Isla Holbox en Quintana Roo, un paraíso natural en peligro.

Publicado el marzo 27, 2015, Bajo Nacional, Noticias, Autor Ocelotl.

Holbox

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Marlene Mondragón/25 marzo, 2015

Los habitantes de la Isla Holbox caminan sin prisa, el paisaje paradisiaco siempre acompaña sus actividades cotidianas; entre aguas azul celeste, parvadas de gaviotas y carritos de golf sobre caminos de arena blanca, el tiempo parece ser generoso. Parte de las familias que habitan la isla hablan lengua maya, sus facciones son testimonio de la cultura ancestral que aún sigue habitando la Riviera Maya.

Además de la pesca como actividad sustentable de la cual viven muchas familias, la economía que prolifera en la isla es de servicios; muchxs se mantienen de trabajar como mucamas, albañiles o taxistas (para la creciente industria hotelera) o bien como guías turísticos acompañando a los visitantes a nadar con manatís, con el tiburón ballena –del cual la isla es considerada santuario– y enseñando la gran diversidad de aves que se refugian en la orilla de los mangles.

La Isla Holbox está ubicada dentro de la reserva ecológica Yum Balam –que significa en la lengua maya «señor Jaguar»– y cuenta con una extensión 40km de largo por 2km de ancho que recorren desde la franja costera de la porción continental del municipio de Lázaro Cárdenas hasta la laguna de Yalahau, en el estado de Quintana Roo.

Fue decretada Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) en 1994 por el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, lo que según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) permite que las actividades de la isla estén relacionadas con la «preservación, desarrollo sustentable de la comunidad, investigación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la región y de algunas especies». De esta forma Holbox quedó bajo la administración de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO). Esta recategorización ha sido una forma de legitimitar el despojo del territorio y el detrimento ambiental ya que, de facto, abre el camino a cambios arbitrarios bajo el argumento de que las modificaciones «deberán sujetarse a los lineamientos establecidos en el programa de manejo del área y a las disposiciones jurídicas aplicables» que suelen ser ambiguos y depender del dirigente en turno.

Sin embargo, para ser autorizado, todo proyecto (público o privado) debe cumplir con el Reglamento de Impacto Ambiental correspondiente, según los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Si bien esta medida ha sido burlada en otros casos de megaproyectos que devastan el medio ambiente, aún significa un obstáculo para los empresarios que buscan manipular y beneficiarse de su entorno a toda costa.

Comienza el fraude

La tranquilidad de los pobladores de la isla se fracturó cuando políticos y empresarios se dieron cuenta que tenían un pequeño paraíso por explotar. La imposición del desarrollo turístico comenzó a mediados del 2005 cuando Félix González Canto, el entonces gobernador priísta de Quintana Roo, ofreció un plan de titulación –proceso legal que facilita que la propiedad pase de ser ejido a propiedad privada, beneficiando a los que tienen el capital para su adquisición– y un fideicomiso que resultó ser un contrato con el cual convencieron –en 2008– a aproximadamente 70 de los 116 ejidatarios de la isla para transmitir los derechos agrarios de sus parcelas (aproximadamente 4.5 hectáreas de cada uno) a otra persona (ya fuera física o jurídica) para que ésta administrara o invirtiera en propiedades para beneficio propio o de un tercero. Una de las personas beneficiadas resultó ser el empresario Fernando Ponce García, dueño del grupo Bepensa (empresa internacional con competencia significativa en diferentes esferas: automotriz, financiera e industrial, como por ejemplo ser la embotelladora peninsular de Coca-Cola).

Fernando Ponce García contó con el apoyo del ex-presidente Felipe Calderón para presentar el plan del proyecto «La Ensenada» en agosto del 2011 ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sin tomar en cuenta la Medida de Impacto Ambiental. El desarrollo turístico e inmobiliario «La Ensenada» orquestado por el consorcio Peninsula Maya Developments (propiedad del dueño de Bepensa) en contubernio con Peninsula Maya Group, propiedad de Ermilio Castilla Roche (yerno de Fernando Ponce García) y Germán Ahumada Russek del consorcio inmobiliario Casas ARA, pretendía desarrollar aproximadamente 866 villas y condominios, tres hoteles exclusivos, centros comerciales, canales y 69 hectáreas de supuestos «lotes de preservación».

En 2014 el conflicto recobró fuerzas ya que el fraude efectuado por los magnates en contra de los ejidatarios se agudizó debido a una asamblea espuria que se realizó el 1 de junio. En esa ocasión se dividió arbitrariamente la Isla Holbox en cuatro ejidos y se designaron prestanombres (familiares y amigos meridanos de los empresarios) como presidentes de los nuevos ejidos: Benigno Correa en Holbox, Miguel Velázquez Niera en Isla Holbox, Alejandro Canales en Península Holbox y Everardo Gracida Aquino en Punta Holbox.

En una asamblea posterior asistieron los falsos ejidatarios e impidieron el paso a los verdaderos (los que cuentan con los títulos de propiedad), esto provocó confrontaciones con los granaderos que custodiaban el lugar y consecuencias trágicas como el atropellamiento de un comunero y algunos lesionados por golpes y gases lacrimógenos. Ese mismo día, los isleños, consternados, tomaron el comisariado ejidal y la presidencia municipal, la cual devolvieron momentos después ya que fueron persuadidos por el mismo presidente municipal.

Método político de despojo

El 24 de julio del 2014, 12 avecindados –habitantes de la isla que no cuentan con ningún título de comunero o ejidatario ante la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)–, tres topógrafos y un estudiante «fueron a abrir unas brechas que les concedieron los ejidatarios para ocupar terreno en la zona de crecimiento urbano» señala Rodolfo Escamilla –hijo de ejidatarios–. Ese mismo día la Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) realizaron un operativo en el que –haciendo uso excesivo de fuerza– apresaron a las 16 personas a quienes posteriormente se les impuso auto de formal prisión al fincarles responsabilidad por devastar aproximadamente 573 metros cuadrados de terreno –hábitat de especies de mangle y palma chit–, privándolos de su libertad y llevándolos directamente a la cárcel donde se lleva acabo el proceso penal hasta que se demuestre su inocencia. Rodolfo Escamilla comenta: «La idea de ellos [Marina y PROFEPA] era agarrar a los ejidatarios o hijos de ejidatarios, pero les salió el tiro por la culata porque atraparon a los habitantes de la isla», también señala que previamente se manipuló la «escena del crimen» por parte de las mismas dependencias: «un día antes fueron y talaron mangle para depositarlo en el lugar donde irían los señores».

Después de 7 meses de arresto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hizo oficial su postura; el día 29 de enero publicó un comunicado en el cual avala que la detención «en flagrancia» de los 16 presos se realizó «sin que se violentaran sus derechos», apoyando así los argumentos enclenques de la PROFEPA donde los acusan de devastar mangle, mientras ignoran los intereses políticos y económicos que hay de por medio.

Posteriormente el día 3 de marzo, después de haber pasado 9 meses en prisión, tras obtener un amparo y pagar 10 mil pesos de multa, fueron liberados cuatro de los 16 presos políticos –los tres topógrafos y el estudiante– mientras que los 12 habitantes de la isla continúan encarcelados (cuatro de ellos sólo hablan maya). Los familiares de los presos políticos afirman que después de la liberación de los cuatro presos quisieron organizarse y ejercer su libertad de expresión realizando una manifestación en Cancún (para exigir la liberación de los 12 avecindados), sin embargo, el abogado de oficio Aguirre Bonfil designado por la Procuraduría General de República (PGR) –con sede en Quintana Roo–, amenazó a los presos y a sus esposas diciéndoles: «por las manifestaciones no salen [los presos]» y «si buscan apoyo por otro lado, menos obtendrán su libertad»; además la señoras señalan que sus mismos patrones les dijeron que «si apoyan las manifestaciones les quitarán el trabajo» [en los hoteles y en la alcaldía dónde prestan sus servicios haciendo el aseo].

El proyecto «La Ensenada» –trasfondo del fraude por el que se intenta perpretar el despojo del territorio, la devastación ambiental y por el que continúa la privación de la libertad de los 12 habitantes mayas– está varado dado que no pasó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero probablemente no por mucho tiempo. Los empresarios y sus secuaces políticos buscarán la manera de aprobar dicha evaluación independientemente de que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) señale por qué Holbox es un ecosistema en peligro al igual que las especies que lo habitan.

«Que los hermanos y hermanas indígenas que están luchando por sus tierras se organicen porque es la única forma para que nos respeten nuestros derechos, nuestras tierras; porque nosotros vivimos de la tierra, sin la tierra no podemos sobrevivir. Somos campesinos, somos pescadores, somos albañiles somos milusos de la nación y merecemos ser respetados porque somos los que le producimos a la nación, trabajamos para poder sobrevivir», comenta Roger Cauich habitante maya de Holbox y familiar de un preso político.

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