Invitación a la presentación de la Constituyente Ciudadana – #ConstituyenteCiudadanaYa

Publicado el Febrero 3, 2015, Bajo Nacional, Noticias, Video, Autor Pepe Garduño.

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5 de febrero de 2015:
Presentación pública de la Constituyente Ciudadana-Popular
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Copilco Universidad

Los gobiernos neoliberales han alterado los fundamentos jurídicos del orden social mexicano hasta desfigurar su Constitución Política y adecuar el Estado, las instituciones públicas y el Derecho a las necesidades y exigencias de grandes empresas y grupos corporativos básicamente de capital extranjero, en particular norteamericano y de cuño petrolero.

Los trabajos que diversas organizaciones, colectivos, activistas y defensores de derechos humanos han realizado al interior del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos respaldan estas afirmaciones. La comprensión del rol que han jugado los tratados de libre comercio que los gobiernos mexicanos ha firmado con múltiples países de todo el mundo y, en especial, el TLCAN, que enmarca la subordinación del país a los Estados Unidos, se ha confirmado como un elemento explicativo clave para el diagnóstico que se ha venido elaborando durante el proceso. Asimismo, la visibilización y documentación de tantísimos agravios en contra del pueblo de México constatan la desviación neoliberal de poder que el Estado ha ejercido por más de treinta años.

Bajo el cobijo de una interpretación manipulada de las normas constitucionales y de las inconsistencias objetivas del procedimiento de revisión constitucional vigente, la élite política mexicana y los partidos políticos utilizaron el poder presidencial, las estructuras autoritarias de gobierno, la corrupción de servidores públicos y de todo tipo de actores sociales, así como el control social corporativo y las tradicionales prácticas clientelares, para usurpar la soberanía popular, bloquear el desarrollo democrático de la vida pública y subordinar los intereses nacionales a la satisfacción de ciertos intereses privados extranjeros y nacionales.

Las múltiples reformas constitucionales y legales impuestas por los gobiernos neoliberales para facilitar la privatización del patrimonio público, la desregulación de las actividades económicas, el libre comercio de mercancías, la desnacionalización de las riquezas del país, el saqueo de los recursos naturales, los despojos territoriales y la superexplotación de la fuerza de trabajo, así como el desmantelamiento institucional y el aniquilamiento progresivo de servicios públicos y derechos, son elementos que corroboran la guerra que los gobiernos neoliberales emprendieron en contra del contenido social y los principios nacionalistas de la Constitución mexicana.

Igualmente, la aceleración de los procesos de despojo absoluto y concentración de los medios de producción de la vida social, el empobrecimiento generalizado de la población, la precarización de sus condiciones materiales de vida, la migración y vaciamiento de localidades, los altos niveles de desigualdad, desintegración, discriminación, exclusión y marginación sociales, los daños ecológicos irreversibles y el deterioro ambiental, así como la producción en masa de grupos vulnerables, la violencia estructural y la violación impune, masiva y sistemática de múltiples derechos, son evidencias de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nombre del libre comercio.

La violencia estructural y de coyuntura que padece la población se encarna en las dinámicas de acumulación salvaje de capital, en las permisiones jurídicas y la tolerancia institucional de los privilegios, despojos y saqueos, en la imposición de las formas y los contenidos del consumo, así como en la censura y el manejo sesgado de la información, la criminalización de la protesta, la judicialización de los conflictos y la represión dirigida en contra de defensores de derechos humanos, activistas, movimientos y líderes sociales.

La política económica neoliberal ha generado el distanciamiento extremo de las expectativas colectivas en relación con las realidades sociales alcanzadas. Es ese abismo de frustración incontenible el que ha abierto los ciclos de la protesta social contemporánea.

La represión social no es una novedad en México, como tampoco lo son la corrupción ni el espíritu colaboracionista, antinacional y entreguista que caracteriza a muchas y muchos políticos mexicanos. Sin embargo, las formas represivas y las políticas de control social desarrolladas de 1982 a la fecha con el propósito de imponer a la sociedad mexicana el actual régimen irracional de acumulación de capital y su consiguiente paquete de “reformas estructurales”, deben ubicarse dentro del marco del desvío de poder cometido por los gobiernos que han secuestrado al Estado mexicano y destruido los contenidos sociales y los principios nacionalistas de la Constitución de 1917.

Las autoridades mexicanas han fomentado el deterioro de las condiciones materiales de la vida social, han desatendido las necesidades de la población y se han negado a emprender una reparación integral de la totalidad de los agravios causados por la liberalización de la economía mexicana. Al contrario, los gobiernos neoliberales han preferido usar y sacar provecho del poder punitivo y la potencia institucional del Estado mexicano para desacreditar reivindicaciones legítimas y desarticular la organización social, así como para amedrentar y desactivar las movilizaciones sociales, las manifestaciones públicas y otras formas populares de lucha por los derechos.

La imposición de leyes, políticas gubernamentales y actos de autoridad contrarios al interés general del pueblo de México y a múltiples intereses colectivos vitales, ha sido garantizada a través de la manipulación jurídica y mediática.

Los casos emblemáticos de criminalización, judicialización y represión estatal que la ciudadanía y la población en su conjunto han padecido, evidencian la actual crisis del sistema jurídico mexicano y las instancias de representación política, a la vez que dan cuenta de las maneras extremas en que se bloquea el acceso a la justicia y se obstaculiza la construcción y el desarrollo de los espacios de autonomía en México, así como de los caminos que han seguido el desvío de poder, la desarticulación y anulación de la organización social y las múltiples expresiones de la resistencia y la lucha por los derechos.

El conjunto de casos y testimonios presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos evidencian el terrorismo de Estado y la violencia estructural, legalizada, avalada y desplegada institucionalmente, que han soportado quienes han pretendido alzar la voz para defender sus medios de subsistencia, sus condiciones de vida y su dignidad. (1)

Frente a la embestida neoliberal, la lucha por la justicia y los derechos se ha desplegado en procesos colectivos de reivindicación jurídica, resistencia, protesta y transformación social, pero también ha adoptado la figura concreta de la autodefensa, la autogestión y la construcción de autonomías. Asimismo, esta lucha ha apelado a la defensa social legítima, la desobediencia civil, la resistencia a la opresión y la rebelión como formas válidas de reacción social ante los saldos negativos del capitalismo salvaje. Finalmente, la senda de las reformas nacionalistas y las revoluciones sociales también debe contarse entre las alternativas desplegadas con el propósito de contener y revertir los privilegios y despojos impulsados por el libre comercio.

Es en este marco de lucha de clases y guerra social que cobra relevancia la construcción de un proceso constituyente y se erige en una bandera de combate fundamental para toda sociedad acosada que no encuentra en sus leyes, autoridades y órganos de gobierno la satisfacción real de sus necesidades, y que tampoco tiene a su alcance los mecanismos institucionales y de participación efectiva que harían viable su reconstrucción histórica y la transformación de sus condiciones materiales de vida. La participación en iniciativas como la “constituyente ciudadana” es ya una manera de impulsar la reconstitución de los sujetos responsables del cambio social.

http://constituyenteciudadana.org

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