Emite CNDH 30 recomendaciones por caso #Ayotzinapa

Publicado el marzo 27, 2012, Bajo Noticias, Autor MonaLisa.


* Trece de ellas, de manera conjunta son dirigidas al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

Víctor Ballinas / La Jornada / Publicado: 27/03/2012

México, DF. Al presentar la recomendación general número uno de 2012, relativa a los hechos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, sostuvo que la responsabilidad por la violación a los derechos humanos que costaron la vida a dos estudiantes recae en los dos policías ministeriales que ya están siendo procesados y sostiene que la autoría fue responsabilidad del ex procurador general de Justicia y del director general de la policía ministerial, ambos del estado de Guerrero.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 30 recomendaciones: 13 de manera conjunta al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y al gobernador constitucional del estado de Guerrero; cuatro al secretario de Seguridad Pública federal y 11 al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y dos al presidente de la Mesa Directiva de la 59 legislatura del congreso del estado de Guerrero.

El ombudsman nacional resaltó que hay responsabilidad por acciones y omisiones consistentes en la tolerancia, anuencia y deber de cuidado para que los elementos de la policía ministerial que participaron en los hechos no fueran armados, ahí hay una responsabilidad del ex procurador general de Justicia y del ex director general de la Policía Ministerial, ambos de Guerrero.

Plascencia Villanueva acusó de que a los estudiantes detenidos se les torturó y se falsearon declaraciones. Hubo detenciones arbitrarias y tratos crueles y denigrantes en el operativo que se efectúo el 12 de diciembre de 2011, en total fueron 42 detenciones arbitrarias. A 24 personas se les golpeó con manos, pies, palos y toletes y se les llevó a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia donde se les trató de manera indignante.

El presidente de la CNDH denunció que elementos de la Policía Federal, de las policías estatales y ministeriales que participaron en el operativo del 12 de diciembre en Chilpancingo realizaron acciones y omisiones en perjuicio de la investigación: alteraron el lugar de los hechos y consintieron que particulares lo hicieran.

Denunció también obstáculos a la investigación por parte del ex procurador general de Justicia del estado de Guerrero Alberto López Rosas quien proporcionó a la CNDH dos videos editados con lo que falseó la verdad, además el ex procurador sostuvo ante la CNDH que los policías ministeriales llegaron desarmados al lugar, situación que resultó contraria a la verdad ya que quedó demostrado que llegaron armados.

También, acusa que el gobernador de Guerrero demostró una conducta indolente en la atención a las demandas de los estudiantes. “Asimismo la CNDH evidenció acciones y omisiones de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal y del gobierno de Guerrero”.

Sostiene que “fueron precisamente elementos de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la policía ministerial y de la policía estatal quienes utilizaron la fuerza de manera indebida y reprimieron a los manifestantes.

Sostiene que frente al desorden generalizado que imperó en el lugar de los hechos los servidores públicos mencionados fueron omisos, negligentes e impotentes para encausar una relación pacífica con los manifestantes.

Ante el cúmulo de irregularidades observadas, destaca el ombudsman, quedó claro que los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y del gobierno del estado de Guerrero se desviaron de la obligación que asumieron al tomar protesta de sus cargos.

En las 30 recomendaciones solicita indemnización a las víctimas y familiares, que se realice un acto público en el estado de Guerrero con la presencia de las víctimas y se ofrezca una disculpa institucional lo que implica el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos referidos, entre otras.

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