Pronunciamiento de la Campaña Nacional contra la Desaparición forzada en México en el Día Internacional de los Derechos Humanos

Publicado el Diciembre 11, 2011, Bajo Derechos Humanos, Autor MonaLisa.

Ciudad de México a 10 de diciembre del 2011
En el 63 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos y ante el fin de un año lleno de violencia y violaciones a derechos humanos, la Campaña Nacional contra la Desaparición forzada hace un recuento y manifiesta lo siguiente:

La Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada nació el 30 de agosto del 2010. Debido al incremento de las desapariciones forzadas en el país, durante este tiempo hemos realizado actividades tendientes a exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en el país, y acciones de sensibilización y concientización que permitan hacer patente la sistematicidad de las desapariciones forzadas en México y, con ello, contribuir a erradicar este crimen de lesa humanidad.

La desaparición forzada de personas es una práctica de Estado, que en nuestro país se ha practicado de manera recurrente. En los años recientes, en el marco de esta guerra de supuesto combate al narcotráfico, en el país, se han cometido más de tres mil casos de desapariciones forzadas, y terriblemente se habla de que esta cifra podría ser mayor, sin embargo, debido a la gravedad de la situación y ante la falta de voluntad del gobierno para crear un registro nacional de personas desaparecidas, la cifra exacta se desconoce. Esto aunado a que muchas de las desapariciones no se denuncian por el miedo y las represalias de las mismas autoridades. Por lo que podrían ser cientos de casos más, los que permanecen en el silencio.

Durante estos últimos cinco años, las desapariciones forzadas se han incrementado alarmantemente, como campaña hemos documentado del 2005 a la fecha 28 casos de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos, 2 casos de miembros de grupos insurgentes y 31 casos de desaparición forzada de ciudadanos comunes, todos ellos en total impunidad, como el resto de los casos en el país. La desaparición forzada en el contexto de militarización y paramilitarización en el que nos encontramos es una estrategia dirigida no solo en contra del movimiento organizado, sino que se ha convertido en una política de Estado que puede afectar a cualquier persona, como lo hemos visto recientemente.

En estos cinco años de guerra de Felipe Calderón la violencia, las agresiones y criminalización hacia las y los defensores derechos humanos, son el pan de cada día, los casos más recientes y lamentables; el asesinato del señor Nepomuceno Moreno, integrante del movimiento paz con justicia y dignidad, defensor de derechos humanos que exigía la presentación con vida de su hijo desaparecido, el ataque a Norma Andrade, cofundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien recibió cinco balazos y se encuentra delicada de salud, además de una serie de amenazas que sigue recibiendo en su contra y en contra de su familia, la desaparición y posterior asesinato de comunero Trinidad de la Cruz. Estos actos de extrema violencia y criminalización de las y los defensores en México, evidencia que el pretexto idóneo de este gobierno ha sido desatar esta guerra supuesta contra la delincuencia organizada, para cometer los actos más violentos en contra del pueblo.

La Guerra no ha traído más que asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, desplazamiento forzado, niños huérfanos, angustia y sufrimiento a miles de familias. Hoy en este contexto, el exigir nuestro derecho a la verdad y la justicia, y el respeto a nuestros derechos humanos en general, es algo que cuesta muy caro, nos cuesta la vida.

Esta guerra no es que sea fallida o que se haya salido de control, simplemente, no ha sido dirigida a combatir al narcotráfico, sino más bien ha sido enfocada a criminalizar y controlar a la población, una población que confundida y con miedo es fácil de ser persuadida y sometida.

Los hechos son evidencia de lo que realmente vivimos todos los días, una estrategia de la violación a los derechos humanos, la cual se hace más tangible, con el hostigamiento y criminalización en contra de quienes defendemos los derechos humanos.

Como Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada manifestamos nuestra preocupación por la situación de peligro en la que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos y en particular los familiares de los detenidos desaparecidos en el país, defensores de derechos humanos, que por luchar por la presentación con vida de sus seres queridos, exigir verdad y justicia están siendo asesinados.

Nos pronunciamos por que en el país exista un respeto real a los derechos humanos, así como también exigimos al estado Mexicano la implementación de un mecanismo efectivo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos.

Por último, como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada reiteramos nuestras exigencias al Estado mexicano:

1. Que el Estado presente con vida a todas y a todos los detenidos desaparecidos de ayer y de hoy.

2. Que el Estado, con participación activa de la sociedad, promulgue una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas y contemple, así mismo, medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, incluyendo a las víctimas indirectas;

3. Que el Estado reforme el Código Penal Federal y los códigos penales estatales para armonizar el tipo penal de desaparición forzada a lo que dicta la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU.

4. Que el Estado reforme la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada;

5. Que el Estado asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el período llamado “guerra sucia”, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar la satisfacción de las expectativas de justicia transicional en el país y el combate a la impunidad.

6. Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de cualquier persona a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;

7. Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como las amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de personas desaparecidas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;

8. Que el Estado establezca un protocolo de investigación, documentación y cooperación de carácter urgente que dé respuesta inmediata a los casos de personas reportadas como desaparecidas, que contemple la coadyuvancia de los familiares y sus organizaciones en los casos necesarios

9. Que el Estado establezca un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas – cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil –, a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación;

10. Que el Estado implemente una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, así como de un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada.

11. Que el Estado establezca protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito;

12. Que el Estado destine mayores recursos a la capacitación y contratación de personal calificado, así como recursos y herramientas especializados para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y establezca un fondo de contingencia social para las familias que queden en el desamparo;

13. Que el Estado sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública;

14. Que el Estado reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada CIPPDF, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada.

15. Que el Estado cumpla de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en que se condena a México por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los Poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales.

16. Que el Estado acepte las recomendaciones del Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTSDFI) de la ONU.

Por la Presentación con vida de los desaparecidos. Juicio y Castigo a los Responsables.

De la coordinación de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada

Comité Cerezo México, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Monseñor Romero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C., Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.

desaparecidos.presentacion@gmail.com

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