Enrique I “el Magnánimo”

Publicado el mayo 22, 2012, Bajo Columna de opinión, Autor MonaLisa.


Tomado de Animal Político, 21 mayo 12

El día de hoy Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la Presidencia de la República presentó un “Manifiesto por una Presidencia Democrática” en donde se compromete a apegarse a 10 principios políticos, “si la mayoría de los mexicanos así lo decide, como Presidente dela República”. A saber: Libertad de manifestación; Libertad de expresión; Relación con los medios; Derechos Humanos; Libertad religiosa; No discriminación; División de poderes; Elecciones libres; Transparencia y rendición de cuentas; Federalismo y transparencia.

Resulta verdaderamente indignante leer un manifiesto de esta naturaleza.

México es una democracia constitucional cuyos servidores públicos están vinculados directamente –léase, obligados a respetar- a la Constitución, la existencia de los órganos de gobierno, así como de sus facultades pende directamente de la Constitución.

El Artículo 87 constitucional dispone que:

El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso dela Unióno antela Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardarla Constitución Políticade los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente dela Repúblicaque el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad dela Unión; y si así no lo hiciere quela Naciónme lo demande.”
Entonces, ¿de qué se trata este manifiesto? ¿Es una graciosa concesión de nuestro próximo Monarca? ¿Enrique Peña Nieto manifiesta otorgarnos estos derechos y respetar estos principios como un compromiso político?

¡El PRI ofrece la constitucionalidad de la Presidencia de la República como programa de campaña!

¿Cómo es que en México aceptamos un candidato a la Presidencia ‘manifiesta’ como acto de campaña cumplir con la Constitución?

Lo más preocupante de este “manifiesto” es que durante el Priato la Constitución fue, precisamente, comprendida como un programa político, no se observó su normatividad y no hubo cabida al desarrollo de una dogmática que robusteciera su fuerza normativa. Al contrario,la Constitución sirvió para legitimar decisiones o para reforzar políticas. Al más puro estilo schmittiano, el constitucionalismo mexicano se caracterizó por el decisionismo, decisiones fundamentales que eran dictadas desde la silla presidencial y avaladas por el Órgano Revisor del 135. ¿Es esto lo que subyace al “manifiesto”? ¿Cómo entiende Enrique Peña Nieto a la Constitución mexicana? ¿Le parece que es necesario manifestar como acto político –como concesión electoral- el respeto a los derechos humanos, a la división de poderes, al federalismo? Si no hubiera manifestado cumplir con estos principios ¿qué?

No me asombra que el ex-Gobernador del Estado de México se comprometa a respetar los derechos humanos-como concesión electoral- si apenas el día 11 de mayo reiteró su responsabilidad en las violaciones graves a éstos en el operativo de Atenco, diciendo que eran necesarias.

Hoy, el candidato del “Nuevo PRI” nos ofrece –de nuevo- una constitucionalidad otorgada y parece que habría que agradecerle (con el voto) ¡Vaya!

“Vota por mí, te ofrezco respetar tus derechos” nuevo lema de campaña.

No está de más recordar que esos derechos y principios que EPN se compromete (¡y te lo cumple!) a respetar se encuentran ya, en nuestra Constitución de 1917:

Libertad de manifestación (artículo 9 y 35)
Libertad de expresión (artículo 6, 9 y 35)
Relación con los medios (artículos 25 al 28)
Derechos Humanos (artículo 1° y artículo 103)
Libertad religiosa (artículo 24, libertad de creencias)
No discriminación (último párrafo del artículo 1°)
División de poderes (artículo 49)
Elecciones libres (artículos 41 y 35)
Transparencia y rendición de cuentas (artículo 6, 69, 79, 93 entre otros)
Federalismo y transparencia (artículos 40, 41, 42, 124, 133)

Para sustentar mi enojo, un poquito de teoría:

Las constituciones se clasifican según su origen político en otorgadas, pactadas, impuestas o democráticas. Evidentemente, las tres primeras implican la figura de una autoridad que “permite” que exista una Constitución. En éstas el soberano concede graciosamente una Carta que regula las relaciones del Estado con sus súbditos y da alguna certeza sobre las facultades y límites de los poderes del Estado.

Resulta difícil una definición unívoca de Constitución, por ello, la más amplia sería la del artículo 16 dela Declaraciónde los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, una Constitución es aquél documento que garantiza los derechos y establece la división de poderes.

Las constituciones democráticas implican no solamente el establecimiento de reglas democráticas para el Estado, sino que para su aprobación se sigan también reglas democráticas. Las constituciones democráticas son documentos que surgen de la voluntad social, la soberanía proviene del pueblo y éste la deposita en la norma suprema para que sus reglas sean las que organicen el Estado. No hay pues un soberano (como individuo) previo ala Constituciónque otorgue, pacte o imponga estas reglas, es la sociedad misma quien en uso de su derecho de autodeterminación elije una asamblea que le represente para que diseñe y dé vida a un Código Fundamental de acuerdo con el cual se conducirán las relaciones de los ciudadanos (que no súbditos) frente al poder público, así como las reglas de acuerdo con las cuales éstos se organizarán y funcionarán.

Desde su origen, el constitucionalismo norteamericano planteó la idea de quela Constitucióndebería ser entendida no sólo como un pacto político democrático, sino también como la norma suprema del ordenamiento jurídico, a partir de la cual adquirirían validez todas las demás normas jurídicas. En México, a pesar de que nuestra Constitución se inspiró en la de 1787, esta comprensión se dio ya casi concluido el siglo XX, sobre todo, gracias a la reforma de 1994.

De tal forma que, la normatividad dela Constituciónes una garantía para nuestros derechos y libertades, así como para la democracia, el hecho de que los órganos constitucionales deban actuar exclusivamente conforme a las facultades concedidas enla Constitución. Poreso la teoría de la constitución distingue entre poderes constituidos y Poder Constituyente. Los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) parten del Constituyente, existen gracias ala Constitucióny no pueden hacer nada quela Constitucióny las leyes de acuerdo con ésta, le faculten. Así pues, los poderes constituidos están basados en la legalidad (constitucionalidad) de sus actos, en cambio el Poder Constituyente está basado en la legitimidad política de su actuación, no tiene basamento legal pues éste crea la legalidad. Es el principio del Derecho.

Entonces, el concepto de la supremacía constitucional rompe con la noción revolucionaria del gobierno absoluto de las mayorías, de la democracia mayoritaria ilimitada, de las decisiones legítimas tomadas por el cincuenta más uno.

La normatividad y supremacía dela Constituciónconsisten en su carácter de norma jurídica primaria (en cuanto al tiempo y jerarquía), en su carácter de fundadora y en su capacidad de ser una norma efectiva. De ésta forma esla Constituciónun enunciado deóntico y no una descripción de un estado de cosas. La contrafacticidad de la norma superior es una característica básica para estabilizar las relaciones de poder. La norma fundamental no es un espejo en donde deban reflejarse éstas para poder legitimarlas.

El constitucionalismo en el Priísmo:

Las normas constitucionales son vinculantes directamente para todas las autoridades (principio de legalidad). Sin embargo, la política constitucional mexicana, fundamentalmente durante los años del priísmo, comprendió ala Constitucióncomo un programa político modificable y respetado de acuerdo con la conveniencia política (excluiría el sexenio de Zedillo, pues gracias a la reforma,la Cortemexicana se convirtió en un Tribunal Constitucional). Ver en este sentido: Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario de José Ramón Cossío.

Se dice que nuestra Constitución nació con un déficit de legitimidad, pues en realidad el Congreso no había sido electo para darnos una nueva Constitución, sino para reformar la vigente. Sin embargo, a lo largo de 95 años, nuestra Constitución ha ido, poco a poco, logrando esta legitimación y es hoy nuestra norma fundamental, con todas sus plenitudes y deficiencias y debe ser respetada.

El problema del constitucionalismo mexicano del siglo XX se encontró en el fuerte presidencialismo –de hecho y de Derecho-, pues al no existir una verdadera división de poderes, el control constitucional de interpretación y producción de normas subconstitucionales, así como el de reforma, recayó en el Ejecutivo, de manera que se le concedió un enorme poder político al adecuar e interpretarla Constitucióncon ánimo legitimador. El Ejecutivo rompió el vínculo de supremacía y normatividad constitucional al no respetarlo y no tener límites para su adaptación, por ello durante varios años gozó de un enorme poder político en el orden jurídico-constitucional. La producción de normas, la aplicación y la interpretación, fueron controlados por un Presidencialismo fuerte que controló a los Poderes Legislativo y Judicial, haciendo de la Constitución una norma ordinaria que podía ser cambiada y transformada dependiendo de las circunstancias.

Hoy, a varios años de distancia del gobierno concentrado del PRI y de la supremacía del Ejecutivo por encima dela Constitución, México ha intentado avanzar hacia un constitucionalismo normativo y democrático gracias a un Tribunal Constitucional cada día más fuerte.

La Constitución, en sentido contemporáneo, no es ya el pacto político mediante el cual se reúnen las fuerzas políticas, es la norma que funda y que da origen al sistema jurídico. Es el parámetro de validez (material y formal) de todas las normas que integran el orden jurídico, también de todos los actos de autoridad, incluidos los del Ejecutivo.

Los gobiernos mexicanos (el actual y los que siguen) debe atenerse a las reglas del juego, aprender a jugar. Los juegos de la democracia constitucional requieren respeto a la ley y al pluralismo, a los derechos humanos, a la división de poderes. No como una graciosa concesión electorera, sino como una obligación para cualquier poder constituido.

¿Qué futuro le espera ala Constituciónde ’17 a unos años de su centenario? El próximo titular del Ejecutivo celebrará el 100 aniversario dela Constitución de Querétaro, sería importante que los candidatos y la candidata expresaran su punto de vista, ¿cómo ven nuestra Constitución? ¿Cómo comprendenla Constitución? Sobre todo ¿Qué entienden por Estado Constitucional?

La eficacia constitucional, la comprensión de ese vínculo de supremacía y normatividad que la Constitucióncrea es el orden constitucional que un pueblo espera, pero mientras ese pueblo no viva en Constitución y sus gobernantes no ejerzan el poder en Constitución, no habrá Constitución perfecta que asegure un Estado Constitucional Democrático. Es hora de exigir a todos los candidatos y servidores públicos su respeto irrestricto.

**El título del monarca, se lo debo a Antonio Martínez

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