Arbitrarias, las detenciones de normalistas, acusan ONG

Publicado el enero 9, 2012, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

Eugenia Jiménez/ Milenio noticias/ 09 enero 2012/

* La CNDH presenta hoy su informe sobre el caso Ayotzinapa y el ombudsman dijo que las policías (federal, estatal y ministerial) no se coordinaron y además alteraron la escena del enfrentamiento.

* Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y negar una defensa apropiada son violaciones de derechos humanos que organizaciones civiles documentaron durante el operativo de Ayotzinapa, Guerrero, el pasado 12 de diciembre, donde fallecieron dos estudiantes.

Previo al informe que presentará hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las organizaciones Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y la Red Guerrerense de Derechos Humanos Morelos, entre otros, responsabilizaron al gobernador guerrerense, Ángel Aguirre, de las violaciones contra los normalistas, porque en septiembre pasado se habían reunido con él y le entregaron sus demandas, pero “no hizo nada”.

El informe de la CNDH señalará que no existió una coordinación entre las tres policías que participaron (federal, estatal y ministerial) y que los responsables de alterar el lugar de los hechos son policías de los tres poderes, explicó el ombudsman Raúl Plascencia, a Carlos Puig en MILENIO Tv.

El informe preliminar —como lo llaman las organizaciones civiles— establece que se dio uso desproporcionado de la fuerza pública frente a una protesta social protagonizada por jóvenes estudiantes, negligente e inadecuada, que derivó en el empleo innecesario de la fuerza letal contra los normalistas de Ayotzinapa.

En los hechos 24 personas fueron víctimas de detención arbitraria y llevadas a los separos de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero.

Destaca el caso de 10 jóvenes estudiantes que ante los organismos de derechos humanos refirieron ser alumnos de la carrera de economía y del Tecnológico de Chilpancingo, quienes fueron detenidos tiempo después de los hechos, cuando transitaban por el lugar en que éstos ocurrieron al no poder pasar por la cinta asfáltica los vehículos que tripulaban.

Al realizar las entrevistas con los detenidos, los organismos de derechos humanos señalan que constataron lesiones principalmente en ocho estudiantes de Ayotzinapa, quienes a “simple vista presentaron lesiones graves visibles, cuya naturaleza no puede explicarse a partir
de las maniobras propias de la sujeción”.

“Estoy abierto al diálogo”

El gobernador Ángel Aguirre Rivero dijo desconocer los avances sobre la investigación del caso de los estudiantes de Ayotzinapa, pero afirmó que acatará la resolución que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En una gira por la región de la Costa Chica, reiteró que todos los servidores públicos de su administración tienen que permanecer de tiempo completo, sin claudicar a la verdad histórica sobre los responsables de la muerte de los dos estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, el 12 de diciembre de 2011.

Declaró que la única reunión que ha mantenido con la dependencia federal fue en la del requerimiento que se le hizo.

“Les reiteré mi deseo, mi interés, de que cualquier cosa que se considere insuficiente, pues que nos la hagan saber”, indicó.

Aguirre Rivero dejó claro que está abierto al diálogo con los estudiantes; destacó que su mayor interés es que vuelvan a retomar las clases y no pierdan el año escolar.

Expresó que es el más interesado en la entidad para que se aclaren los hechos del 12 de diciembre, en donde perdieron la vida dos estudiantes y recientemente un empleado de gasolinera.

Botean en la Autopista del Sol

Estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa instalaron un retén informativo en la salida norte de Chilpancingo, se apoderaron de una camioneta propiedad de la Secretaría de Salud y durante su permanencia en el lugar se registró un accidente automovilístico por alcance, en uno de los coches involucrados viajaban dos bebés de 11 meses.

Los manifestantes repartieron volantes relacionados con el movimiento que impulsan desde el 12 de diciembre, cuando fueron desalojados por tres corporaciones policiacas y murieron dos de sus compañeros”: Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Además, cerca de mil 300 personas las que llegaron procedentes de cuatro puntos cardinales de este destino turístico y los que participaron en la procesión por la paz, convocada por la arquidiócesis de Acapulco.

En tanto, funcionarios del gobierno del estado, transportistas, empleados estatales y municipales del sector salud, líderes de colonias, taxistas, restauranteros, comerciantes y un regidor, agrupados en el Movimiento Ciudadano por un Mejor Guerrero, expresaron su respaldo al gobernador.

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