La «mano sucia» de la multinacional petrolera Chevron-Texaco – Entrevista a Jorge Jurado, Embajador de Ecuador en Berlín

Publicado el febrero 7, 2015, Bajo Noticias, Autor LluviadeCafe.

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Texaco (Chevron es su sucesor) ha extraído petróleo en Ecuador de forma exclusiva del año 1967 a 1992 sin preocuparse por el medio ambiente ni por la población local.

Al principio eran dos empresas, Texaco y Gulf Oil. Pero a mitad de los años 70, Gulf Oil se retiró. Así que, Texaco pasó a ser la cabeza del consorcio junto con la recién creada empresa petrolera del gobierno ecuatoriano CEPE (Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana).

Por aquel entonces Ecuador no contaba con ninguna experiencia en el ámbito de la explotación petrolera, por lo tanto, Texaco se hacía cargo de toda la gestión del proyecto. En la península de Santa Elena Ecuador tenía desde los años 40 una pequeña refinería en unos campos petroleros, pero era poca cosa. Ecuador se convirtió en un país explotador de petróleo en 1972, cuando se sacó el primer barril de petróleo crudo.

¿Qué dimensión tienen los daños ocasionados a la naturaleza y a la población?

Los daños se cuantificaron en términos de superficies contaminadas a causa de la extracción que se realizó durante esos 20 años, desde 1972 a 1992. Todas las actividades realizadas antes de 1972 pertenecían al ámbito de la búsqueda de petróleo. Texaco excavó 356 pozos de petróleo y abrió 1000 piscinas sin cubierta, dejando residuos de todo tipo dentro, sobre todo, petróleo, lodo de perforación y agua contaminada. Cuando la empresa abandonó el país llevó a cabo la limpieza de 162 de estas piscinas, lo cual le sirvió como pretexto para afirmar que se había realizado un saneamiento ambiental completo. Pero en vez de limpiarlas lo que hicieron fue echar tierra. Y el gobierno del presidente Mahuad tomó la muy desafortunada decisión de firmar el Acta de Finiquito para la limpieza de esas 162 piscinas. Se trata un documento muy irritante ya que no se menciona nada del resto de las piscinas. Es un contrato que no aclara la verdadera situación. Dicho de forma coloquial, fue una gran tomadura de pelo, una trampa en la que el gobierno de Mahuad cayó.

Chevron-Texaco formaba junto con la empresa estatal CEPE un consorcio y desde el año 1990 CEPE (actualmente Petroecuador) se encarga de la explotación por cuenta propia. Chevron-Texaco atribuye ahora toda la responsabilidad de la destrucción del medio ambiente a Petroecuador. ¿Pero cuál es la responsabilidad del Estado ecuatoriano?
Sí, esa es hasta hoy la opinión de Chevron, que es totalmente inaceptable por varias razones. El consorcio con CEPE existía, es cierto, pero la responsabilidad técnica y gerencial dentro del consorcio era única y exclusivamente de Texaco. Eran ellos quienes realizaban la extracción de petróleo. CEPE comenzó a hacer algunas extracciones muchos años después. La responsabilidad es, por tanto, de quien se encarga de la extracción y dispone de la tecnología y experiencia. Curiosamente, Texaco disponía de los conocimientos técnicos necesarios para realizar extracciones de forma razonable, ya que así lo hacían en California, donde existían regulaciones que todas las empresas debían cumplir. Ecuador entró a formar parte de los países petroleros en 1972, sin los conocimientos necesarios, sin institucionalidad y sin ninguna conciencia medioambiental. En aquella época aún no existía esta conciencia en muchas partes del mundo. El concepto de protección del medio ambiente comenzó y se expandió a partir de la década de los 70. Hay que tener en cuenta el contexto: Ecuador era un país agrícola, y lo sigue siendo, pero en aquella época la agricultura era su única fuente de ingresos. Así que, tanto el gobierno ecuatoriano como la población tenían gran interés en la explotación de petróleo, con la que obtener los medios necesarios para poder desarrollar el país. La sensibilidad sobre las causas y efectos de la contaminación ambiental empezaba entonces a surgir por aquella época. Durante esas dos décadas el país dio un salto cualitativo: nuevas formas de producción, de economía, etc. Todo esto llevó a que en los años 90 se elaboraran nuevas leyes ambientales y se crearan nuevas instituciones, como el Ministerio de Energía y posteriormente el Ministerio del Ambiente. Estos elementos iban surgiendo poco a poco alrededor de este nuevo problema y sus consecuencias cada vez más graves.
Es una argumentación muy simple la que utiliza Chevron hoy día para librarse de la responsabilidad. Existe una simetría muy clara y, si de verdad la empresa norteamericana hubiera tenido buena voluntad, se habrían aplicado los mismos procesos y técnicas que ya se estaban usando en California. Pero como por aquel entonces en Ecuador no existía ningún órgano de control para este tema Texaco decidió seguir el camino del «business as usual», es decir, máximas ganancias a costa de la población y el medio ambiente. Así de clara es la situación.

Tanto el proceso de Aguinda como el proceso de Lago Agrio son demandas civiles de las comunidades indígenas afectadas contra Chevron-Texaco.
Fue un proceso civil entre personas naturales y la empresa Chevron-Texaco, Aguinda y 1500 personas más de las comunidades indígenas. El Estado ecuatoriano no estaba implicado. Más tarde surgieron otros procesos, pero en un principio se trataba de un proceso puramente civil.

¿Con qué apoyos contaban las comunidades indígenas en este proceso que duró casi 20 años?

Aquí es necesario hacer una diferencia cronológica. Lo que voy a decir es complicado porque se trata de una situación que refleja la realidad de mi país. Pero es la realidad. Ningún gobierno anterior al año 2007 se había preocupado de proteger a las comunidades ecuatorianas en esta lucha de «David contra Goliat». Así que, solo contaban con el apoyo de un grupo de abogados norteamericanos, que obviamente tenían sus propios intereses en este asunto. En el sistema judicial americano los bufetes de abogados que actúan en las «class action» (demandas conjuntas) están interesados en apoyar una causa común por el notable beneficio que pueden sacar de ello.

El Estado ecuatoriano no pudo ejercer ninguna influencia en el proceso al tratarse de un proceso civil. No obstante, habría sido posible ayudar a los afectados de muchas otras maneras. Los gobiernos anteriores a 2007 estaban interesados en mantener una relación óptima con el gobierno de los Estados Unidos y con el capital transnacional. Por ello, evitaron hacer comentarios y se mantuvieron a la espera de que aquel asunto pasara sin prestar ningún tipo de ayuda a los afectados. Por ejemplo, hablamos de ayuda tan concreta y sencilla como proporcionar agua potable y limpia a los habitantes de la región contaminada. Así que, se dejó el problema en manos de las administraciones de las comunidades que, sin embargo, no disponían de fondos para tales programas. No tenían dinero ni para programas de ayuda ni para sanidad. Fue una clara muestra de que no existía voluntad política ni interés alguno por la situación de las comunidades indígenas de la zona.

Solo a partir del año 2007 los afectados comenzaron a recibir apoyo del gobierno del Ecuador. En septiembre u octubre de ese mismo año el presidente Correa fue el primer miembro del gobierno que visitó personalmente la zona contaminada.

Chevron-Texaco consiguió el traslado del proceso de Nueva York a Ecuador y a cambio se comprometía a aceptar la sentencia de los tribunales de Ecuador. Pero a pesar de que Chevron-Texaco fue condenado a pagar 9500 millones de dólares (alrededor de 6200 millones de euros) al día de hoy aún no han pagado nada, ¡más bien todo lo contrario! La empresa ha respondido con demandas contra las comunidades indígenas afectadas y con una demanda contra el Estado ecuatoriano. ¿Qué opina de todo esto y cuáles son las posibles consecuencias?
Actualmente hay dos litigios diferentes.

Está la demanda de las comunidades indígenas contra Chevron-Texaco que se resolvió favorablemente y por la que se condenó a Chevron a pagar 9500 millones de dólares. Además, esta sentencia fue ratificada por la Corte de Casación, que es la máxima instancia judicial de Ecuador. Así que ese litigio está resuelto.

El problema ahora es cómo cobrar el dinero. Como bien dijo usted, Chevron-Texaco no quiere pagar. La comunidad de los demandantes está estudiando en varios países la manera de poder embargar bienes de Chevron para poder cobrar el dinero que Chevron les debe. Recientemente hubo un primer intento en Argentina. Una juez argentina aceptó el proceso contra Chevron en Argentina. Pero, lamentablemente, 7 semanas después otra juez anuló el proceso. Prefiero no comentar nada más al respecto. Pero la realidad es que ese camino en Argentina está definitivamente cerrado.
Lógicamente, el principal intento de hacer pagar a Chevron se llevó a cabo en Estados Unidos a través de una demanda de ejecución de sentencia, pero el juez de Nueva York Lewis Kaplan la rechazó en primera instancia. La sentencia contra la comunidad de los demandantes se ha convertido también en una sentencia contra el Estado ecuatoriano, ya que el juez Kaplan dice que no acepta la autoridad judicial de Ecuador. Se trata de una decisión muy irritante y sin precedentes en la jurisdicción: un juez de primera instancia declara y sentencia que la sentencia judicial de un estado soberano no tiene ninguna validez. Entonces, estamos liquidando todos los preceptos jurídicos internacionales.

Esta decisión se basa en el supuesto de que la sentencia contra Chevron se llevó a cabo de forma corrupta y manipulada, a pesar de que no se haya presentado ninguna prueba. En estos 10 años de litigio en Ecuador han intervenido 3 jueces diferentes. Se ha demostrado que el segundo juez figura actualmente en la lista de asalariados de Chevron y que goza de protección por parte de Chevron y Estado Unidos; pues bien, este juez ha declarado que el tercer juez, que fue quien dictó la sentencia, fue manipulado por parte de los demandantes. Un juez que recibe dinero de Chevron declara como testigo que la sentencia fue manipulada por los demandantes indígenas. Esto es un disparate jurídico sin igual.

La comunidad de demandantes intenta ahora, por un lado, anular la sentencia del juez Kaplan en Estados Unidos y, por otro, explorar las opciones de abrir un proceso de embargo contra Chevron en otros países. En Canadá un juez ha abierto la causa, así que allí existe alguna posibilidad.

Aquí en Alemania existe un comité de solidaridad importante que está muy comprometido con obtener fondos económicos para mantener el proceso activo y superar los obstáculos legales que Chevron está interponiendo

Además, el juez Kaplan también está haciendo uso de la ley RICO (Racketeering Influence and Corrupt Organizations Act), que es una ley creada en Estados Unidos hace 10 años para luchar específicamente contra el crimen organizado, contra la mafia. Kaplan utiliza esta ley argumentando que, detrás de la sentencia ecuatoriana, hay en realidad una organización criminal que quiere perjudicar a una empresa americana, en este caso Chevron. Las comunidades amazónicas, que exigen a Chevron una indemnización por daños y perjuicios por destruir su espacio vital, por el aumento de enfermedades, sobre todo cáncer, y, como resultado, de muertes causadas por la contaminación, son ahora acusadas, junto con sus abogados, de organización criminal.
Por este motivo, la vía judicial en Estados Unidos, al menos en esta instancia, queda totalmente obstruida, así que, se está intentando llegar a segunda instancia. Pero de momento para eso aún faltan los medios económicos.

¿Y las posibles consecuencias de la demanda de Chevron contra Ecuador?

Efectivamente, Chevron presentó una demanda arbitral internacional contra el Estado ecuatoriano.

¿Con motivo de los tratados bilaterales de inversión (TBI) que Ecuador y los Estados Unidos de América firmaron?

Correcto, Ecuador firmó este acuerdo en 1995 y 2 años después, en 1997, entró en vigor. Recordemos que Texaco finalizó la extracción y abandonó el país en 1992, es decir, 5 años antes de la entrada en vigor de este acuerdo. Y el tribunal arbitral internacional ha fallado a favor de Chevron en primera instancia porque Ecuador no prestó ninguna ayuda a la sociedad Chevron-Texaco para resolver el litigio. Pero esto quiere decir que están aplicando el acuerdo con efecto retroactivo. Estamos de nuevo ante una interpretación muy irritante de la jurisprudencia.
Lo que Chevron intenta con esto es obligar al Estado ecuatoriano a pagar el importe de la indemnización por daños y perjuicios de 9500 millones de dólares, cifra que correspondería a un alto porcentaje del presupuesto estatal y que, prácticamente, dejaría al estado en quiebra. Estamos hablando de consecuencias muy graves.

¿Cuáles son los aspectos positivos de esta sentencia contra Chevron?
En primer lugar, se ha demostrado que la sociedad civil y las organizaciones pueden presentar y ganar una demanda contra una empresa gigante, una de las empresas más grandes del sector más importante del mundo, el de la energía. Chevron es el segundo consorcio más grande de los Estados Unidos y ocupa el sexto lugar a nivel mundial. El presupuesto anual de Chevron es más grande que el del 80% de los países del mundo.
Este ejemplo demuestra que sí se puede, que la población se puede organizar y así conseguir lo que se proponga. Es algo muy valioso, es la demostración de la fuerza que tiene la población organizada.

Y además sin medios económicos…

… y en un proceso que ha durado 20 años. Sí, hay caminos. Es cierto que en este caso se dan las circunstancias favorables que en otros casos pueden no darse. Pero es un ejemplo de la lucha de Ecuador y puede servir a muchas otras comunidades y sociedades, eso creo yo. Muchas grandes empresas multinacionales y estatales están cometiendo excesos e injusticias contra la población en muchas partes del mundo, en Europa también. Y aquí tenemos uno de los mejores ejemplos del que debemos aprender y que debemos recordar.

¿Qué apoyo desea de la sociedad alemana para la campaña solidaria «Mano Sucia»?

Me gustaría responder a esta pregunta como representante oficial de Ecuador en Alemania. Queremos que el caso Chevron alcance la mayor difusión posible en todos los ámbitos de la sociedad. Tanto el Gobierno federal y el Parlamento como los Estados federados (Bundesländer) tienen que estar al tanto sobre este caso. Obviamente, nosotros haremos todo lo posible para informar a la población civil y fomentar así la solidaridad con Ecuador. Me refiero a una solidaridad con las comunidades ecuatorianas, pero también con el propio país de Ecuador. Lo que está pasando hoy en día con Ecuador puede suceder en cualquier otro país. Por eso, es importante llegar a un final feliz en este caso, incluso aunque después de 40 años y de lo que ha ocurrido en todo este tiempo no se pueda hablar de «happy end». Hay que recuperar esa zona del Amazonas. Queremos un final que demuestre que los estados son soberanos, que la población de estos estados tiene derechos y que juntos podemos lograr que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Eso nos daría cierta sensación de satisfacción.

Traducción del alemán por Teresa Canete

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