Descalifica el EPR dichos de Murillo Karam sobre de los normalistas de Ayotzinapa

Publicado el noviembre 8, 2014, Bajo Noticias, Autor MonaLisa.

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En imagen de archivo, miembros del Ejército Popular Revolucionario. Foto Cuartoscuro

Toda la información conduce a una sola conclusión, indicó el EPR, “el asesinato político en su modalidad de ejecución extrajudicial, la masacre, la tortura y la detención-desaparición de los 43 normalistas reafirman una y otra vez que fue un crimen de Estado, un acto de terrorismo de Estado y una acción típica de contrainsurgencia. Lo sabe el pueblo, lo sabe el mundo, sin embargo, desde el Estado se hace todo por negar y ocultar la verdad histórica”.

Chilpancingo, Gro. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), calificó de inaceptable la información proporcionada ayer por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa, “siguen sosteniendo la misma hipótesis de adjudicar autoría material e intelectual a la omnipresente ‘delincuencia organizada’”.

Por Sergio Ocampo, corresponsal / La Jornada / sáb, 08 nov 2014 16:04

Mediante un comunicado de prensa difundido el viernes por la noche, denunció que “en estos crímenes de lesa humanidad hubo participación directa del Ejército Mexicano, concretamente del 27 Batallón de Infantería (con sede en Iguala) con un largo historial en la guerra contrainsurgente y el terrorismo de Estado”.

Agregó que “con el anuncio del titular de la PGR sobre la captura de presuntos delincuentes y sus dichos se pretende dar carpetazo al crimen de Estado, diluir la responsabilidad del aparato represivo en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guerrero y se están cometiendo en el país. Estamos de frente ante crímenes de Estado, consumados por las fuerzas represivas”.

Además, coincidió en los señalamientos de que “fue la policía municipal, fue la policía federal, fue el Ejército Mexicano, todos bajo el Mando Único quienes cometieron los crímenes de lesa humanidad el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, tampoco es una crisis humanitaria, son crímenes de Estado”.

“Son 43 días de indolencia gubernamental; 43 días de mentiras y teatro mediático; 33 días que 10 mil elementos de las fuerzas federales participan en el teatro mediático en una supuesta búsqueda y en la “transparencia de la investigación” recalcó el EPR.

La policía municipal es parte de la estructura del Estado, insistió “una corporación más de la institucionalidad que reprime, asesina y detiene-desaparece al pueblo, parte del andamiaje del aparato represivo, parte de los cuerpos policiaco-militares para ejercer el terrorismo de Estado contra el pueblo bajo un mando único, que en su cadena de mando conduce hasta el jefe del Ejecutivo”.

Hoy al igual que en los tiempos “siniestros” de Calderón “los supuestos culpables son conducidos en los “interrogatorios” a través de preguntas a modo, para inducirlos a un guión preestablecido desde las autoridades federales, en aquel tiempo fue desde la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), hoy desde la PGR. Los “interrogados” son hasta incapaces de memorizar el guión y éste se lo dictan a través de preguntas inductivas para obtener el resultado incriminatorio”, precisó el EPR.

El grupo armado que “salta a la vista, todas las fuerzas federales, estatales y municipales participan en el terror contra el pueblo, pero es en los batallones de infantería del Ejército Mexicano donde recae operativamente la ejecución de los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado y las acciones criminales de contrainsurgencia, el actuar criminal del 102 y 27 Batallones de Infantería sólo son un pequeño botón de muestra”.

Toda la información conduce a una sola conclusión, indicó el EPR, “el asesinato político en su modalidad de ejecución extrajudicial, la masacre, la tortura y la detención-desaparición de los 43 normalistas reafirman una y otra vez que fue un crimen de Estado, un acto de terrorismo de Estado y una acción típica de contrainsurgencia. Lo sabe el pueblo, lo sabe el mundo, sin embargo, desde el Estado se hace todo por negar y ocultar la verdad histórica”.

Advirtió que “una nueva maniobra político-mediática está en curso para pretender dar carpetazo al caso de los 43 estudiantes normalistas detenidos-desaparecidos de manera forzada por el aparato represivo gubernamental: encarcelar a chivos expiatorios que en realidad son piezas menores del aparato represivo y sostener, contra viento y marea, la hipótesis de que es la “delincuencia organizada” la culpable”.

“La hipótesis de la “equivocación y confusión” tampoco es aceptable, son patrañas gubernamentales, ahora resulta que son tan estúpidos los ejecutores que se “equivocaron y se confundieron” al detener a los estudiantes, pero deslumbra su inteligencia para borrar las evidencias del crimen de Estado”, precisó.

En ese contexto de criminalidad gubernamental “se encuentran las filtraciones que hace el Cisen para vincular a luchadores sociales, ya sea con la delincuencia o con fuerzas insurgentes, esas filtraciones constituyen una amenaza de futuros crímenes de Estado, es el señalamiento directo contra luchadores sociales de las diferentes organizaciones populares para que el aparato represivo se siga cebando contra el pueblo indefenso”, destacó el EPR.

“El Pacto por la seguridad, contra la corrupción y la impunidad, es un pacto entre politicastros y las cúpulas empresariales para reforzar la dictadura del capital. Desde los monopolios de la comunicación y a través de la dictadura de opinión se insiste en abonar a la hipótesis del crimen organizado como el autor de los crímenes de lesa humanidad, no sólo en Guerrero sino en todo el país”, concluyó el comunicado.

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