Piden clausurar mina Caballo Blanco por violar leyes

Publicado el marzo 16, 2012, Bajo Noticias, Video, Autor MonaLisa.


Video: Subido por theLAMindustries el 13/03/2012
15 marzo 2012 / Vanguardia
Dan a conocer un resumen de los argumentos técnicos ambientales y jurídicos para pedir la clausura del proyecto de la minera canadiense GoldGroup Mining en los municipios de Alto Lucero y Actopan


Foto: Proyecto Ambulante

Es necesaria la suspensión inmediata de las obras de exploración, la clausura de la mina Caballo Blanco y la anulación de la autorización de impacto ambiental en la modalidad de exploración (MIA de socavones) que emitió la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) delegación Veracruz (cuyo titular es Manuel Molina Martínez), expresaron integrantes de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida) al presentar en las oficinas de Profepa en Xalapa, la ampliación, con elementos de prueba como fotografías y videos, de una denuncia popular presentada a principios de febrero de 2012 en las oficinas de Profepa en la Ciudad de México y de la cual no han recibido respuesta.

Después de una conferencia de prensa en el café Tierra Luna sobre los proyectos de presas en Veracruz, en el marco del Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, dieron a conocer un resumen de los argumentos técnicos ambientales y jurídicos para pedir la clausura del proyecto de la minera canadiense GoldGroup Mining en los municipios de Alto Lucero y Actopan.

Con una manifestación, pancartas de “No a la mina Caballo Blanco”, gritos de “¡El pueblo indignado exige al delegado!”, protestaron afuera de las oficinas de la Profepa, donde entregaron la ampliación de la denuncia pero no fueron atendidos por el delegado de Profepa José Eduardo Silva Bolio.

Los denunciantes explicaron que la minera transnacional presentó un estudio de Impacto Ambiental (MIA de socavones) para sus actividades de exploración. En respuesta, la Semarnat emitió un resolutivo condicionado (en el sitio web de Semarnat, en Consulta tu trámite, bajo el número 30VE2010MD132) que le permitió ciertas actividades.

Sin embargo, expresan los demandantes, la empresa ha incurrido en violaciones flagrantes tanto a ese resolutivo como a leyes y normas aplicables. (Un resumen en video de estas violaciones a la ley en el video http://www.youtube.com/watch?v=48bjYeuqItM)
Normas como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento en materia de impacto ambiental, así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su reglamento.

Los principales hechos que denunciaron ante la Profepa, y de los cuales entregaron nuevas evidencias a la delegación Veracruz, son:
La apertura de caminos y estanques, afectando la capa forestal. Denuncian que la empresa omitió en su MIA la apertura de caminos y “declararon falsamente ante la Semarnat que utilizarían los caminos preexistentes”.
Pero la minera está metiendo maquinaria pesada y vehículos y de hecho la empresa, en reunión pública en Alto Lucero, reconoció que ha abierto nuevos caminos. Lo cual también puede verse en Google Earth (2005, 2010 y 2011) en donde las imágenes dan prueba de la deforestación bajo el dominio y operación de la GoldGroup.

Además, la MIA de Socavones omitió informar de la instalación de tanques de agua desde donde se bombea para el funcionamiento de barrenos, que tampoco fueron declarados en el documento.

Expresan los denunciantes que “la empresa dolosamente omitió declararlos pues ello implicaría una serie de trámites en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), autoridades forestales y la Semarnat para solicitar el cambio de uso de suelo pues su instalación está afectando la capa vegetal”.

La empresa viola así el resolutivo de la Semarnat que dice: “La realización de obras y actividades que no estén contempladas en la resolución así como realizar obras adicionales que no estén contempladas en el proyecto”.

Otro hecho denunciado es la generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la atmósfera”. Porque el uso de barrenos ha implicado el uso de de barrenos de diamante, que generan residuos líquidos, además de usar sustancias que la empresa nunca declaró que generaría y usaría. Usan agua y bentonita, como lubricante y estabilizador, formando lodos de perforación, sustancias que no declaró la empresa, ni está usando un manejo adecuado y debida disposición final de las mismas.

Asimismo denuncian daños a especies de flora bajo protección y atentado al equilibrio ecológico. Se trata de especies con ejemplares de hasta tres mil años de antigüedad de las especies Cycada Dioon Edule, endémica y en peligro de extinción, y Zamia Loddigesii, no endémica y amenazada, ambas en la NOM059-SEMARNAT-2010.

Han derribado ejemplares y les han dado un manejo inadecuado. Han trasladado o transplantado cícadas sin seguir los protocolos técnicos ni observar las disposiciones legales del caso. Han violado la ley que les pide una MIA para el traslado de cícadas y el resolutivo citado de la Semarnat que se los prohibe.

También denuncian que no han tramitado debidamente el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ya que la zona afectada es forestal, una sierra que tiene bosques y selvas. La empresa requería de una serie de permisos antes de afectarlos, por lo que sus actividades actuales están fuera de la ley.

No presentó un MIA para cambio de uso de suelo ante la Semarnat. No solicitó el cambio de uso se suelo forestal y no obtuvo la opinión favorable del Consejo Forestal Estatal. La autoridad competente es la Semarnat, con el apoyo del Consejo Forestal Estatal y no los presidentes municipales, quienes solamente pueden dar licencias de construcción después de verificar que cuenten con la aprobación de la MIA de Semarnat, lo que no es el caso.

Ante estas violaciones legales, los denunciantes entregaron pruebas de los hechos y con base en ellos y en las leyes correspondientes piden “la suspensión inmediata de las obras y actividades de exploración de la empresa so pena de que la propia Profepa pueda incurrir en responsabilidad por omisión y por encubrimiento.”

Además exigen la “anulación de la autorización de la MIA que emitió toda vez que la empresa violó el propio resolutivo. También debe dar parte al Ministerio Público federal porque la empresa y sus asesores han incurrido en la comisión de delitos federales al simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal.”

Entregaron la ampliación de la denuncia popular en la delegación de Profepa, donde pedían ser atendidos por el delegado. pero no fueron recibidos porque “estaba en una reunión”.

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