Edomex es uno de los más represores, en donde se ha vivido hostigamiento, represión y encarcelamientos: Xochicuautla

Publicado el noviembre 3, 2015, Bajo Nacional, Autor LluviadeCafe.

ERUVIEL AVILA
REVOLUCION 3.0
En el Estado de México el clima de represión, persecución y hostigamiento en contra de quienes alzan la voz y luchan por la defensa de sus derechos ha ido en constante aumento, a tal grado que hoy en día esta entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas se posiciona como una de las tres entidades con el mayor índice de ataques a luchadores sociales.
De acuerdo a Carlos Sampedro, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros (CDHZL), hoy en día sólo Puebla supera al Estado de México en materia de represión y persecución de líderes sociales. En este sentido según datos del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Puebla es la entidad con el mayor número de presos políticos y cuenta con más de la mitad de todo el país.

En lo referente, Carlos señaló que el panorama de acoso hacia los luchadores sociales en el Estado de México no se traduce necesariamente en presos políticos, sino en ataques, agresiones, actos intimidatorios, entre otros.

“El Estado de México es una de las entidades  donde hay más persecución contra luchadores sociales. Solamente le gana Puebla, que Puebla ya es un caso extremo en cuanto a presos políticos. Pero no sólo hablamos de presos, en el Estado de México hay constante agresión que no se traduce en que recluyan a algún luchador social, sino que también se traduce en que hay hostigamiento constante, amenazas constantes contra todo aquel que se atreve a levantar la voz contra los atropellos del gobierno estatal”, señaló al participar en el Foro de personas perseguidas y presos políticos.

Dentro del panorama de represión que padece el Estado de México, uno de los objetivos más frecuentes de estos ataques son los pueblos y comunidades indígenas que hoy en día defienden su territorito.

El último de los casos dados a conocer es la embestida en contra de la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla. Desde hace 9 años este pueblo indígena ha resistido ante la intención de imponer un proyecto carretero, sin embargo el pasado 9 de agostos se vivió uno de los momentos que más llaman la atención, pues Enrique Peña Nieto emitió un decreto expropiatorio que pretendía arrebatar las tierras a los pobladores de esta región.

Así como el caso de San Francisco Xochicuautla, se repiten otras más a lo largo y ancho de territorio mexiquense, en donde la constante es la persecución en contra de quien defiende sus derechos.

“El Estado de México, uno de los más represores”

En palabras de José Luís Fernández, integrante de la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, hoy en día el Estado de México es uno de los más represores, puesto que el hostigamiento en contra de quienes defienden en el territorio está “a la orden del día”.

Añadió que el gobierno mexiquense es cómplice de las empresas, con las que buscan imponer megaproyectos, sin tomar en cuenta la voluntad de la ciudadanía, sobre todo de aquellos que se ven afectados con la construcción de las obras.

“Ustedes deben saber que es cierto que el Estado de México es uno de los más represores, en donde se ha vivido mucho hostigamiento, mucha represión, persecución y encarcelamientos; sin olvidar lo que paso con nuestros compañeros de san Salvador Atenco hace algunos años. Decir que el gobierno y las empresas se han empecinado en realizar, pero más en imponer, proyectos o megaproyectos de diferentes tipos. Esta gente lo ha hecho siempre sin el consentimiento, sin el permiso de las comunidades. Por lo tanto ha quedado bien claro las violaciones a nuestros derechos humanos y a nuestros derechos indígenas”, señaló.

José Luís Fernández, recordó que la lucha de San Francisco Xochicuautla lleva nueve años. Enfatizó que el caso que aqueja a esta comunidad Otomí es un reflejo de lo que pasa en todo el país: violaciones y agravios a las comunidades que resisten.

“En el caminar Xochicuautla lleva nueve años en lucha (…) es un espejo de lo que se está viviendo en todo el país: las violaciones constantes, sistemáticas a los DDHH y derechos indígenas. Y es por eso las persecuciones hacia nosotros, pero queremos decir que vale la pena hacerlo, es cierto que nosotros defendernos nuestro territorio, pero es bien cierto que es de todos. (Xochicuautla) se contempla como santuario del agua, nuestra región es una zona importante de captación de agua (…) Decirles que al defender el  territorio, el territorio para nosotros es la cultura, son nuestros usos y costumbres, nuestra lengua, nuestra economía por eso nos ha quedado claro que tenemos que defenderla”, dijo.

El integrante de la comunidad Otomí subrayó la importancia de difundir y hacer del conocimiento de toda la sociedad las luchas que los pueblos y comunidades hoy en día mantienen en defensa se los territorios y la naturaleza. Detalló que así como Xochicuautla, las otras comunidades en resistencia viven en el peligro constante de la represión.

En este sentido, llamó a la ciudadanía a estar pendiente de lo que suceda en lugares como Colotepec, Magú, Cahuacán o Xochicuautla, donde la represión puede darse en cualquier momento como consecuencia de la defensa que han emprendido las comunidades.

“Pedimos también que estén pendientes porque después de nueve años de lucha, después de nueve años donde la empresa y el gobierno han pretendido trabajar con todas las ilegalidades, porque hay asambleas que se hicieron de comuneros (…) pero que en esas asambleas cuando se decidió el paso del proyecto (por Xochicuautla), sólo fueron unos cuantos comuneros, que no representan a la comunidad, fueron totalmente ilegales.

Para completar esa ilegalidad y justificar el despojo, en el mes de agosto se emite un decreto presidencial…porque ellos sabían bien que no iban a poder pasar su proyecto (y por eso) emiten un decreto expropiatorio completamente ilegal. Ellos dicen que se consultó a la comunidad, cuando nos ha quedado bien claro que la consulta tiene que ser previa, libre e informada. El decreto dice que se consultó en el mes de julio de este año. Cuando nos dicen que son terrenos de agostadero, nos queda claro que son terrenos de cultivo, bosques y hay terreno hasta con casas”, detalló.

José Luis Fernández que la lucha de la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla se mantendrá “hasta las últimas consecuencias” para que el proyecto de la autopistaToluca-Naucalpan no pase “y destruya más al medio ambiente; exigimos un alto al ecocidio, y exigimos la detención total del proyecto”.

La lucha por el bosque Otomí

El pueblo de San Francisco Magú, al igual que la comunidad de Xochichuautla, se encuentra en defensa de su territorio, ante el intento del gobierno y la compañía Merket Construcciones por desarrollar un complejo habitacional en el bosque de esta comunidad Otomí en el Estado de México.

Berenice Sánchez, integrante de esta comunidad indígena-localizada en el municipio de Nicolás Romero-, detalló  que el proyecto planteado busca construir alrededor de 11 mil viviendas, lo cual implica la devastación de 184 hectáreas de bosque de la comunidad Otomí. Señaló que ante tal atentado, la comunidad ha emprendido la lucha, sin embargo, dijo, esto ha costado represión. Subrayó la importancia que tiene este bosque para la captación de agua.

“Soy indígena Nahua-Otomí, del pueblo de San Francisco Magú. Nuestra lucha en breves palabras se traduce en la defensa de nuestro futuro y del futuro de nuestros hijos. Pero no sólo hablamos del futuro de nuestro pueblo, sino del planeta (y) sin ser egoístas, del futuro de los propios hijos de los políticos que nos mal gobiernan.

“El día en que nuestro bosque empezó a ser talado, sin saber de qué se trataba, sabíamos que teníamos que levantarnos y luchar hombro a hombro, codo con codo, para que el agua se preserve, no sólo en nuestro territorio. Estos bosques son vitales no sólo para el municipio de Nicolás Romero, sino para el mundo (…) En nuestro bosque se busca instalar alrededor de 11 mil viviendas, y hemos encontrado cartas de anuencia municipal, en los que se establece los permisos para la perforación de todos los pozos que sean necesarios”, señaló.

En este sentido, Berenice Sánchez habló sobre el ataque que sufrió junto con un grupo de compañeros de la comunidad. Detalló que fueron agredidos físicamente por sujetos desconocidos.

“El 8 de marzo un grupo de compañeros y yo fuimos víctima de un ataque por parte del gobierno (…) fuimos brutalmente golpeados. Actualmente estamos enfrentando alrededor de siete cargos; a través del MP se ha querido llegar a procesos de conciliación con las partes que nos están acusando. Sin embargo esta conciliación quiso implicar, olvidar, que nuestra asamblea general es la máxima autoridad dentro de nuestro pueblo y eso es algo que no podemos permitir, porque sería, implicaría que nosotros mismos estamos traicionando los acuerdos, los mandatos de esa máxima autoridad, que en un momento dado de la lucha decidió destituir algunos representantes por estar favoreciendo los intereses de la inmobiliaria”, dijo.

La integrante de esta comunidad demandó un alto a las políticas “genocidas” que ha implementado el gobierno priista del Estado de México. Pidió respeto para los pueblos que hoy en día tienen que resistir ante los intentos de despojo.

“De eso se trata nuestra lucha. En nuestro pueblo se nos trata de imponer la construcción de este fraccionamiento llamado bosques del paraíso, que pretende la devastación de 184 hectáreas de bosque, dentro de las cuales corre un canal de agua de manantiales, que sale desde la comunidad de Cahuacán, y esta agua es vital para la siembra, la continuidad de nuestro modo, de nuestra forma de vida.  Por eso decimos ya basta de políticas genocidas por parte del gobierno mexicano. Nosotros el día de hoy estamos reivindicando nuestra existencia como pueblo indígena Otomí y sin embargo ese derecho se nos es negado (…) Nosotros decimos permanecer en la lucha y seguiremos resguardando nuestros derechos”, dijo.

Recordó que la comunidad de San Francisco Magú, se rige por usos y costumbres. Además que cuenta con sistemas de administración autónoma de agua potable.

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