Organizaciones civiles denuncian abusos “sin precedentes” en #Guerrero

Publicado el enero 4, 2012, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

[Tania L. Montalvo/ CNN México/ 04 enero 2012/]

* Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron tratos crueles de los policías a los estudiantes que protestaron en Guerrero

* En la protesta de estudiantes normalistas de Ayotzinapan del 12 de diciembre pasado, se cometieron violaciones a los derechos humanos “sin precedentes en los años recientes”, concluyeron organizaciones civiles que presentaron un informe preliminar sobre los hechos.

Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tratos crueles, violaciones a la integridad personal, obstaculización del derecho a una defensa adecuada y tortura; son algunos de los delitos cometidos por autoridades estatales y federales, según el reporte de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

La manifestación ocurrió el pasado 12 de diciembre cuando los estudiantes bloquearon la Autopista del Sol, la carretera federal que comunica al Distrito Federal con el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Un grupo de 300 normalistas protestó contra el gobierno estatal para exigir atención a un pliego petitorio que incluía incremento de la cuota diaria de alimentación por estudiante, mejoras de infraestructura en el plantel, aumento de la matrícula, revisión del promedio aprobatorio de primer ingreso y becas para las y los egresados, según el informe.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal, estatal y ministerial para evitar el bloqueo, lo que derivó en la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por arma de fuego.

Las organizaciones civiles denuncian que además 24 personas fueron detenidas arbitrariamente, de las cuáles, 15 no participaron en la manifestación de normalistas, pero fueron aprehendidos por estar en la zona.

Entre los detenidos estaba Gerardo Torres Pérez, estudiante de la Normal de Ayotzinapa que declaró que “fue amenazado, lo desnudaron, mojaron todo su cuerpo, y posteriormente lo golpearon en la espalda, costillas y cara, para que se autoincriminara y aceptara haber estado en posesión de un arma de fuego.

Eespecíficamente, para que acotara haber empleado un arma AK 47 el día de los hechos. Para este fin, sus captores incluso lo trasladaron a Zumpango, al norte de la ciudad de Chilpancingo, donde le obligaron a disparar un arma para impregnar sus manos con pólvora”, cita el reporte dado a conocer por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).

Las organizaciones civiles aseguran que “prácticamente todos los detenidos presentaban lesiones” y que se negó que los detenidos fueran asesorados por abogados de su confianza.

“La respuesta centrada en el uso desproporcionado de la fuerza pública frente a una protesta social protagonizada por jóvenes estudiantes, por negligente e inadecuada, derivó en el empleo innecesario de la fuerza letal en contra de los normalistas de Ayotzinapa”, concluye el informe preliminar.

La publicación del reporte coincidió con la toma de tres estaciones de radio de Chilpancingo, capital de Guerrero, por parte de estudiantes normalistas que exigieron esclarecer el homicidio de sus compañeros durante la manifestación del 12 de diciembre pasado.

Los normalistas anunciaron que trasladarán su protesta s a la capital del país y a otras entidades de la República para que la sociedad conozca de la falta de resultados al pliego petitorio entregado al gobierno estatal, informó Notimex.

El pasado fin de semana se confirmó una tercer víctima por los disturbios en la Autopista del Sol, pues falleció Gonzalo Miguel Rivas Cámara, quien intentó apagar el fuego de una bomba despachadora de gasolina a la que se le prendió fuego durante la protesta.

Los estudiantes han acusado al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, de ordenar una represión violenta mientras continúa la investigación de los hechos entre la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Justicia de Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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