Sobregiro faraónico en Los Pinos

Publicado el noviembre 8, 2014, Bajo Política, Autor MonaLisa.

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El inmueble “inexistente” de Los Pinos. Foto: Miguel Dimayuga

Obras faraónicas como las realizadas en Los Pinos (Proceso 1976), entre ellas un palacete afrancesado y un búnker, son posibles por el dispendio de recursos del presidente Enrique Peña Nieto y su entorno inmediato. Un informe de Hacienda muestra que no les bastan los elevados montos autorizados para contratar empleados y adquirir servicios, combustibles, ropa y enseres de cocina. Cada trimestre el mandatario hace que su amigo Luis Videgaray, desde Hacienda, le amplíe el presupuesto a costa de otras dependencias, como Gobernación, la PGR y Economía.

Anabel Hernández, 6 Nov 2014 / PROCESO

En medio de una falta de transparencia y desdén por la rendición de cuentas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Presidencia de la República ha incurrido en el mayor sobregiro presupuestal de los últimos 14 años.

Durante 2013, el primer año de gobierno de Peña Nieto, en el marco de ostentosas remodelaciones, redecoración y construcciones en Los Pinos, la Presidencia gastó mil 169 millones de pesos adicionales a su presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para ese ejercicio fiscal.

Pese a que se le aprobaron 2 mil 104 millones de pesos, dicha instancia erogó 3 mil 273 millones gracias a ampliaciones presupuestales que le concedió unilateralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Luis Videgaray, uno de los funcionarios más cercanos a Peña Nieto. Esto implica un gasto adicional de 55.5% sobre lo aprobado por el Congreso, proporción superior a los excesos que en el mismo rubro registró la Presidencia en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Esta información es resultado de una revisión del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2013 efectuado por la SHCP y de la comparación de las cuentas de la hacienda pública federal desde 2001 hasta la fecha, que esta reportera realizó para saber cuánto costó transformar la residencia Miguel Alemán en un palacete donde vive el presidente con su familia, y adaptar la casa Lázaro Cárdenas como nuevas oficinas del mandatario.

Según quedó registrado en el análisis del gasto de la SHCP, los rubros en que la Presidencia desbordó más su presupuesto en 2013 fueron: “gasto de operación” (84.1% más de lo aprobado por el Congreso), “inversión física” (73.8%) y “servicios personales” (26.3%).

El sobregiro equivale al 85% de los mil 392 millones de pesos que se le aprobaron para 2013 a la Secretaría de la Función Pública (SFP), responsable de prevenir, vigilar y sancionar actos de corrupción, desvío de recursos y malos manejos administrativos en el gobierno federal.

Igualmente, ese monto equivale al 83% de los recursos aprobados para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al 70% de los asignados a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el mismo ejercicio fiscal.

Esa dinámica de dispendio continúa en 2014. De enero a junio pasados la Presidencia incrementó su presupuesto en 24% más de lo autorizado, también gracias a las ampliaciones presupuestales que le ha otorgado la SHCP. Su presupuesto, de 2 mil 200 millones de pesos, ya se había ampliado hasta junio pasado a 2 mil 734 millones, y todavía falta el segundo semestre, según el “Informe sobre la situación económica, finanzas públicas y la deuda pública” que Hacienda entregó al Congreso, correspondiente al segundo trimestre de este año.

En cambio, la SHCP les disminuyó el presupuesto aprobado por los diputados a la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Economía (SE).

La carísima corte presidencial

La ostentosa remodelación de la residencia Miguel Alemán (Proceso 1976) para transformar las oficinas en el nuevo palacete afrancesado que habitan Peña Nieto y su familia, así como la construcción de un nuevo edificio en Los Pinos para albergar el despacho del jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, constituyen sólo una de las facetas del derroche en la dependencia.

Si bien ésta se niega a rendir cuentas, Proceso obtuvo información pública que confirma el dispendio y algunas de las compras que se han realizado con esos recursos públicos.

De acuerdo con documentación oficial de la SHCP, en el rubro de “servicios personales” o sueldos de sus empleados, en 2013 la Presidencia pagó 26% más de lo autorizado por el Congreso.

La explicación de Hacienda es que al personal operativo que entró con la nueva administración el 1 de enero de 2013 se le otorgó un incremento salarial de 3.9%. Asimismo la secretaría autorizó la transferencia de 192.8 millones de pesos destinados a la contratación de más personal “para llevar a cabo funciones sustantivas de asesoría, organización y apoyo técnico, seguridad nacional y administración de recursos de los asuntos que les fueron encomendados por el titular del Ejecutivo Federal”.

En la misma información se indica que a mediados del año pasado se hizo una reestructuración y se crearon cinco unidades administrativas. Por sus denominaciones se entiende que se suman a las que ya existían en la administración de Calderón. Por ejemplo, aunque existe la oficina de Comunicación Social, se creó una unidad que se encargará de dar seguimiento a las actividades de Peña Nieto “para recopilar los materiales y generar los contenidos para la integración de las publicaciones y las crónicas respectivas”.

En la partida 2000, correspondiente a Materiales y Suministros, se ejerció un gasto 162.2% mayor que el presupuesto aprobado por los diputados. En el sub-rubro “gastos menores de alimentos” y “utensilios para el servicio de alimentación” se pagaron 77.3 millones de pesos, aunque sólo se habían aprobado 27.9 millones.

Para las compras de “vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos”, el monto autorizado era de 9.5 millones, pero la Presidencia se despachó con 34.9 millones, según Hacienda porque se adquirió nuevo vestuario y uniformes para el Estado Mayor Presidencial.

De esa partida presupuestal, en el concepto “uniformes oficiales” se registra un gasto de 29.9 millones, y en “blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir” se indica una erogación de 2.5 millones de pesos.

Para combustibles, lubricantes y aditivos, el presupuesto aprobado en el Congreso estipuló 48.2 millones, pero Peña Nieto y su entorno consumieron 131.9 millones. El incremento se debió, según la SHCP, a las necesidades de la flota presidencial para los vuelos oficiales.

Respecto de la partida 3000, de servicios generales, constaba de 875 millones de pesos, pero la Presidencia gastó mil 511 millones (72% más). Aquí se dispararon sobre todo los “servicios de arrendamiento”, es decir la renta de terrenos, edificios, transporte terrestre y aéreo, para lo cual había 97.1 millones autorizados, aunque se ejercieron 120.8.

Sobre todo creció el sub-rubro “arrendamiento de edificios y locales”, que ascendió a 28.1 millones de pesos, cuando en 2012 sólo se registró un gasto de 1.2 millones; es decir que se gastó 22 veces más. La gran diferencia puede deberse a la transformación de la residencia Miguel Alemán de oficinas a casa habitación y a la ocupación de las dos cabañas que se remodelaron en el sexenio de Fox.

En “servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación”, el sobregasto fue de 400% en relación con lo autorizado por los diputados, ya que éstos le asignaron 106.5 millones, aunque se aplicaron a este rubro 423.3 millones (400% más), sin incluir la remodelación de la residencia Miguel Alemán ni la construcción del nuevo edificio de Nuño.

Según el clasificador por objeto de gasto de la Presidencia, en este rubro se incluye la conservación y mantenimiento menor de inmobiliario; instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo; instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información; reparación y mantenimiento de equipo de transporte; servicios de desinfección, limpieza e higiene, así como de jardinería y fumigación.

En el apartado de “servicios de traslado y viáticos”, que abarca pasajes aéreos y terrestres, así como viáticos en territorio nacional y en el extranjero, el exceso fue de 23.4 millones.

El búnker

Un rubro importante en el presupuesto de la Presidencia es el denominado “gasto de inversión”, en el cual el Ejecutivo aplicó 73.8% más de lo aprobado, es decir 132.12 millones, cuando tenía autorización para ejercer 76.025 millones. En estos montos no se incluye la construcción del nuevo edificio de la Oficina de la Presidencia en Los Pinos.

La información oficial de la SHCP indica que el concepto de gasto donde se concentró el sobregiro del presupuesto en inversión física fue la adquisición de equipo para fortalecer la protección al presidente y a su familia, aunque el tema de la seguridad pública ha sido prácticamente eliminado de los discursos públicos de Peña Nieto y su gabinete.

Dados los cuerpos, las instalaciones y los protocolos de seguridad con que ya cuenta normalmente el Ejecutivo, la Cámara de Diputados no aprobó ni un peso para este propósito, pero la Presidencia gastó 86.9 millones en el objeto de gasto 5500 (“equipo de seguridad pública y nacional”).

De acuerdo con el clasificador ya citado, con esa partida se compran equipo y bienes muebles de inversión “requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales”.

Durante la investigación sobre las remodelaciones, redecoración y nuevas construcciones en Los Pinos, publicada en el número anterior de este semanario, se obtuvo también el dato de que en la residencia Miguel Alemán fue construido un búnker para salvaguardar la seguridad de Peña Nieto en caso de una crisis nacional, un atentado o desastre natural.

En el análisis de la SHCP se afirma que Presidencia ejerce su presupuesto en dos funciones: seguridad nacional y coordinación política y gobierno. En el primer año del sexenio peñista se destinó el 56.19% de esos recursos a seguridad nacional, para garantizar “la seguridad del C. Presidente de la República, su familia, mandatarios y altos funcionarios extranjeros que visitaron el territorio nacional, ex presidentes de la república y de las personas que determinó el Titular del Ejecutivo Federal”.

Centralismo gubernamental

En 2014 el dispendio no baja de ritmo. La administración de Peña Nieto fue totalmente responsable de la elaboración del Presupuesto de Egresos para su segundo año de gobierno, pero no le bastaron los 2 mil 200 millones de pesos que pidió e hizo aprobar por el Congreso

En el citado “Informe sobre la situación económica…” que entregó Hacienda a la Cámara de Diputados, se observa que de enero a junio de 2014 la dependencia aprobó unilateralmente un aumento de 24% al presupuesto de la Presidencia.

Pero no todas las dependencias federales tienen el privilegio de sobregirarse, se advierte en el informe. Para permitir el gasto adicional de la Presidencia, Hacienda les quitó recursos a varias áreas prioritarias.

Por ejemplo, en el primer semestre de este año la Secretaría de Gobernación recibió 15% menos de su presupuesto asignado en la Cámara de Diputados. A la SE le redujo el 9%. Y a la PGR le quitó el 15.7%, aunque de ella depende el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).

Esta instancia tiene la responsabilidad de desarrollar planes para desarticular el crimen organizado, elaborar diagnósticos sobre las actividades criminales y obtener estadísticas en torno al fenómeno delictivo en la nueva Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuya creación presumió el año pasado Peña Nieto.

A la PGR también le quitaron el 83.8% del presupuesto asignado al Centro Federal de Protección de Personas, creado en 2012 por el gobierno de Felipe Calderón a fin de dar protección a testigos que colaboren con el gobierno en casos judiciales, principalmente los relacionados con la delincuencia organizada.

En el primer semestre de 2014, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, antes de la Reforma Agraria, se le cortó el 13%, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se le escamoteó el 6.9%.

Cada trimestre, Hacienda permite que la Presidencia aumente su gasto excesivo, que además ejerce de manera opaca y discrecional.

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