Washington: factor de naufragio

Publicado el diciembre 12, 2011, Bajo Nacional, Noticias, Autor @gabriel_Mzuma.

Editorial La Jornada/ 12 diciembre 2011.

La vocera del Ejecutivo federal, Alejandra Sota, afirmó ayer que el gobierno mexicano desconocía las operaciones de lavado de dinero realizadas por la dependencia estadunidense de combate a las drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y que fueron dadas a conocer el fin de semana antepasado por The New York Times. A partir de esa revelación, ha salido a la luz que, desde 1984, agentes de la DEA han trasladado millones de dólares a través de la frontera común y han depositado el dinero en cuentas indicadas por narcotraficantes o en cuentas propias, con el pretexto de investigar cómo mueven el dinero las organizaciones criminales. Según el subsecretario de Justicia, Ronald Weich, tales operaciones encubiertas están en curso.

Al referirse a las revelaciones, la embajada estadunidense en esta capital aseguró, en un comunicado emitido el martes pasado, que por años hemos estado trabajando de manera colaborativa con el gobierno de México para luchar contra el lavado de dinero, agregó que la DEA trabaja con autoridades mexicanas para obtener y utilizar información sobre las organizaciones criminales para luchar contra las amenazas que éstas representan para nuestros países, y abundó que la cooperación está basada en principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto por la jurisdicción de cada país. Ese mismo día, el ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero dijo que cuando ejerció ese cargo no tuvo conocimiento sobre las operaciones referidas.

Lo dicho ayer por Alejandra Sota confirma que una de las partes miente en lo referente a este episodio: o bien las autoridades del país vecino realizaron las acciones de contrabando y lavado de dinero sin informar a sus contrapartes mexicanas, o bien éstas tuvieron conocimiento de tales prácticas y ahora lo niegan.

Si ha de darse crédito a lo dicho por la portavoz, el gobierno mexicano se encuentra ante una doble y gravísima afrenta: por una parte, la delegación diplomática estadunidense en nuestro país habría desinformado a la opinión pública nacional al aseverar que las autoridades nacionales estaban al tanto de ese peculiar operación de lavado de dinero; por la otra, y mucho más grave, lo dicho por Alejandra Sota implicaría que, si han actuado al margen de acuerdos bilaterales y de marcos específicos de cooperación, hay funcionarios de un gobierno extranjero que han estado cometiendo, a espaldas del mexicano, delitos claramente tipificados por las leyes del país y que deben ser perseguidos de oficio.

El asunto no es menor si se considera que las acciones de la DEA, al igual que el trasiego de armamento de alto poder destinado a cárteles mexicanos realizado por la oficina estadunidense de control de alcohol, tabaco y armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés), han fortalecido, objetivamente, al margen de sus supuestos propósitos, a la delincuencia organizada que opera en el sur del río Bravo, en una circunstancia en la que la administración calderonista dice cifrar su principal empeño en derrotar a esa delincuencia y en contrarrestar la violencia, el descontrol y la zozobra que se abaten sobre el país por causa de ella.

Más aún, si se desea evitar un colapso en la credibilidad de la estrategia oficial de seguridad pública y combate a la delincuencia, no sólo es necesario que el Ejecutivo federal inicie las averiguaciones pertinentes y actúe penalmente contra los extranjeros involucrados en ambas actividades, sino que además tendría que llamar a consultas al embajador mexicano en Washington, presentar una nota formal de protesta ante las autoridades del país vecino e incluso revisar su participación en instrumentos de seguridad y colaboración policial, como el Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida, habida cuenta de que tales convenios se revelan, a la luz del contrabando de armas realizado por ATF y el lavado de dinero efectuado por la DEA, como oprobiosas expresiones de simulación. De otra forma, se quedaría sin asideros el pregonado empeño de la administración calderonista en el restablecimiento indiscriminado y sin excepciones del estado de derecho.

En suma, vuelve a quedar claro que la colaboración de Estados Unidos en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada no sólo no contribuye a esos objetivos sino que vulnera la soberanía nacional de manera intolerable y constituye uno de los factores de naufragio para la estrategia oficial de seguridad pública.

COMENTA TAMBIÉN SIN FACEBOOK: