Red corrupta en el ISSSTE

Publicado el julio 15, 2011, Bajo Noticias, Autor MonaLisa.


Lilia Arellano / Estado de los ESTADOS / Periódico: Por Esto! / 15 julio 2011

“Equivocarse es humano, perseverar voluntariamente en el error es diabólico”.-
San Agustín

El enfrentamiento entre Felipe Calderón, quien utiliza ahora como testaferro a Miguel Ángel Yunes Linares, contra la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, va a dejar muchas víctimas y daños en el camino, no sólo por los cuantiosos recursos del erario que se han desviado de las arcas del ISSSTE, la Lotenal y la SEP a los cofres del PANAL, sino porque esta batalla se inscribe en la guerra a muerte por la Presidencia de la República, pues no hay que olvidar que todo parece indicar que la franquicia política de “la maestra” chiapaneca, que tanto le sirvió a los panistas en el 2006 para realizar un fraude electoral totalmente documentado, estará ahora al servicio del PRI y su candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto.

La última escaramuza entre panistas y panalistas se extendió hasta la Procuraduría General de la República y el Congreso de la Unión: ante la PGR, donde diputados federales y locales del PRD presentaron una denuncia contra la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, y el Partido Nueva Alianza (Panal), como consecuencia de las declaraciones y acusaciones del ex director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, en el sentido de que la chiapaneca le solicitó 20 millones de pesos mensuales para financiar a su instituto político. Los legisladores exigen que se investiguen las posibles afectaciones al instituto por estos hechos, así como los presuntos desvíos de recursos públicos en la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde Fernando González, yerno de Gordillo, despacha como subsecretario, y en la Lotería Nacional (Lotenal), donde funge como director general Francisco Yáñez, allegado a la maestra.

Al mismo tiempo, durante la comparecencia del director del ISSSTE, Jesús Villalobos López, legisladores de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados le cuestionaron que persista la corrupción en el instituto, que se ha documentado independientemente del escándalo ventilado por el ex titular, Miguel Ángel Yunes, y le exigieron su renuncia, mientras que a las afueras del Palacio de San Lázaro, integrantes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos demandaron una auditoría a la dependencia, para aclarar el desvío de recursos hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y “más y mejores consultas de especialistas”.

La fracción parlamentaria priísta pidió también una auditoria al instituto en los primeros cuatro años de la administración de Felipe Calderón; el petista Gerardo Fernández Noroña demandó la remoción del funcionario; mientras que la bandada del PVEM, a través de Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública, destacó que uno de los focos de corrupción en el ISSSTE es su agencia de turismo.

Escudero resaltó que como resultado de las auditorías que se practicaron al ISSSTE, se reveló que TURISSSTE firmó contratos directos por más de mil 200 millones de pesos para los festejos del Bicentenario. También subrayó que si bien Villalobos no designó a la directora de TURISSSTE, Rosana del Carmen Ortega Rivas, sí la mantuvo en el cargo. Escudero cuestionó a Villalobos: “¿quién protege esta red de corrupción que opera sin vergüenza ni pudor alguno? ¿No le da vergüenza saber que enfrente de usted se comete esta corrupción? Usted debió haberla removido del cargo”.

Hasta la amistad de Villalobos con Miguel Ángel Yunes fue cuestionada por los legisladores del PANAL. En medio de la comparecencia, el diputado Roberto Pérez de Alba, ex dirigente de la Sección 37 del SNTE en Baja California, se puso de pie para mostrar una fotografía en la que el ex candidato del PAN al gobierno de Veracruz, en playera y short, abraza a una mujer. “Esta señora es la delegada del ISSSTE en la zona norte y, curiosamente, su hermana es la directora del TURISSSTE”.

Villalobos se defendió señalando que en los últimos años se han contabilizado 7 mil 467 procedimientos de fiscalización y 551 empleados han sido inhabilitados. El funcionario entregó una caja de plástico transparente con documentación que, dijo, incluye más de mil cuentas por liquidar certificadas y de los procesos de licitación que amparan el ejercicio de la ampliación del presupuesto por ocho mil millones de pesos. Precisó que de 2007 a 2011 se han ejercido 591 mil millones de pesos, de los cuales 58 por ciento se destina al pago de pensiones, y del restante 42 por ciento, el 84 por ciento se va al pago de salarios de médicos y otro personal. De las causas del deterioro del ISSSTE y sus servicios no habló.

RECULA CALDERON ANTE SCJN

Al no poder sostener sus acusaciones e insinuaciones en torno a la corrupción en el seno de las instancias judiciales, luego de la liberación del ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, Felipe Calderón corrigió sus críticas, vertidas principalmente durante el diálogo con la sociedad civil en el Castillo de Chapultepec. Ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, calificó ahora de “profesional e íntegro” al Poder Judicial y, además, se comprometió a informar al Consejo de la Judicatura Federal “aquellos casos” en los que cuente con información sobre actos y conductas de sus integrantes al margen de la ley.

Durante una reunión en la residencia oficial de Los Pinos, Calderón se vio forzado a hacer dichas correcciones frente a miembros del Consejo de la Judicatura Federal y en la que también estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles. En el encuentro entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, Silva Meza reiteró al michoacano que si existiera información de posibles casos de corrupción de funcionarios judiciales federales, a los que en reiteradas ocasiones ha hecho alusión sin presentar pruebas, ésta se haga llegar a las instancias competentes del Estado Mexicano para que se proceda conforme a la ley, lo que hasta el momento no ha sucedido.

A raíz de la liberación de Jorge Hank Rhon, que fue detenido en un operativo militar por presuntamente estar en acopio de armas del Ejército, y en el que su administración, particularmente la Procuraduría General de la República (PGR), volvió a hacer el ridículo, Calderón llamó a depurar a los jueces e incluso los acusó de no tomar en cuenta las pruebas científicas presentadas por su gestión en contra del ex alcalde de Tijuana. Ahora, al carecer de fundamentos y pruebas que respalden sus acusaciones contra el Poder Judicial, el michoacano se vio obligado a reconocer el trabajo de esa instancia, la labor de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, “el profesionalismo y la integridad en el desempeño de sus funciones”, frente a Silva Meza, que ha optado por una política más abierta sobre este tipo de casos.

Un ejemplo de ello es el que se refiere a la suspensión provisional de dos jueces en materia administrativa, uno del Distrito Federal y otro de Monterrey, para someterlos a investigación, al tiempo que el secretario de uno de esos juzgados fue encarcelado por enriquecimiento ilícito. Ese último caso se refiere a la investigación contra el secretario Exiquio Martínez, del Juzgado IX de Distrito en Materia Administrativa, que se derivó de la alerta el año pasado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al Consejo de la Judicatura Federal por una operación de 14 millones de pesos en una cuenta de HSBC.

Cabe destacar que Silva Meza, quien se ha mostrado abierto al escrutinio de la sociedad con el fin de garantizar una justicia imparcial, oportuna y transparente, también impulsó un acuerdo al interior del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual este órgano podrá solicitar directamente a los bancos y demás instituciones financieras la información sobre patrimonio y operaciones de los más de 30 mil empleados adscritos a unos 600 tribunales y juzgados federales, así como de funcionarios administrativos del Poder Judicial.

Silva Meza aclaró, ante Felipe Calderón, que el Poder Judicial de la Federación cuenta con estrictos mecanismos de vigilancia y de disciplina, y le refrendó su convicción de fortalecer las relaciones entre Poderes, para que los ciudadanos cuenten con un mejor sistema de justicia federal.

EXIGEN INDAGAR VIOLACIONES

Mucha tinta habrá de correr todavía en torno a la violación de derechos humanos en el país, mientras se mantenga la ilegal e irregular guerra contra algunos cárteles de la droga. Históricas, sin duda, son las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con las cuales otorgó facultades a todos los jueces del país para que puedan tener injerencia en materia de protección a los derechos humanos y también determinar la restricción del fuero castrense para juzgar a los miembros de las fuerzas armadas en tribunales civiles.

Tras concluir el análisis y discusión de los alcances de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla, quien fue desaparecido de manera forzada por militares en 1974, ahora organizaciones no gubernamentales y Amnistía Internacional sostienen que a partir de este momento, se podrá exigir justicia en el caso de desapariciones forzadas en la denominada “guerra sucia” y en todos los casos de desaparición de personas ocurridas en el pasado y el presente. De inmediato, exigen a las autoridades mexicanas, particularmente a la Procuraduría General de la República (PGR), asumir las determinaciones de la SCJN y realizar las investigaciones debidas de las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas, en el pasado y actualmente, por las fuerzas armadas.

Organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos En México (AFADEM) demandaron a la PGR, a cargo de Marisela Morales, que de inmediato soliciten a la Procuraduría General de Justicia Militar la atracción de todos los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares que se investigan en el sector castrense.

También exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside Raúl Plascencia Villanueva, un pronunciamiento público sobre la resolución de la Corte y le demandaron que a partir de este momento no envíe ninguna recomendación por violaciones de derechos humanos a la Procuraduría General de Justicia Militar, sino a la Procuraduría General de la República.

Amnistía Internacional (AI) destacó que “es de suma urgencia que la PGR asuma su responsabilidad de abrir y avanzar en la investigación de las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas armadas y que las demás instituciones respeten esta transformación como un paso fundamental para consolidar la justicia y terminar con la impunidad”.

AI consideró que la resolución de la SCJN señala el camino para reformar el Código Penal Militar y destacó que la iniciativa presentada por la administración federal no cumple con estos requisitos al sólo excluir la desaparición forzada, la tortura y la violación de la jurisdicción y dejar la investigación inicial para determinar el delito en manos de la jurisdicción militar. Por tanto, subrayó, ese proyecto de ley debe ser modificado para excluir la jurisdicción militar de la investigación y procesamiento de cualquier presunta violación contra civiles por parte de las fuerzas armadas.

Frente a las preocupaciones de los altos mandos militares en torno a esa resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo más que ha llegado a hacer Felipe Calderón es declararse como un presidente que “vela” por la tropa, al anunciar, con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, y un grupo de banqueros, un programa de becas para 3 mil 500 hijos de soldados, marinos y policías federales para reconocer su “noble labor” al estar al frente de la línea de batalla. Sólo eso.

DE LOS PASILLOS

Dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se sigue insistiendo en construir una alianza con el PAN para enfrentar el PRI y hasta a Andrés López Obrador, pues el tabasqueño está decidido a aparecer en las boletas electorales de los comicios presidenciales del 2012, con o sin el “Sol Azteca” apoyándolo. Este jueves, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que las izquierdas solas no garantizan el triunfo en la próxima elección presidencial y apuntó que el principal reto para su partido es tener un candidato de unidad elegido bajo un método que deje satisfechas a todas las partes para evitar una fractura.

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) determinó que el caso de Mariel Solís Martínez está concluido, tras notificársele su libertad a la estudiante universitaria en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. Ante la falta de evidencias, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PJDF) se desistió de la acción penal contra Solís, quien era acusada de complicidad en el asesinato de un profesor de la UNAM. Al ser liberada, la estudiante de periodismo arremetió contra su acusador, Luis Antonio Jiménez Chávez, alias “El Sapo”: “Qué poca madre tiene… Mató a una persona valiosa, a un catedrático y de la UNAM. No se vale”.

Un artículo publicado este jueves por el diario El Paso Times asegura que la organización delictiva “Los Zetas” está contrabandeando armas de tipo militar a través de El Paso, Texas, y Columbus, Nuevo México, para proveerse en sus continuas batallas contra cárteles rivales y, “posiblemente”, para irrumpir en las elecciones de 2012 en México. El artículo está firmado por Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso.

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