten a nuestro territorio, usos y costumbres, y a EPN cumplir su palabra de respetar a los pueblos indígenas de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales”, apuntó.

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