#Puebla: Indígenas de Pahuatlán cumplen 2 años tras la cárcel por defender el uso del agua

Publicado el diciembre 21, 2011, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

Arturo Alfaro Galán / La Jornada de Oriente / 21 diciembre 2011/.

* El próximo 13 de enero los dos indígenas nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, de la comunidad de Atla en el municipio de Pahuatlán, cumplirán dos años encarcelados injustamente por defender el acceso libre y gratuito al agua para toda su comunidad, luego de que el amparo que debe resolver el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Puebla “está detenido”.

Andrés Díaz Fernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante legal de los dos indígenas, informó que el proceso de amparo –iniciado el pasado 27 de octubre ante la Primera Sala en Materia Penal del TSJ– encontró su principal obstáculo en la notificación que deben realizar las autoridades judiciales al demandante, quien actualmente vive en la comunidad de Atla en Pahuatlán.

“Parece que no hay quien notifique la resolución de amparo al demandante, con el fin de que pueda decir algo y sea turnado a un magistrado del Tribunal para que pueda resolverse de una vez por todas. Esperamos que los primeros meses del año entrante tengamos una absolución de la autoridad, porque hasta el momento no han podido demostrar la culpabilidad de los José Ramón y Pascual”, acotó en entrevista.

Díaz Fernández puntualizó que los dos indígenas fueron detenidos el 13 de enero de 2010, condenados a seis años con 10 meses por la presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo calificado, lo cual nunca sucedió.

“Es un delito fabricado por su activismo, por su defensa del agua. Lo increíble es que esto siga sustentándose ante el Ministerio Público, ante el juez penal y ahora sólo nos resta esperar el dictamen que emane de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, donde ya se interpuso un amparo”, acotó el representante legal.

El caso de José Ramón y Pascual, defensores comunitarios del agua, es emblemático porque representa a las y los defensores de derechos humanos que buscan beneficiar a toda la comunidad y no a intereses sectarios de un grupo caciquil, encabezado por la familia Aparicio Gómez de la comunidad de Atla en Pahuatlán.

De acuerdo con Andrés Díaz, miembros del grupo caciquil fabricaron el delito de robo de vehículo con base en declaraciones falsas de un denunciante y dos testigos, por lo que pese a las irregularidades latentes en el expediente penal, José Ramón y Pascual fueron condenados injustamente, violentándoseles sus derechos humanos garantizadas en la Constitución.

Antecedentes

En 2008, José Ramón Aniceto y Pascual Agustín fueron electos como presidente auxiliar y juez menor de paz en Atla, una comunidad en Atla en Pahuatlán, donde lograron hacer efectivo el acceso al agua potable para todas las familias que integran la comunidad, mediante la repartición gratuita de tomas de agua, revirtiendo de esta manera el abuso físico y económico al que había sido sujeta la población por parte de las personas que controlaban el proyecto hídrico de la zona, encabezadas por Cristóbal Aparicio Gómez.

De acuerdo con el expediente de los dos indígenas, el 22 de octubre de 2009 Abraham Aparicio –hijo de Cristóbal Aparicio– intentó atropellar a José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, junto a un grupo de jornaleros que terminaban de realizar sus labores en el campo. Sin embargo, al no culminar su objetivo, Aparicio se dio a la fuga abandonando su camioneta en el lugar de los hechos, la cual fue trasladada a la comandancia del Atla.

Cinco días más tarde, los dos indígenas y Abraham Aparicio firmaron un convenio donde el agresor se comprometió a pagar 3 mil 500 pesos a favor de la comunidad por las agresiones hacia José Ramón y Pascual y declinarse a proceder penalmente contra ellos.

Sin embargo, en noviembre de 2009 el padre del agresor, Cristóbal Aparicio, denunció a los dos indígenas por el supuesto robo de su vehículo, ocurrido el 27 de octubre de 2009, por lo que el agente del Ministerio Público consigna la averiguación previa 71 / 2009/ ERVT/HUAU, para más tarde ordenar la aprehensión de los dos acusados.

Actualmente José Ramón Aniceto y Pascual Agustín están recluidos en el penal de Huauchinango, purgando una sentencia de seis años 10 meses y 20 días, la cual fue modificada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia, cuya instancia ratificó la sentencia.

Irregularidades y vicios

De acuerdo con los representantes legales del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “las irregularidades en las que incurrieron el juez de primera instancia y los magistrados, iniciaron con el incumplimiento de facilitar un intérprete oficial que les permita comprender en su lengua la naturaleza del juicio, además de las contradicciones severas que existen en las demandas”, las cuales han sido consideradas como “datos accidentales” por los jueces.

Andrés Díaz detalló que existen contradicciones graves en el expediente, tales como que Cristóbal Aparicio afirma que primero fue amagado con un arma y después que fue lesionado –lo cual tiene relevancia pues los testigos de cargo afirman que no vieron ningún arma, pero sabían que las llevaban consigo–; además, tales armas no han sido localizadas. “Hay serias inconsistencias en la parte acusadora de dichos posteriores que se contradicen y corrigen, ante estos, los jueces se limitaron a decir que no tienen relevancia”, afirmó.

Con relación al conflicto que dio lugar a las acusaciones y que –según el representante legal– consiste en las afectaciones al grupo caciquil por un acceso gratuito al agua en beneficio de la comunidad, los magistrados de la Primera Sala en Materia Penal del TSJ afirmaron que esto es insuficiente para originar odio. “Esta forma de pensar revela el desconocimiento del contexto histórico social del problema del reparto inequitativo del agua en Atla y que encubre las causas que dieron origen a las agresiones contra las autoridades comunitarias”, señaló.

Incluso, Díaz Fernández apuntó: “no es posible que los magistrados otorguen mayor credibilidad a las declaraciones contradictorias del acusador sin apreciar las pruebas aportadas por José Ramón y Pascual”.

Ante ello, el defensor de los dos indígenas nahuas consideró que es grave que no se haya respetado el principio constitucional de presunción de inocencia y se afirme que los testigos de José Ramón y Pascual fueron “aleccionados” porque se presentaron varias semanas después de los hechos.

“No existió nunca un delito para mantenerlos en la cárcel. José Ramón y Pascual son dos personas inocentes, víctimas de un sistema de justicia penal que violó sus derechos humanos y otorgó, sin fundamento, valor a las débiles acusaciones que se hicieron en su contra, motivadas por el grupo caciquil de Atla”, finalizó Andrés Díaz, quien exigió que el caso sea resuelto con los más altos estándares de protección y garantía de los derechos humanos, a fin de que se haga justicia.

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