#Ayotzinapa: Un simulacro de solución

Publicado el noviembre 13, 2014, Bajo Nacional, Noticias, Política, Autor Gloriamlo.

Jesús Murillo Karam
Jesús Murillo Karam

Patricia Dávila
Violencia Social

El procurador Jesús Murillo Karam ofreció el mensaje oficial más importante que se ha emitido en torno a la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Todo sugiere, afirmó, que los muchachos fueron asesinados e incinerados por el narco, de modo tal que no se trata de un crimen de Estado. Sin embargo, las lagunas y las contradicciones abundan: ¿por qué se minimiza la participación de actores estatales?, ¿por qué el sacerdote Alejandro Solalinde supo lo ocurrido casi un mes antes que la Procuraduría?, ¿cómo tres sicarios lograron controlar a 43 jóvenes? Así, los padres de las víctimas rechazaron el mensaje, igual que Amnistía Internacional.

Entre contradicciones y lagunas, y bajo la presión internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) se vio obligada a dar a conocer los avances de sus investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre pasados: “Están muertos, pero para el gobierno federal legalmente siguen desaparecidos”.

En una conferencia de prensa realizada el viernes 7, el procurador Jesús Murillo Karam dio detalles de la forma en que presuntamente ocurrieron las ejecuciones, basado en los testimonios de tres de los supuestos autores materiales del multihomicidio.

En líneas generales, el procurador confirmó la versión que el sacerdote Alejandro Solalinde dio en una entrevista publicada el 19 de octubre en Proceso (edición 1981). Aquella ocasión, el religioso reveló confesiones de hombres que participaron en la detención de los normalistas: “Hablan de que algunos (de los estudiantes) estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos, les pusieron diésel. Eso se va a saber, dicen que hasta les pusieron madera, algunos estaban vivos, otros muertos”.

El procurador –a pesar de tener 74 detenidos, entre agentes, halcones y al exalcalde José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda– esperó 20 días para dar la misma versión.

Ello reforzó el señalamiento que hizo el propio Solalinde: “A los políticos les es más útil la conservación de la esperanza, porque así no hay evidencia, todavía, que exhiba la criminalidad del propio Estado”.

La versión oficial difundida el viernes 7 enojó a organismos de derechos humanos, que sostienen que se trató de un crimen de Estado porque autoridades de diversas instituciones y niveles atacaron concertadamente a los estudiantes. En un comunicado emitido horas después de la rueda de prensa, Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, reclamó que el Estado eluda el hecho de que los responsables de la desaparición fueron policías municipales de Iguala y Cocula.

Acusó a Murillo Karam: “El procurador general ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado. Olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el (entonces) alcalde de Iguala –José Luis Abarca– y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la Policía Federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011”.

Avances, según la PGR

“Teníamos detenidos a quienes privaron de la vida a seis personas en Iguala el 26 de septiembre y también a los que detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron el grupo a la organización criminal Guerreros Unidos. Se detuvo a Sidronio Casarrubias Salgado, quien es el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula; además se logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento, el expresidente municipal de Iguala y su esposa”, dijo el procurador en su conferencia.

Olvidó mencionar que Casarrubias Salgado, detenido desde el 17 de octubre, fue el primero en declarar que su grupo había calcinado a personas y arrojado sus restos al río. El 29 de octubre el periódico Reforma difundió la declaración del capo: “El 26 de septiembre desaparecieron los normalistas y 17 miembros de la organización antagónica Los Rojos, ‘infiltrados’ con los estudiantes. El Gil me dice que los 17 rojos ya se habían ido al agua, o sea, que ya los quemaron y que las cenizas las tiraron al agua, yo me imagino que es el río Cocula”. El mencionado río es también conocido en la comunidad como San Juan.

Incluso el 27 de octubre –dos días antes de la publicación de Reforma– el portal de internet de este semanario publicó una nota de Ezequiel Flores, corresponsal en Guerrero, en la que daba a conocer que agentes de la PGR habían encontrado restos humanos en el basurero municipal de Cocula –sitio donde, según la última versión de Murillo Karam, fueron quemados los cuerpos de los jóvenes, a quienes el procurador deslindó de cualquier vínculo con Los Rojos.

El dato novedoso que el fiscal aportó en la conferencia fue que, hace aproximadamente ocho días, se logró ubicar a Patricio Reyes Landa El Pato y a Jonathan Osorio Gómez El Jona, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala del Progreso (Guerrero). Estas aprehensiones derivaron en la localización y detención, en Cocula, de Agustín García Reyes El Chereje.

“Los detenidos señalan que en ese lugar (el basurero) privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del sitio, donde quemaron los cuerpos; hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durara horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la media noche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del 27 de septiembre”, señaló el procurador.

En su rueda de prensa –sostenida después de reunirse en Iguala con las familias afectadas, que no creen en los avances de la investigación– Murillo dijo que los tres capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y, al rendir su declaración, confesaron haber recibido y asesinado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. Sin embargo, Murillo nunca aclaró cómo tres personas lograron someter a 43 estudiantes.

La reconstrucción

De acuerdo con la versión oficial, el día del ataque los normalistas salieron de su escuela, en Ayotzinapa, a bordo de dos camiones Estrella de Oro rumbo a la entrada de Iguala. Se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros dos camiones de otra empresa.

José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala y quien en la comunicación interna de la policía municipal tenía asignado el código “A-5”, ordenó a los municipales “contener” a quienes viajaban en esos cuatro autobuses, según declararon el operador de la central de radio de la policía municipal de Iguala, David Hernández Cruz, y uno de los halcones de la ciudad.

Llamativamente, tanto a Abarca como a su esposa se les investiga por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero a ninguno se le ha fincado responsabilidad jurídica por la desaparición de los 43 estudiantes. Abarca, de hecho, se reservó su derecho a declarar y fue trasladado al penal del Altiplano, mientras que a Pineda se le dictó un arraigo por 40 días “para consolidar” su vinculación con los hechos.

Durante las primeras refriegas de aquel 26 de septiembre, los agentes mataron a tres normalistas y otras tres personas.

Policías de Iguala retuvieron con violencia a un grupo de estudiantes y lo llevaron a la central policiaca. Desde ese punto y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula los trasladaron en patrullas municipales hasta un punto entre Iguala y Cocula donde se abre una brecha hacia la Loma de Coyote.

Según el Ministerio Público federal, ha quedado acreditado que, en este punto, los policías municipales entregaron a los detenidos a integrantes de Guerreros Unidos. Un presunto delincuente, quien tenía asignada la función de halcón (informante), declaró haberlos visto pasar por el punto que él vigilaba.

Dos de los detenidos declararon que alrededor de 15 de los hombres llevados al basurero de Cocula llegaron ya muertos o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por integrantes del cártel para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala.

Los que habían sobrevivido ahí fueron ejecutados. Posteriormente los narcos arrojaron los cuerpos a la parte baja del basurero, donde quemaron los cadáveres. “Por el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos, sino hasta cerca de las 5 y media de la tarde. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos”, aseveró Murillo.

El Pato, El Jona y El Chereje declararon que, cuando regresaron al lugar de la incineración, recibieron la orden de quien apodan El Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados y meterlos en bolsas de basura negras. Estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos, que uno de los declarantes dijo haber arrojado completas.

Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos. Al hacer “una búsqueda exhaustiva” en el río falleció ahogado un policía federal. Buzos de la Armada de México y peritos tanto mexicanos como argentinos encontraron restos de las bolsas y su contenido. Una de ellas permanecía cerrada y contenía restos de huesos humanos.

El procurador dijo que, a juicio de los peritos, el alto nivel de degradación causado por el fuego hace muy difícil la extracción de ADN de los restos hallados. Esto hace “muy difícil” la identificación. Empero, los restos serán analizados en la Universidad de Innsbruck, en Austria, para intentar recuperar la información genética de las mitocondrias.

En los videos que Murillo mostró se ven pedazos de dientes. No obstante, el grado de temperatura al que fueron sometidos y el tiempo que pasaron en el agua impide su identificación.

En resumen, Murillo no convenció a los principales interesados: los padres de las víctimas y representantes de la dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa rechazaron la postura oficial argumentando que, para ellos, los estudiantes desaparecidos siguen con vida, en tanto las autoridades federales no presenten pruebas científicas que determinen lo contrario.

En entrevista con Proceso, advirtieron que radicalizarán sus protestas para obligar al presidente Enrique Peña Nieto a cumplir el compromiso que asumió la semana pasada en el sentido de intensificar las labores de búsqueda, una labor en la que han participado 10 mil soldados, marinos, policías federales y peritos, quienes según el procurador han peinado la zona mediante 100 recorridos por tierra, 134 sobrevuelos y 40 revisiones en ríos y lagos.

Fuente: Proceso

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