El agua del molino: ¡No son suficientes! las 10 acciones de EPN por @RaulCarranca

Publicado el Diciembre 5, 2014, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.

Raúl Carrancá y Rivas Raul Carrancá y Rivas

No son suficientes las diez acciones que propone el Presidente de la República con el objeto de hacer frente a la crisis tan grave por la que atraviesa el país. Para mejorar la seguridad y la impartición de justicia tanto como robustecer el Estado de Derecho habría que eliminar primero una lacra enorme, muy difícil de erradicar.

La solución no está a mi juicio en un “nuevo andamiaje jurídico que lleve a México a mejores condiciones”. Para muestra basta un botón, y helo aquí:

Organización Editorial Mexicana, 4 de diciembre de 2014

Once personas entre otras fueron detenidas por la policía durante las protestas del pasado 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución, es decir, el Ministerio Público Federal las puso a disposición de un juez penal acusadas de la posible comisión de varios delitos graves (delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa y motín) en los que no hay derecho a la libertad bajo fianza, recluyéndolas en un penal de alta seguridad. Sin embargo la autoridad judicial resolvió el sábado anterior su inmediata liberación por falta de pruebas.

¿Qué significa exactamente esto? Que el Ministerio Público actuó conforme a lo dispuesto en la Constitución reformada en 2008 (eje de las llamadas reformas estructurales y del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, eje del nuevo andamiaje legal que con insistencia pregona y alaba el gobierno), donde junto con varias gravísimas contradicciones se conservan la prisión preventiva y el arraigo, aunque el artículo 20 de la Constitución en su Apartado B fracción primera dispone que “toda persona imputada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

En otros términos, la señalada presunción de inocencia guarda relación directa con el artículo 14 párrafo segundo de la Constitución el cual prescribe que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos…”. Es decir, que sin juicio pleno, total, agotadas todas las instancias y que se declare la culpabilidad (“res iudicata”), cualquier privación de la libertad implica una violación flagrante de la Carta Magna, lo que pone de manifiesto que en el caso hubo un evidente abuso de autoridad aparte de la aplicación de una ley imperfecta, llena de fallas y errores (véase mi libro “Reforma Constitucional de 2008 en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, variaciones críticas”, Porrúa, 2010).

Ahora bien, por si ello fuera poco y recurriendo otra vez al negativo y “nuevo” andamiaje jurídico que de ninguna manera ha llevado a México a mejores condiciones en el ejercicio de la procuración e impartición de justicia, y coincidente así mismo con el anuncio de las diez acciones citadas, fue detenido el pasado viernes 28 de noviembre por presuntos policías federales y con lujo de violencia un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del movimiento estudiantil #Yosoy132, y trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República; siendo puesto libertad varias horas después.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades, en especial a las encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia, para que ajusten sus acciones a lo que ordena la ley, particularmente la Constitución, evitando abusos y violaciones a los derechos humanos.

Señalo que en el caso del estudiante al que me refiero no se le pudo incoar responsabilidad alguna en hechos violentos o delictivos relacionados con la delincuencia organizada. ¿Qué sucede entonces? Que el “nuevo” andamiaje jurídico, cuya primera pieza espectacular ha sido la reforma constitucional de 2008, y del que lo único que se salva son los llamados juicios orales, de muy compleja instalación, no es ni remotamente la solución para resolver o enfrentar la gravísima situación por la que atraviesa México. Es verdad que el Estado de Derecho se funda y asienta sobre leyes, comenzando con la Constitución, las que de nada sirven si no se las acata; y no es modificando aquéllas, ni dándoles mil vueltas, que se logrará remediar el mal que nos aqueja.

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